El juez Marcelo Bailaque, que subroga en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, rechazó el planteo las defensas de 12 de los 26 imputados de la causa por contaminación ambiental en el Parque Industrial de Sauce Viejo y ratificó la competencia del fuero federal en el cual se tramita el expediente. Desde este miércoles comenzarán a ser indagados los 26 imputados, entre quienes se encuentran directivos del Grupo Clarín y de la planta AGL (Artes Gráficas del Litoral), cuya propiedad comparten Clarín y El Litoral de Santa Fe.
Las defensas de 12 de los 26 imputados habían pedido desplazar al fiscal federal Walter Rodríguez de la causa que investiga a nueve empresas radicadas en Parque Industrial de Sauce Viejo por el delito de “contaminación ambiental peligrosa para la salud” y remitir el expediente al Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti.
El juez Bailaque rechazó el planteo y ratificó que la causa seguirá en el fuero federal. Allí serán indagadas 26 personas, entre ellos el vicepresidente del Grupo Clarín, Héctor Mario Aranda, y el ex titular de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín. También fueron citados otros dos directivos de AGL, Pablo Andrés Fiasconaro y Luis Enrique Carrara, y el presidente de Central Puerto SA, Osvaldo Arturo Reca, el grupo que opera la Central Termoeléctrica Brigadier López, entre otros empresarios que están bajo investigación. Las indagatorias se realizarán entre el miércoles 21 de abril y el jueves 6 de mayo.
La causa investiga el supuesto delito de “contaminación ambiental de un modo peligroso para la salud”, producida por “efluentes líquidos de actividades industriales” que vuelcan al río Coronda, en una de cuyas márgenes se levanta el Parque Industrial de Sauce Viejo. El recurso afectado es el río Coronda, “un río interno de la provincia”, aclaró Bailaque, pero que pertenece a la cuenca del Paraná y al delta que comprende a Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Cuando “la contaminación investigada pueda afectar otros cursos de agua” interprovinciales, agregó el magistrado, la competencia en la investigación de posibles delitos corresponde al fuero federal.
La investigación
La causa surge a partir de estudios científicos sobre muestras obtenidas en el río Coronda, que arrojaron la presencia de elementos químicos con una concentración muy superior a la permitida por la Ley de Residuos Peligrosos. El Ministerio Público Fiscal atribuyó el vertido de esos residuos a nueve empresas radicadas en el Parque Industrial de Sauce Viejo.
En ese marco, el fiscal federal Walter Rodríguez pidió la declaración indagatoria de 26 personas por el delito de “contaminación ambiental peligrosa para la salud”, previsto en el artículo 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Los hechos imputados tienen origen en la actividad desarrollada por nueve empresas radicadas en el Parque Industrial de Sauce Viejo, una localidad del departamento La Capital ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
La investigación comenzó en 2016 tras una denuncia en la que se hizo alusión al vertido de distintos productos químicos en el río Coronda, sin tratamiento previo, provenientes del Parque Industrial. La misma situación había sido manifestada anteriormente por vecinas y vecinos del Barrio Jorge Newbery, quienes alegaron la existencia de fuertes olores y el deterioro de los techos de sus casas provocado por sustancias arrojadas al desagüe que se encuentra sobre el lateral norte, dentro del Parque Industrial, que desemboca en el río Coronda.
Para desarrollar su tarea investigativa la Fiscalía Federal pidió la participación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, en carácter de auxiliar. Esa repartición policial se ocupó de tomar las muestras de los efluentes líquidos provenientes de las actividades del Parque Industrial entre el 10 y 12 de diciembre de 2019 a los fines periciales; en esa ocasión los interesados fueron invitados a presenciar el acto y a ofrecer profesionales de su confianza para controlar la prueba.
También intervinieron en las labores periciales la División Técnica de Protección Civil, de la Superintendencia Federal de Bomberos, dependiente de la Policía Federal Argentina; el Equipo de la Dirección Técnica del Servicio Centralizado de Grandes Instrumentos (Secegrin), dependiente del CCT Conicet Santa Fe; el Equipo de la Dirección del Instituto Nacional de Limnología (Inali), dependiente del CCT Conicet Santa Fe y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); el Equipo de la Dirección del Laboratorio Central, dependiente de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL; el Laboratorio de Química Analítica de la misma facultad; y el Laboratorio de Microbiología de la UNL.
Los estudios arrojaron como resultado la existencia de elementos cuyas concentraciones fueron muy superiores a los permitidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario N° 831/93.
La contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública, del agua y del ambiente a través de los residuos peligrosos aparece reflejada en el vertimiento de líquidos dirigidos al río Coronda y reviste un caso de competencia federal ante sus consecuencias inter jurisdiccionales, de acuerdo al artículo 7 de la Ley 25675 (Ley General del Ambiente). En ese sentido, la fiscalía que encabeza Rodríguez agregó que los sucesos que son materia de imputación exceden a un individuo aislado y afecta a toda la comunidad que está en contacto con el medio ambiente, motivo por el cual fueron relevadas las zonas aledañas al Parque Industrial de la localidad de Sauce Viejo, donde se domiciliarían alrededor de 250 a 600 habitantes, número que resulta variable, debido a que en esa zona hay viviendas del tipo de fin de semana o casa-quintas.
También se consideró el impacto potencial provocado por la proximidad de las instalaciones de toma de agua potable en la localidad de Desvío Arijón, ubicada aguas abajo del lugar donde provienen los desagües cloacales e industriales arrojados por los establecimientos instalados en el Parque Industrial.
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