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Comenzó el juicio oral por el femicidio de Micaela García

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    Juan José García

El juicio oral por el femicidio de la estudiante Micaela García, ocurrido en abril último en la ciudad entrerriana de Gualeguay, comienza este jueves y tendrá en el banquillo de los acusados a tres imputados, el principal de ellos el ex convicto Sebastián Wagner, quien estaba en libertad condicional cuando ocurrió el hecho.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la Cámara del Crimen local, integrada por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo, fijó las audiencias hasta el 27 de septiembre, en principio, y se espera que declaren 57 testigos, 35 ofrecidos por el fiscal Ignacio Telenta, y 22 por las defensas.

Principal sospechoso del femicidio de Micaela: Sebastián Wagner. Entró con casco a los Tribunales.

Wagner (30); su hijastro, Gabriel Otero (21), y Néstor Pavón (35), dueño de la gomería donde trabajaba el primero, llegan al juicio acusados de “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio”, que prevé una pena de prisión perpetua.

Néstor Pavón, dueño de la gomería donde trabajaba Sebastian Wagner.

En tanto, la pareja de la madre de Wagner, Fabián Ehcosor (53), acordó ayer en un juicio abreviado una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva por “encubrimiento agravado”, al considerar la fiscalía que ayudó al principal sospechoso a ocultarse en la localidad bonaerense de Moreno cuando estuvo prófugo.

Wagner se declaró culpable del crimen en su indagatoria ante el fiscal Telenta, pero también acusó del hecho a su empleador, quien había sido detenido inicialmente por “encubrimiento” y después fue imputado como coautor del femicidio.

En tanto, Pavón dijo ser inocente y vinculó con el crimen a una tercera persona “muy allegada” a Wagner, que para los acusadores resultó ser el hijastro de éste, detenido el 28 de abril último.

Micaela fue vista con vida por última vez la madrugada del 1 de abril último, cuando regresaba a su casa en Gualeguay luego de haber concurrido del boliche King de esa ciudad.

De acuerdo a la acusación fiscal, la víctima fue interceptada por Wagner y su hijastro, quienes iban a bordo de un Renault 18 Break, cuyo paso quedó registrado por distintas cámaras de seguridad.

Gabriel Otero, hijastro de Wagner.

Tras la desaparición de Micaela, se inició una amplia búsqueda que tuvo repercusión nacional y durante la cual su familia y amigos realizaron varias marchas para reclamar por el esclarecimiento del caso.

El 7 de abril, Wagner fue detenido en Moreno junto a su padrastro luego de haber sido vinculado con el crimen a través de distintas pruebas.

Un día después, el cadáver de la joven fue encontrado semienterrado entre pastizales cerca de la ruta nacional 12, en Gualeguay, a unos tres kilómetros de donde se había encontrado una sandalia, un pantalón y un manojo de llaves que le pertenecían.

Hoy comienza el juicio oral por el femicidio de Micaela

Los médicos forenses determinaron luego que la víctima había sido violada y estrangulada el mismo día en que había desaparecido.

El femicidio de Micaela generó una gran conmoción ya que Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero se encontraba en libertad condicional por orden del juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien le concedió el beneficio a pesar de que el Servicio Penitenciario provincial desaconsejó hacerlo.

A raíz de esta polémica resolución, el magistrado afronta ocho pedidos de enjuiciamiento, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido tratado por la comisión legislativa, que ha ido cambiando su integración por las sucesivas recusaciones que impone la defensa de Rossi, ejercida por el abogado Miguel Cullen.

El caso de Micaela derivó también en que el Congreso Nacional promulgara en julio la ley que limita las excarcelaciones para condenados por delitos graves como homicidio, robo agravado, secuestro, trata de personas, etc.

En Entre Ríos, en tanto, organizaciones feministas y colectivos sociales reclaman desde hace tiempo que la Legislatura declare, a través de una ley, la emergencia por violencia de género.

 

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