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Sin juez

Desarmaderos: piden imputar a fiscal por incumplir deberes

El juez Suárez se excusó ayer de seguir interviniendo en la causa de los 23 allanamientos, luego que el Ministerio de Seguridad de la Nación presentara un pedido de jury de enjuiciamiento en su contra.


El juez José Luis Suárez se excusó ayer de seguir interviniendo en la causa desarmaderos, luego de que el martes pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación presentara un pedido de jury de enjuiciamiento en su contra, trascendió en Tribunales. A la vez, los abogados de tres de los desarmaderos allanados el pasado 20 de agosto afirmaron que pedirán la imputación del fiscal Sebastián Narvaja por incumplimiento de deberes, dijeron voceros judiciales.

El juez Suárez se excusó ayer de seguir interviniendo en el caso por los 23 allanamientos que llevaron adelante la Fiscalía Regional y la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, tras los cuales se afirmó haber detectado 20 mil piezas con irregularidades: no tenían pegado el sticker que prevé la reglamentación del Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (Rudac). Esas piezas quedaron en las chatarrerías donde habían sido individualizadas.

Suárez sostuvo que, ante el conocimiento de que existe un pedido de jury por su actuación en este legajo, lo que afecta su ánimo y por lo tanto su imparcialidad y suficiente objetividad de criterio que se requiere para evaluar las pretensiones traídas a consideración, decidió excusarse de seguir interviniendo.

Ganón contra fiscalía

El titular del Servicio Público de la Defensa provincial, Gabriel Ganón, cuestionó el pedido de jury contra el juez José Luis Suárez y anunció una colecta de firmas en defensa del magistrado. “Es descabellado el pedido de enjuiciamiento al juez Suárez porque no existe delito”, dijo Ganón a LT8, y añadió: “Como lo ha manifestado el magistrado en sus declaraciones públicas, acá no había imputación para ninguna persona luego de que había pasado un tiempo prudencial, por lo cual es absurdo mantener la medida cautelar sin que exista una persona imputada y delito acusado”. Cerró el funcionario: “Lo disparatado del caso es que después de que se pide una clausura, y se otorga, se quiera mantener sin que los fiscales hayan podido desentrañar qué delitos les van imputar a esas personas y por qué se va a extender la medida cautelar”.

Nuevo sorteo

Para ayer estaba prevista una audiencia pedida por los abogados de los dueños de tres firmas, Adrián Ruiz y José Ferrera, que no se realizó. Es que tras conocerse la decisión de Suárez se efectuó un nuevo sorteo en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) para designar otro magistrado, lo que recayó en la jueza Raquel Cosgaya. Pero como esta funcionaria fue la que firmó las órdenes de allanamiento, hasta ayer no estaba claro si iba a decidir continuar o no en esta causa. Tampoco se conoció la postura de los defensores, ya que bien pueden presentar un pedido de recusación. Estos abogados pretenden que la Fiscalía Regional devuelva la documentación incautada a sus clientes para que estos puedan seguir trabajando. Y entienden, dijo una fuente judicial, que existen elementos para imputar por incumplimiento de deberes al fiscal Narvaja.

La principal objeción de la Fiscalía de Delitos Económicos al juez es haber levantado la clausura de los desarmaderos, cuando estos habían sido clausurados por vía administrativa, o sea a través de la mencionada dirección nacional. Por su parte, el juez entendió que, al no haberse formulado acusación alguna, los fiscales debían devolver la documentación. Para Suárez, tras el operativo se había dispuesto una clausura preventiva a fin de cautelar la prueba, pero la Fiscalía no había tomado decisión alguna sobre lo secuestrado. Por ello, consideró que “el mantenimiento de esta clausura era arbitrario, porque el motivo por el que se habían clausurado era para preservar las autopartes y la documental que se había encontrado irregular, para que el fiscal pudiera disponer de las autopartes”. Así, el magistrado revocó la cautelar, decisión que hizo extensiva al resto de los desarmaderos allanados, y le dio un plazo de un día al fiscal Narvaja para que “disponga de estos elementos cautelados y determine el destino que le asignará”. La Fiscalía apeló el martes pasado ante la Cámara Penal, la misma jornada en que se conoció la presentación del pedido de juicio político contra Suárez ante la Corte provincial.

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