La Cámara Federal de Casación Penal otorgó la prisión domiciliaria a Pedro Pili Rodríguez, un abogado de la vecina ciudad de San Lorenzo que fue condenado a ocho años y medio de cárcel común en 2013 acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. De esta manera, Pili Rodríguez engrosa la nómina de unos 50 represores que desde que gobierna Cambiemos obtuvieron el beneficio de la detención en sus hogares particulares por decisión de varios juzgados federales. Se trata de militares y policías mayores de 70 años que estaban encarcelados por sus participaciones en el terrorismo de Estado.
Rodríguez fue condenado junto a los militares retirados Rubén Cervera –que ya goza de prisión domiciliaria– y Horacio Maderna en la causa por el secuestro y torturas en 1976 contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado, militante de la unidad básica Sabino Navarro.
Si bien el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario había rechazado el pedido de arresto domiciliario elevado por el civil Rodríguez, que cumple con el requisito etario, ya que actualmente tiene 70 años, la Sala III de la Cámara de Casación Penal revocó esa decisión el 23 de agosto y la notificó ayer. Rodríguez ya gozaba de salidas transitorias.
“Su prisión quedó firme en noviembre de 2014, estuvo en el penal de Marcos Paz dos años y ahora pasará el resto de su condena en su lujosa casa del country Solares del Carcarañá en Oliveros (localidad cercana a San Lorenzo)”, señalaron desde el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial, que convocó para hoy, a las 16, a las puertas del country a una manifestación de repudio.
Al conceder el arresto domiciliario para el abogado sanlorencino, ex diputado provincial y concejal electo en 2009, la Cámara de Casación justificó su determinación en el “crítico” estado de salud y en “razones humanitarias” para el preso por violar los derechos humanos durante la dictadura de Videla y compañía, “quien padece una patología psiquiátrica depresiva y un trastorno adaptativo a su condición de detenido bajo régimen carcelario”, según se lee en la resolución de la Cámara a la que accedió este diario, además de señalar otras afecciones físicas.
Al momento de oponerse al pedido de prisión domiciliaria para Rodríguez, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, jurisdicción Rosario, citó un informe psicológico del Cuerpo Médico Forense: “…estimamos necesario que (Rodríguez) sea asistido (…) en el lugar donde se disponga su alojamiento”. En cambio, la Cámara entendió que en el penal de Marcos Paz no estaban dadas las condiciones para su adecuada atención y había “riesgo para su salud”.
La licenciada Adriana Taboada, al ampliar el informe pericial del Cuerpo Médico Forense, dejó sentado que Pili Rodríguez “…no tiene afectada su capacidad para prestar atención, concentrarse, razonar, responder en forma coherente y rápida, explicar, estar ubicado en tiempo y espacio, mantener el juicio de la realidad, poder planificar y ejecutar acciones…”.
También que “…no evidencia signo alguno que permita hablar de deterioro, no presenta ningún tipo de trastorno psiquiátrico estructural de carácter demencial, predemencial o psicótico…”. Un dato que no puede pasarse por alto, rechazado por los abogados que llevaron a juicio al abogado sanlorencino, es que el médico Jorge Rodríguez, hermano del imputado, intervino como perito de parte del mismo.
El teniente coronel Rubén Cervera, jefe del Batallón 121 de Arsenales de Fray Luis Beltrán, fue designado interventor de la Municipalidad de San Lorenzo el 24 de marzo de 1976. Lo acompañó su segundo en el batallón, el capitán Horacio Maderna. El abogado Pedro Rodríguez era asesor legal del municipio y continuó en su puesto después del Golpe.
Varios testimonios señalan que Pili Rodríguez militó en la organización Sabino Navarro y que después del Golpe “se dio vuelta”, “marcó y entregó” a sus ex compañeros de militancia, la mayoría asesinados o desaparecidos.
Tras la vuelta de la democracia, Rodríguez siguió ejerciendo su profesión de abogado y hasta fue asesor legal de importantes sindicatos de la región hasta antes de ser condenado.
Allanaron hospital en busca de historia clínica de Etchecolatz
Personal judicial allanó ayer el hospital penitenciario de Ezeiza en busca de la historia clínica y toda la documentación referida al estado de salud del represor Miguel Etchecolatz, en el marco de una causa que investiga si personal médico del Servicio Penitenciario Federal (SPF) falseó los datos del genocida para que le sea otorgada la prisión domiciliaria.
Una fuente judicial precisó que el allanamiento fue dispuesto ayer por el juez federal Ernesto Kreplak ante quien, días atrás, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, denunciaron irregularidades en los informes médicos elaborados por el personal del Servicio Penitenciario Federal.
Concretamente, detallaron que hay diferencias en el peso de Etchecolatz. La diferencia se da al comparar un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, elaborado en abril, con otro, rubricado en julio, por los médicos del hospital del penal de la cárcel de Ezeiza.
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