El defensor general de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, presentó anteayer una denuncia contra efectivos de la seccional 12ª, integrantes de la Policía de Acción Táctica y personal del Comando Radioeléctrico por abuso y torturas policiales ocurridas en el barrio Ludueña contra un menor y su familia como así también sobre integrantes de la agrupación social El Caleidoscopio. Los agentes persiguieron al menor, se metieron sin orden en la casa de su tía, golpearon y balearon con postas de gomas a varias personas y las detuvieron, según la defensa pública.
Las víctimas del violento suceso también requirieron constituirse como querellantes con el patrocinio letrado del defensor provincial en razón de los graves hechos que deberán ser investigados por el Ministerio Público de la Acusación, a los fines de determinar las circunstancias en que ocurrieron los mismos.
El día 06 de marzo pasado, T.M. de 17 años dejó del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar) después de que la jueza de Menores Gabriela Sansó determinara su libertad, dice un comunicado.
El chico se trasladó hacia su casa. Estando en la vereda, dos oficiales de la Policía de Acción Táctica se le acercaron y lo indagaron acerca de su identidad, al momento en que comienzan a hostigarlo y agredirlo con golpes de puño, sostiene la defensa pública. El chico escapó corriendo hacia la casa de una tía, pero lo persiguieron. Los policías ingresaron a la vivienda sin identificarse ni expresar el motivo de la intromisión.
Una vez dentro del hogar, los policías informan a su familiar que iban a llevarse detenido al joven producto de una denuncia por un robo efectuado la noche anterior. Cabe aclarar que era imposible que el menor fuera el autor del hecho pues el día previo había estado alojado en el Irar. Alertados por la situación, los familiares de T.M. exhibieron los documentos y la orden de libertad resuelta por la jueza Sansó.
En ese momento, se sumaron efectivos policiales del Comando Radioeléctrico, la Policía Comunitaria y personal de la comisaría 12ª, agravando aún más la situación. En ese marco, el hermano de T. recibió dos disparos de escopeta con balas de perdigones, ocasionándole más de trece impactos en el costado derecho de su cuerpo.
Alertados por la situación, miembros de la organización social El Caleidoscopio se acercaron para informarles a los oficiales que el joven no había sido el autor de ningún hecho de robo. Uno de ellos, de nombre G.T, solicitó a los policías que lo dejaran comunicarse con los abogados de T.M. para alertarlos sobre la situación legal del adolescente. A pesar de eso, el Jefe del Comando Radioeléctrico ordenó la detención de todas las personas que se encontraban en la zona. Mientras eso sucedía, el militante social G.T. era tirado al piso, golpeado con la culata de las escopetas policiales y esposado, denunció Ganón.
Los demás militantes de El Caleidoscopio intervinieron en el asunto pidiendo que cesen los abusos contra la tía de T.M. Aun así, los funcionarios policiales dispararon contra ellos.
De las descargas percutidas, una impactó en el abdomen de un representante social y otra restante en el brazo de otro participante de la mencionada organización barrial.
Luego de ello, T.M. junto con su padre, su tía y G.T fueron trasladados a la comisaría 12° de barrio Ludueña ubicada en la intersección de calles Solís y Casilda. Posteriormente, los varones fueron encerrados en una celda y puestos de rodillas contra la pared de la misma. Según el relato de las víctimas, ocho policías comienzan allí a amenazarlos y escupirlos. A G.T. le advierten que “si se hacía el Pocho (en referencia a Claudio Lepratti, militante social asesinado por balas policiales en diciembre de 2001) iban a hacerle lo mismo que a Pocho”, en virtud de la condición de militante social que ostenta.
Violencia institucional
“De acuerdo a los relatos y las pruebas materiales ofrecidas por las víctimas es que esta defensa pública decidió intervenir en el caso ya que se trata de un grave hecho de violencia institucional”, dijeron.
Por eso mismo, el defensor general de la provincia de Santa Fe solicitó el “cese definitivo de esta situación de violencia por parte de los policías de la comisaría 12ª, personal de las PAT, personal de Comando Radioeléctrico y la Policía Comunitaria”. Asimismo, agregaron fotografías que dan cuenta del violento e innecesario accionar por parte de los agentes policiales. La denuncia quedó radicada en la mesa de entradas del Ministerio Público de la Acusación y la investigación es llevada adelante por la fiscal Karina Bartocci, quien está al frente de la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional.
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