El gobierno provincial dio marcha atrás con la rescisión acordada del contrato de la autopista Rosario-Santa Fe con la ex concesionaria Arssa. A fines del año pasado, el Ejecutivo dio por terminada la concesión –cinco años antes del plazo original– con la empresa que explotaba el peaje de la autopista. Fue por las demoras de Arssa en la repavimentación integral –debía hacerlo en cinco años y en ese plazo la empresa sólo completó un tercio de los trabajos– y la cancelación anticipada del contrato se hizo de mutuo acuerdo entre el gobierno y Arssa.
Desde entonces, los legisladores de la oposición vienen señalando irregularidades en el proceso de rescisión del contrato. Hace menos de un mes, la provincia salió a refutar esas críticas que planteaban “perjuicios millonarios” para las arcas del Estado. El 30 de marzo el gobierno de Miguel Lifschitz emitió un comunicado en respuesta a diputados del PJ en el que señala que las denuncias son “imprecisiones y acusaciones infundadas”.
Sin embargo, el 25 de abril Lifschitz y el ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, firmaron el decreto número 1017 en el que se dispone revisar la rescisión de diciembre de 2016 en un plazo de 180 días, a los fines de determinar las causas de la “extinción por mutuo acuerdo”. El nuevo decreto se firmó a partir de una resolución de la Fiscalía de Estado, que aconseja analizar si existió una pérdida económica para la provincia causada por la rescisión con Arssa. El artículo 1 del decreto define la “revisión del contrato de extinción por mutuo acuerdo” con Arssa. El segundo punto encomienda al Ministerio de Infraestructura analizar en 180 días y determinar “la responsabilidad que le pueda caber a las partes y fijar eventuales “créditos o deudas”. El artículo 3 suspende por ese plazo el decreto del año pasado “únicamente en relación a la causal de extinción (mutuo acuerdo)”. Vencido ese tiempo se definirá la causa de la rescisión y la responsabilidad de cada parte.
“Teníamos razón”
“Teníamos razón”, resumió el diputado del PJ Roberto Mirabella, uno de los impulsores de la revisión de la actuación de Arssa. Según Mirabella, la decisión del Ejecutivo se basa en “las irregularidades” que denunciaron los diputados de la oposición.
“El gobernador nos dio la razón, firmó un decreto donde somete a revisión el convenio de extinción de contrato entre el Estado provincial y Arssa y encomienda en un plazo de seis meses a determinar las responsabilidades de cada una de las partes, es decir las responsabilidades de Arssa y las del Estado. También teníamos razón en que no había intervenido Fiscalía de Estado y ahora sí consideraron necesaria dicha intervención. Y la Fiscalía de Estado dice que no se logra justificar la solución a la cual se llegó, es decir de no ejecutar las garantías ni sancionar a las empresas, por lo que entonces sugiere una nueva instancia de análisis de las consecuencias económicas derivadas de la rescisión del contrato, para determinar las responsabilidades de cada una de las partes”.
Según el legislador justicialista, “está claro que se actuó mal y que en esta actuación equivocada hubo un daño y un perjuicio contra la administración pública, con cual queremos saber qué va a hacer el gobernador frente a esto, quiénes son los responsables y cómo se los va a sancionar”. En el comunicado que difundió el gobierno el pasado 30 de marzo se sostenía que antes de la firma del decreto de diciembre de 2016 “intervino la asesoría jurídica permanente del Ministerio de Infraestructura” y además “el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo posterior del acto, tal como lo está haciendo”. Para Mirabella, ahora quedó claro que la segunda afirmación no era correcta.
Un trato “irrazonable”
También la diputada Silvia Simoncini recordó que desde el bloque del Frente Para la Victoria (PJ) “se venían ofreciendo pruebas, datos e informes de las Universidades Nacionales de Rosario y del Litoral que daban cuenta de la irrazonabilidad del trato que el Ejecutivo provincial había firmado con la empresa”.
“Los estudios de la universidad –agregó Simoncini– afirmaban que la empresa obtuvo ingresos por más de 150 millones de pesos, pero sólo pavimentó el 24% de la traza y no utilizó los materiales que figuraban en el contrato, por lo que exigimos que se deje sin efecto esta polémica rescisión, que haya sanciones y que se ejecute el fondo de garantía, además de que se cancele la nueva licitación”.
“La Fiscalía de Estado observó la modalidad de rescisión, de común acuerdo, porque justamente este punto provocaría un perjuicio económico para la provincia, que debería asumir la totalidad de los costos de reparación de la autopista”, dijo Simoncini
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