La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue llamada a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas en favor de empresas del empresario detenido Lázaro Báez.
La medida fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini quien convocó a la ex mandataria para el 20 de octubre y dispuso también otras 16 indagatorias entre las que figuran la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López; y la de Báez.
El magistrado también decretó la inhibición general de bienes para todos los que serán indagados por lo que ninguno podrá vender o gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables, aunque no se les impedirá administrarlas o disponer del dinero bancarizado.
Los fiscales a cargo de la investigación, Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, habían reiterado el lunes de la semana pasada su pedido para que el juez Ercolini citara a la ex presidenta a indagatoria; junto con otras 34 personas (entre ex funcionarios y empresarios), de las cuales algunas no serán citadas, por ahora.
La denuncia que dio origen a la investigación había sido presentada en el 2008 por la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) que sostuvo que desde el anterior gobierno se había estructurado una asociación ilícita para sustraer fondos públicos a través de empresarios ligados al poder.
En su resolución, el juez Ercolini sostuvo que de acuerdo a la investigación elaborada por los fiscales, las maniobras se edificaban en cuatro pilares:
1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial.
2) La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional.
3) La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz.
4) El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado.
Además recordó que, sobre la relación personal que Báez tenía con el ex matrimonio presidencial, los fiscales “hicieron referencia a las conexiones comerciales existentes entre ellos” y, a modo de ejemplo, “destacaron que Cristina Fernández de Kirchner y la firma Austral Construcciones compartían un condominio desde agosto de 2008 en la ciudad de El Calafate”.
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