Cinco policías que en 2014 revistaban en la comisaría 19ª, entre ellos el jefe de dicha dependencia, fueron condenados a penas que van entre 6 y 16 por diversos delitos. El tribunal integrado por los jueces Hebe Marcogliese, Hernán Postma y Mónica Lamperti los encontró culpables de extorsión, falsedad ideológica, allanamiento ilegal e incumplimiento de deberes. Todos continuarán cumpliendo la condena en la cárcel de Piñero salvo la única mujer del quinteto, que acaba de ser madre y cumple arresto domiciliario.
-El ex jefe de la seccional, comisario Guillermo Ruiz Díaz recibió la pena más alta: 16 años de prisión, inhabilitación especial por 10 años y absoluta por el tiempo de la condena, más una multa de 20 mil pesos. Se lo sentenció por extorsión, incumplimiento deberes de funcionario y falsedad ideológica de documento público.
-El suboficial Sebastián Farini también recibió 16 años por extorsión, allanamiento ilegal, falsedad ideológica agravada e incumplimiento de deberes de funcionario, inhabilitación especial y absoluta y 20 mil pesos de multa.
-El oficial auxiliar Víctor D’Angelo recibió 12 años, inhabilitación especial y absoluta y multa de 15 mil pesos. Era el encargado del destacamento de barrio Toba de Rouillón al 4400, dependiente de la seccional 19ª. Dieron por probados los delitos de extorsión, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público agravada.
-El suboficial principal José Antonio Galván, que cumplía tareas de chofer, fue condenado a 9 años por dos hechos de extorsión, en uno como autor y en otro partícipe secundario. También fue inhabilitado y multado con 12 mil pesos.
-La suboficial Lucrecia Bustos recibió 6 años, inhabilitaciones y multa por 10 mil pesos. Estaba embarazada al momento del inicio del juicio y continuará con arresto domiciliario. Se la sentenció por extorsión y falsedad ideológica.
Los fiscales de la unidad Delitos Económicos que llevaron adelante las acusaciones, Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack, también habían imputado dos figuras penales que al final fueron desestimadas por el tribunal: asociación ilícita y secuestro extorsivo.
Si bien hubieran agravado la situación de los acusados, las penas impuestas se consideran “importantes” en cantidad de tiempo por tratarse de delitos de menor relevancia penal que los desestimados.
Los hechos delictivos
En uno de los casos, que tuvo lugar a fin de marzo de 2014 el Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre con un arma en Espinoza y Calchaquí. Hasta allí llegaron en un móvil policial Farini y D’Angelo. Luego de proponerles a sus colegas cambiar el arma y hacer un allanamiento a la casa del arrestado, trasladaron al muchacho a la comisaría.
Farini le dio intervención al fiscal de turno, que ordenó su permanencia en la dependencia hasta el día siguiente para una audiencia imputativa. Cuando llegaron sus familiares a la comisaría le solicitaron 3 mil pesos para liberarlo. Tras el pago, Farini llamó a otro fiscal unas horas después y sin informarle que habló con su colega le contó otra historia que plasmó en el acta policial y logró la autorización del funcionario para liberarlo, sostuvo la acusación.
También en marzo de ese año y tras una balacera que dejó dos heridos en Espinillo y Seguí, que contaban con prontuario, Farini se presentó en el hospital y les dijo que vayan consiguiendo plata porque les iba a armar causas y a meter presos. Posteriormente se interiorizó de las circunstancia del ataque y obtuvo el dato de los presuntos agresores. El agente fue a la casa de uno de ellos y tras romper la puerta lo llevó detenido. Cuando su padre se presenta en la seccional, Ruiz Díaz le solicitó 30 mil pesos para su libertad, lo que se concretó.
A su vez Galván se dirigió al domicilio del otro sospechoso y al no hallarlo le dijo a su familia que junten 13 mil pesos y les dejó una nota con el nombre del comisario y un sello de la seccional para que los llamen cuando juntaran el dinero. Esta prueba fue sometida a un cuerpo de escritura y dio positivo, sostuvieron los fiscales
Unos días después Farini y D’Ángelo se presentaron en un almacén de Maradona y Campbell y le solicitaron al dueño la habilitación municipal. Como no la tenía, le pidieron 25 mil pesos para no cerrarle el negocio. Ante la negativa del hombre, lo llevaron detenido. Entonces el jefe le pidió 50 mil, pero la postura del hombre no cambió y Ruiz Díaz ordenó que Farini, D’ Angelo y Bustos vayan al local y traigan a la seccional toda la mercadería. Una vez en el comercio, Bustos le insistió a un familiar para que arreglen, lo que finalmente hicieron por 12 mil pesos y le reintegraron la mitad de la mercadería. La ausencia de habilitación fue comunicada a un juez de falta que había ordenado la devolución total de la mercadería, sostuvo Mac Cormack
El último hecho está vinculado a un auto robado que se cayó en una cuneta en la zona de Garzón al 3100. Un vecino vio como el auto se despistó y sin saber que era robado intentó ayudar. Cuando estaban sacando el auto apareció un móvil con Farini y D’ Angelo, y los ocupantes del rodado corrieron. La víctima sostuvo que lo ingresaron al auto policial y tras golpearlo lo llevaron a la seccional y le solicitaron dinero a su familia para no formarle causa, refirió la Fiscalía.
Narvaja detalló que Ruiz Díaz como jefe ofrecía un paraguas protector a partir de la producción sistemática de actuaciones que daban legitimidad a estas acciones por lo que solicitaron 20 años de reclusión, 23 de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 150 mil pesos de multa.
En cuanto a Farini y D’ Angelo la Fiscalía sostuvo que utilizaban violencia apretando, metiéndose en las casas, solicitando dinero. Al primero le solicitaron 20 años de cárcel, igual monto de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 12 mil pesos de multa mientras que para D’ Angelo la pena solicitada fue de 16 años de prisión, 10 de inhabilitación y 47 mil pesos de multa. En cuanto a los dos restantes los fiscales los sindicaron como los laderos del comisario. Para Galván pidieron 20 años de reclusión, 20 de inhabilitación y 35 mil pesos de multa mientras que para la única mujer imputada la sanción solicitada fue 8 años de reclusión, 10 de inhabilitación y 25 mil pesos de multa.
Las defensas de los imputados cuestionaron duramente la introducción de la figura de la asociación ilícita y sostuvieron que se trata de cosa juzgada ya que fue tratada durante estos dos años de instrucción en la instancia previa al juicio y rechazada por el juez. Los magistrados sostuvieron que la fiscalía solicita un encuadre sin modificar los hechos y que la calificación puede modificarse según su teoría del caso. Afirmaron que al momento de la sentencia evaluó si corresponde o no la pretensión fiscal y dispusieron pasar a un cuarto intermedio.
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