El Ciudadano
Desde hace años la asociación Reset, política de drogas y Derechos Humanos trabaja en la producción de información que sirva para revisar las prácticas estatales en cuanto a persecución de quienes consumen en Argentina. En 2019, por ejemplo, emitieron un informe sobre cuánto se gastaba en judicializar a una persona que fue sorprendida con una poca cantidad de droga de venta ilegal encima: un promedio de 40 millones de dólares por año. Esta semana el presidente de la asociación, Mariano Fusero, escribió respecto a las muertes ocurridas en Buenos Aires por supuesta ingesta de cocaína adulterada.
Reflexiones
“Desde principios del siglo XX la prohibición de la cocaína, que tenía usos legales y se vendía en farmacias, trajo consigo el desconocimiento de los efectos reales que la sustancia puede causar en las personas que consumen. Entre ellos, afectaciones graves a la salud o la muerte”, escribió Fusero y completó: “Esto se debe a las sucesivas adulteraciones que padece la sustancia en una cadena de valor regulada por el mercado ilegal –que prioriza las ganancias por sobre la salud de sus clientes–, lo que expone a las personas a daños potenciales que pueden generar los productos utilizados para estirarla”.
El presidente de Reset recordó que en el libro “Historia General de las Drogas” el español Antonio Escohotado se menciona un momento donde la venta y el consumo de cocaína era legal y los índices de mortalidad eran nulos. “Las personas que la consumían solían conocer y prever sus efectos y graduar las dosis de forma responsable, adulta y racional”, señaló Fusero y completó: “Una vez que la prohibición ganó terreno, las adulteraciones de la calidad de la sustancia con productos no aptos para el consumo humano y direccionados únicamente a incrementar el volumen. Esto significó muertes y graves afectaciones en las personas que consumen”.
En el momento referido por Escohotado algunas adulteraciones se produjeron mezclando la coca con yeso que ocasionó muertes súbitas. Según Fusero, las personas no morían por la cocaína sino por el yeso de venta libre en cualquier pinturería y por la ausencia de un Estado que decidió apartarse de la regulación responsable de esta y otras sustancias dejando el mercado a las redes ilegales de abastecimiento.
De acuerdo con el presidente de Reset, hoy el Estado incumple la regulación de la ley de Salud Mental y de la ley de Abordaje de Consumos Problemáticos que demandan aplicar políticas de reducción de daños. Fusero explicó: “Mediante estas herramientas podrían evitarse algunas de las muertes causadas por la adulteración de drogas. En España hace por lo menos 25 años que la sociedad civil junto a diversas instituciones públicas desarrolla programas de testeo de las sustancias con el fin de informar a las personas que consumen la calidad de las drogas que circulan y los riesgos de su consumo. Experiencias semejantes podemos localizar en nuestra región en México, Colombia y Uruguay”.
Para Fusero, Argentina está muy atrasada y sus instituciones públicas sostienen un discurso perimido, anacrónico y poco realista respecto de los consumos. “Mediante campañas inútiles señalan que la solución básicamente es no consumir cuando en la práctica la población consume cada vez más y el mercado de sustancias está cada vez más diversificado”, señaló el presidente de Reset y completó: “Estos discursos morales no han tenido ningún impacto ni muestran resultados positivos, pero la prohibición sigue siendo redituable en términos económicos, proselitistas y burocráticos”.
Caminos y testeos
Según escribieron desde Reset, el Estado debería alertar a las personas de los efectos reales que causan las sustancias y los adulterantes con las que suelen cortarse sin caer en un sensacionalismo paternalista o supersticioso. “Se podría hacer mediante el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Organización de los Estados Americanos -organismo del cual nuestro país es parte desde 2016-, un mecanismo que se encuentra en claro desuso para dicho fin”, escribió Fusero y completó “Debería hacerse así un monitoreo constante de las sustancias que circulan por el mercado y sus adulterantes a fin de informar a la población sobre sus calidades y efectos posibles. No es ningún invento, sino que es una práctica que se lleva adelante en otros países desde hace décadas y que se encuentra dentro de los abordajes de reducción de daños recomendados por diversos organismos internacionales y exigidos por nuestras leyes nacionales hace por lo menos una década”.
Al igual que otras personas especializadas en Derechos Humanos, el presidente de Reset volvió a una variable importante en el debate surgido de las muertes en Buenos Aires: la criminalización y estigmatización de quienes consumen drogas de venta ilegal. Según Fusero, estas personas no acceden a información verídica sobre los efectos reales de las sustancias y sus adulterantes (sean inertes o activos) y no tienen la posibilidad de buscar asistencia, en caso de requerirlo, por el abordaje punitivo y los prejuicios que existen.
“El contacto de las personas que consumen con el Estado, en un contexto de criminalización como el de nuestro país, suele resumirse en la relación de vulnerabilidad que tienen con las fuerzas de seguridad y el sistema punitivo”, insistió el presidente de Reset y apuntó a la necesidad de derogar la ley 23.737. “Esta es una de las deudas más grandes de la democracia”, concluyó.
Si es problemático
En caso de que el consumo de drogas sea problemático existen distintos espacios de atención. Además de las opciones de gestión no estatal, están los 744 centros de salud públicos que deben, por la ley de salud mental y adicciones, atender a todas las personas sin discriminación alguna. Si conocés a alguien que necesita contención en consumos problemáticos podés contactarte con La Estación, un espacio de gestión municipal donde analizan y ofrecen alternativas de tratamiento, incluso a quienes tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808797 y trabajan en Gálvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17.
Además, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) mantiene el 141, un servicio telefónico que cuenta con profesionales las 24 horas para asesorar. También pueden escribir al cinterior@sedronar.gov.ar
Más recientemente el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), habilitó una línea gratuita para atender consultas relacionadas con consumos problemáticos de sustancias. Se trata del 0800 345 5640.
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