Edición Impresa

Debates sobre la ley 1.420

  • image1
    Cuando se sancionó la ley 1.420 en 1884 uno de cada siete chicos recibía educación.

“La escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de seis a catorce años de edad”, sostiene el artículo primero de la ley de Educación Común N° 1.420 sancionada el 8 de julio de 1884 bajo la presidencia de Julio A. Roca. La ley que garantizaba la educación obligatoria, gratuita, mixta y gradual fue la piedra basal del sistema educativo y mantiene su espíritu fundante, a pesar de los intentos de gobiernos que, como el actual, pretendieron reactivar debates superados hace más de ciento treinta años.

Esta ley fue una de las más debatidas, no sólo en ámbitos académicos, sino también en el propio Congreso de la Nación, donde defensores y detractores generaron uno de los debates más ricos del Parlamento argentino. La piedra en el zapato era el artículo 8 de la ley que establecía: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de clase”.

Este artículo intentaba limitar la influencia de la iglesia en la educación argentina, motivo por el cual algunos la consideraban como una ley “impía y tiránica” que no reconoce a Dios como “fuente de toda verdad y justicia”. “Una escuela sin Dios –decía el escritor Pedro Goyena– no servirá jamás sino para hacer bajar el nivel de la civilización”.

En la otra vereda, el escritor Eduardo Wilde, por entonces ministro de Instrucción Pública de Roca, argumentaba que Estado e Iglesia son poderes separados, y que la moral es independiente de la religión. De esta forma señalaba que “la enseñanza de una religión podría ser un inconveniente para la libre afluencia de inmigrantes”, en ese momento una de las políticas clave del Estado.

Pero la ley fue mucho más que su debate y sus orígenes deben buscarse en un momento histórico y social que puso a la instrucción en la escena pública, no sólo en nuestro país, también en el mundo. Otras de sus raíces está definida por el pensamiento de los hombres que en ese momento establecían las políticas de Estado de nuestro país.

Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los que redactó e impulsó la ley. Al momento de la sanción, tenía el cargo de superintendente general de Escuelas del Consejo Nacional de Educación. Sarmiento conocía el tema, no sólo por su desempeño como maestro, sino también porque como gobernador de la provincia de San Juan dictó en el año 1862 la ley orgánica de Educación Pública.

La norma implementó en esa provincia la educación primaria obligatoria, pero además fue el cuerpo legal por el cual se crearon escuelas de distintos niveles, el colegio preparatorio y la Escuela de Señoritas, que era la institución dedicada a la formación de maestras.

Sarmiento, que había sido enviado a Europa y EE.UU. para estudiar los sistemas educativos de otros países, sostuvo que los datos estadísticos en cuanto al grado de moralidad adquirida por los que han recibido alguna educación primaria confirman que ayuda a mejorar la condición del individuo.

Por otra parte, señalaba que los que saben leer visten de ordinario con más arreglo y aseo, tienden a adoptar el traje que pertenece a las clases superiores que ha llegado a ser hoy el distintivo sine qua non de los pueblos cultos. Además, entendía que “la concurrencia de los niños a la escuela trae el efecto moralizador de absorber una parte de tiempo, que sin ella sería disipado en la ociosidad y en abandono”.

El historiador Felipe Pigna sostiene que Sarmiento, como hombre de su tiempo marcado por profundas contradicciones, pensaba que el gran problema de la Argentina era el dilema entre la civilización y la barbarie. Como muchos pensadores de su época, entendía que la civilización era lo urbano, lo que estaba en contacto con lo europeo, o sea lo que para ellos era el progreso. La barbarie, por el contrario, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho.

Evidentemente la escuela de la 1.420 todavía no estaría vinculada con la instrucción del gaucho ni del indio, por quienes Sarmiento y la oligarquía gobernante sentían una “invencible repugnancia”

La ley de Educación Común tuvo un antecedente inmediato en el Congreso Pedagógico Internacional (al que curiosamente Sarmiento no asistió) que se realizó en abril de 1882. Fue el primero que se realizó en nuestro continente y al que asistieron representantes de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, El Salvador y Nicaragua.

Una de las particularidades de este encuentro, en que los especialistas debatieron el diseño de políticas educativas, fue la amplia repercusión que el tema generó en la opinión pública. Muy pocos debates de la época llegaron a los medios con tanto interés, y produjeron, además, un importante caudal de información especializada.

El congreso se desarrolló en momentos difíciles para la educación de nuestro país. Sobre una población de 560 mil chicos en condiciones de asistir a la escuela, sólo 80 mil recibían algún tipo de instrucción. Esta situación fue graficada por el escritor Paul Groussac cuando sostuvo: “Argentina está en la situación de un padre de 7 hijos que educa a uno solo rudimentariamente y deja a los otros en la más floreciente ignorancia”.

También describía la precariedad de las escuelas como “un cuarto, techo de paja, piso de ladrillos, pocas mesas, sin útiles”. Y señalaba que los chicos “no leen cuatro libros en su vida ni escriben cuatro cartas en el año”.

La realidad de la educación no se entiende sin su contexto histórico: el primer censo nacional del año 1869 daba cuenta de una Argentina profunda que mostraba sus peores déficits. Del millón ochocientos mil habitantes que tenía nuestro país, el 71% era analfabeto y el 75% de las familias vivía en ranchos de paja y barro. Los profesionales sólo representaban el 1% de la población. La Argentina de entonces era un país de economía rural, desigual y con amplios bolsones de pobreza que alcanzaba tanto a los adultos como los niños.

La mayoría de los chicos no tenía instrucción alguna y su quehacer diario estaba vinculado con el trabajo, la inmigración sumaba muchos niños con escaso conocimiento del idioma y, como si esto fuera poco, las escasas escuelas que existían no tenían docentes, ni alcanzaban condiciones dignas de higiene y seguridad.

La ley 1.420 marcó un rumbo que a poco de andar fue sometido a tensiones; la lucha por el control de la educación de un pueblo es un tema con profundas raíces filosóficas, ideológicas y política. Sarmiento sostenía que la instrucción de los niños era necesaria para “añadir una autoridad más a la paterna, que no siempre obra constantemente sobre la moral de los niños, lo que empieza ya a formar el espíritu a la idea de una autoridad fuera del recinto de la familia”. No hay definición más clara de la influencia de las instituciones sobre el pensamiento subjetivo. Entonces, la lucha de la educación es la lucha de las ideas, entre ellas, la de autoridad. Por eso, no hay educación sin doctrina. No hay educación sin tensión.

EDICIÓN IMPRESA

Subir

Diseño y desarrollo Departamento Sistemas Diario EL Ciudadano & La Gente