Una nueva imputación recayó sobre algunos de los policías que el año pasado cumplían servicio en la seccional 19ª y quedaron involucrados en una investigación fiscal por diversos delitos, entre ellos extorsión, robos y secuestros extorsivos. En agosto pasado, el fiscal imputó a seis uniformados de esa dependencia de formar parte de una asociación ilícita que utilizaba la calidad de funcionarios de sus integrantes para obtener ilegalmente un rédito económico a cambio de no generar causas penales o aliviar situaciones procesales. Hace poco, el Ministerio Público de la Acusación solicitó llevar a juicio a cinco de ellos y presentó nuevas acusaciones contra algunos de los miembros del grupo. Ayer tuvo lugar una audiencia donde se ventiló un nuevo caso contra dos uniformados, quienes con el resto –salvo una mujer policía que espera una nueva imputación– se encuentran con preventiva hasta la fecha de juicio.
Ayer dos de los funcionarios policiales que en agosto pasado fueron acusados de una seguidilla de delitos para los que utilizaban su condición policial, según el fiscal Adrián Mac Cormack, fueron sometidos a una nueva audiencia.
La nueva acusación
La Fiscalía imputó a Sebastián F. y Víctor D. por apremios, extorsión y falsedad ideológica de un instrumento público agravada por su condición de policías. La acusación tuvo origen en el robo de un auto ocurrido en junio pasado en jurisdicción de la comisaría 6ª, vehículo que fue ubicado en la seccional 19ª y ese procedimiento derivó en la nueva imputación.
Hay dos versiones en cuanto al hecho: la versión policial sostiene que la madrugada siguiente al robo del vehículo los policías Sebastián F. y Víctor D. –quienes hacían una ronda– avistaron un Ford Focus por Garzón y Juan Domingo Perón, que circulaba por la primera calle en contramano con tres ocupantes. Los dos uniformados que patrullaban la zona prendieron sirenas y balizas y comenzaron una persecución que culminó cuando el auto particular se incrustó en una zanja a la altura de Garzón al 3100. Según el relato, dos de los ocupantes escaparon mientras el chofer fue detenido a pesar de su resistencia.
A ello sumaron un disparo del que no pudieron identificar su origen, el arresto de la pareja del hombre que intentó evitar que se llevaran a su marido y la constatación de que el vehículo era robado.
Por su parte, el detenido dio otra versión, que fue sustento de la imputación del fiscal. El joven de 26 años sostuvo ante la Dirección de Asuntos Internos que escuchó un golpe mientras estaba en su vivienda y observó que un auto se despistó y salió a colaborar. La persona que conducía dijo que no sabía manejar y le permitió al muchacho –que trabaja como chofer– intentar sacar el auto. El vehículo siguió atascado y uno de los ocupantes quiso cortar los cinturones de seguridad para tirar de las ruedas y ello que generó extrañeza en el hombre. Mucho después llegó un móvil policial y dos de los ocupantes se escaparon corriendo. El tercero amenazó al joven con un arma y lo hizo ingresar a su vivienda y escapó por los techos, sostuvo el fiscal. Según esta versión, los policías golpearon al vecino y se lo llevaron detenido, circunstancia en la que su mujer salió con su bebé en brazos e intentó impedir el traslado, por lo que fue demorada. Poco después el hermano del joven asistió a la comisaría y después de algunas charlas le solicitaron dinero para mejorar la situación del detenido, aunque la negociación cerró con 5 mil pesos entregados a Víctor D., detalló el fiscal.
El acusador sostuvo que el acta elaborada sobre el hecho es un paraguas con el que pretendieron ampararse los policías y solicitó la prisión preventiva de los policías acusados.
Defensa y resolución
Por su parte, los defensores hablaron de una imputación fiscal endeble, expusieron una hipotética criminalización de la actividad policial, y cuestionaron la falta de apariencia de responsabilidad y la credibilidad de la denuncia de un hombre que actualmente está investigado por la Fiscalía Regional por encubrimiento de robo –por este mismo hecho– lo que demuestra un conflicto de intereses, refirieron Mario Ducler y Gabriel Navas en favor de sus defendidos. A su turno los policías hicieron su descargo: explicaron el procedimiento que plasmaron en el acta y coincidieron en el relato. Ambos sostuvieron que esta causa les arruinó la vida y les trajo perjuicios; a modo de ejemplo, afirmaron diferentes episodios que vivieron su familias en las escuelas de sus hijos.
Por su parte el juez Carlos Leiva, quien presidió la audiencia, admitió el encuadre legal y dictó la prisión preventiva de los acusados sin plazo, lo que se suma a la medida cautelar que ya pesaba sobre el grupo de uniformados, entre los que también se encuentran el comisario Guillermo Ruiz Díaz (44), la suboficial Lucrecia B. (32) y el suboficial principal José Antonio G. (51), todos a la espera del juicio por asociación ilícita y una larga lista de delitos.
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