Además de una declaración que se solicitará tratar sobre tablas en la sesión ordinaria prevista para el viernes 10 de marzo, ediles de distintas fuerzas políticas acordaron una serie de medidas para acompañar el reclamo de los trabajadores.
Este martes se hizo presente en el Concejo, una comitiva de la comisión autodenominada Despedidos Encubiertos de la General Motors, acompañados por el representante legal Sebastián Sancevich.
Estuvieron presentes en la reunión los ediles Sebastián Chale y María Eugenia Schmuck, de radicales Progresistas, Eduardo Toniolli, de Partido Justicialista, Juan Monteverde y Pedro Salinas, de Ciudad Futura, Norma López, de Frente para la Victoria, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, Enrique Estévez, de bloque Socialista, Celeste Lepratti, de Frente Social y polular, Diego Giuliano, de Rosario Federal, y Roberto Rosúa de UCR-1983.
Sancevich denunció que “el acuerdo de suspensión lo realizó el sindicato Smata con la empresa y a espaldas a los trabajadores”. El abogado recordó que los empleados no fueron notificados previamente de las suspensiones, se enteraron cuando asistieron a trabajar a la planta de Alvear, algunos de ellos con 20 años de antigüedad.
Según señalaron, el 90 por ciento de los operarios suspendidos tienen alguna lesión a varias, enfermedades profesionales causadas por las malas condiciones de trabajo. Uno de los operarios contó que está operado de ambos hombros con arpones en sus tendones y tiene lesiones en codo y muñeca. El muchacho tiene apenas 32 años y no es el único en la misma situación.
“Sospechamos que las suspensiones se decidieron con la información de las carpetas médicas”, señaló otro trabajador mientras que una joven madre de una niña denunció que cuando quedó embarazada, al principio no se animó a declararlo por temor a perder el trabajo.
Durante el encuentro, los operarios relataron conmovidos los atropellos que sufren a diario a causa de las políticas de la empresa: maltratos constantes por parte de encargados, incumplimiento de medidas internacionales de seguridad laboral, condiciones de trabajo inadecuadas, entre otras.
Hasta el momento, no recibieron los telegramas de suspensión y el Ministerio de Trabajo de la Nación no está al tanto de ningún acuerdo entre la empresa y el sector sindical ni su homologación, según expresaron los operarios en la reunión.
“Juegan con la salud, la vida y la dignidad de quienes aportamos con nuestro trabajo y nuestro cuerpo para que la empresa duplique sus ganancias”, señalaron.
Medidas de apoyo
Chale destacó el espacio del Concejo Municipal para escuchar “los reclamos y pesares de los ciudadanos”. En tanto Schmuck, quien coordinó la reunión, consideró la necesidad de acordar cuáles serán todas las medidas políticas que tomará el cuerpo para acompañar a los trabajadores.
Comi propuso que se inste al gobierno provincial a condicionar la provisión de vehículos oficiales y destinados a las fuerzas policiales “a la vuelta atrás de la decisión de la empresa de suspender a 350 operarios”.
López apoyó esa propuesta y también sugirió convocar a responsables de la empresa, y a representantes de las carteras laborales nacional y provincial. Estévez consideró incorporar también a los integrantes de la comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura santafesina.
Además de una declaración y la conformación de una mesa política con los distintos actores, los ediles asistirán este jueves a la planta de Alvear para exigir una inmediata reincorporación de los operarios suspendidos.
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