Propietarios y trabajadores de playas de estacionamiento fueron ayer al Concejo para pedir a los ediles que revean la ordenanza, aprobada este año, la cual establece un mínimo de 50 plazas para las nuevas cocheras y 40 para la renovación de la habilitación de las que funcionan. Según aseguraron desde Cesgar, la cámara que nuclea al sector, hay unas 140 playas que no podrán adecuarse a la normativa y deberían cerrar, por lo que estarían en riesgo unos 300 puestos de trabajo.
Desde Cesgar indicaron que muchos responsables de los negocios son inquilinos y, además, que la mayoría no está en condiciones económicas de afrontar una edificación para sumar boxes. No obstante, aseguraron que están abiertos al diálogo y que confían en que los ediles encontrarán la manera de contribuir a mantener las fuentes de trabajo.
La primera respuesta que obtuvieron los interesados es que el próximo lunes serán escuchados por los integrantes de la comisión de Planeamiento. Sin embargo, cuando estaban por retirarse del Palacio Vasallo, la concejala Fernanda Gigliani, del bloque Iniciativa Popular, los recibió en su despacho y convocó también al socialista Manuel Sciutto y a la radical María Eugenia Schmuck.
Para Oscar Liberton, titular de Cesgar, la actitud de los concejales de escucharlos fue “positiva” y consideró como “un paso adelante” la convocatoria para el lunes. “Eso muestra un poco la preocupación y el compromiso de algunos concejales en recibirnos y tratar de entender nuestro problema”, señaló.
Durante el encuentro en la oficina de Gigliani los propietarios de las playas de estacionamiento explicaron que las preocupaciones son muchas, entre ellas, está el no poder afrontar una obra de remodelación del espacio –aduciendo que en general no todos pueden solventar una edificación para agrandar en altura las cocheras con todo lo que eso conlleva–, como también que una gran parte de quienes están al frente de estos locales son inquilinos y en ese sentido no es sencillo modificar una propiedad que no les pertenece.
Si bien Sciutto y Gigliani en su momento votaron a favor de la ordenanza en el recinto –no así Schmuck que se opuso junto a sus pares de bloque Jorge Boasso y Sebastián Chale– ayer a la tarde aseguraron que están “abiertos al diálogo” para tratar de buscar soluciones.
Una de las posibilidades que barajaron desde Cesgar es que la normativa “se regule para adelante”, es decir: que quien trabaja en forma legal y como corresponde con la ordenanza ya vigente lo pueda seguir haciendo.
Lo que dice la ordenanza
La ordenanza por la que los trabajadores y empresarios de la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) están reclamando es la 9.239, aprobada a mediados de este año. El impulsor de la normativa fue el concejal del PRO Roy López Molina, quien en febrero pasado planteó que en el área comprendida entre avenida Pellegrini, bulevar Oroño y el río era necesaria la readecuación, tanto para los espacios abiertos, como también para los techados destinados a la guarda de vehículos.
En los fundamentos del proyecto, López Molina señaló que “desde hace varios años ha comenzado un sostenido incremento del parque automotor de la ciudad, tornando compleja la circulación general, estimado en un 60 por ciento en los últimos diez años”.
Asimismo, sostuvo que la situación ”ha tenido repercusión en diferentes medios, representando según estadísticas un incremento para los años 2011 y 2012 de 25 mil nuevos vehículos, lo que importa que para 2013 se cuente con 333 mil vehículos en la plaza local”. En este sentido, el edil consideró que“la oferta de espacios de estacionamiento privados “no puede satisfacer la demanda existente, lo que afecta el precio de las tarifas de los locales destinados a este fin, con altos costos para los usuarios”.
También marcó que muchos estacionamientos funcionan con habilitación provisoria y escaso espacio de maniobra, entre otras falencias.
Financiar el transporte
Los concejales Rodrigo López Molina, Jorge Boasso, Diego Giuliano y Osvaldo Miatello vuelven a escena en conjunto para anunciar en conferencia de prensa “alternativas sobre financiamiento del transporte”. La cita es hoy a las 9.30 en el Salón de los Acuerdos, del Palacio Vasallo. Este grupo de trabajo debutó en octubre con una propuesta de regulación de la noche rosarina.
La secretaria de Hacienda llevó sus cuentas claras al Concejo
La secretaria de Hacienda Verónica Irízar concurrió ayer al Concejo Municipal para dar precisiones sobre el presupuesto 2015. Lo hizo en el transcurso de una reunión que duró más de dos horas ante la comisión de Presupuesto, de la que participó más de una docena de concejales.
Con la proyección de un power point, Irízar expuso los principales números del presupuesto municipal enviado la semana pasada al Concejo, al igual que el pedido de incremento de la Tasa General de Inmuebles (TGI), el Derecho de Registro e Inspección (Drei) y otras tasas retributivas de servicios. Estuvo acompañada por los subsecretarios Guido Boggiano, de Hacienda, y Santiago Asegurado, de Economía.
La funcionaria hizo un repaso detallado de los principales puntos del presupuesto, que contempla gastos por 7.185.652.389 pesos, “un 48 por ciento superior al del 2014”.
Destacó que el mayor porcentaje (25 por ciento) está destinado a Salud Pública, y el 22,7 por ciento para la Servicios Públicos.
A la hora de las preguntas, hubo un poco de todo. Osvaldo Miatello interrogó a Irízar sobre los fondos destinados a subsidiar el transporte; en tal sentido, la secretaria indicó que se incorporó una partida de 17.800.000 pesos para compensar el recientemente incorporado medio boleto universitario y terciario, de los cuales 8.158.000 pesos serán para Rosario Bus; 4.400.000 para la Semtur y 3.400.000 para La Mixta. Resaltó luego que se prevén 15 millones de pesos para la adquisición de los nuevos trolebuses que operará la Semtur.
En respuesta a una consulta de Norma López sobre la deuda del municipio, Irízar precisó que la previsión actual para fin de año es de 450 millones de pesos. Asimismo negó que la Municipalidad tenga una deuda con el Banco Municipal: “Con la ley de Responsabilidad Fiscal no se puede estar endeudado ni un día”, marcó.
El edill Martín Rosúa, a su turno, defendió la necesidad de aumentar la TGI y dijo que de acuerdo a la normativa “debe cubrir el denominado ABL de alumbrado, barrido y limpieza”.
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