La investigación por el crimen de Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli, asesinados a balazos el pasado 29 de diciembre en la zona sur de Rosario, se trasladó ayer a un country de Pilar, donde fueron allanados dos fastuosos domicilios del barrio privado en el que vivía la pareja. Además de computadoras, celulares y documentación, fue secuestrado un vehículo que hacia varios días estaba estacionado en el ingreso del lugar, cuyo interior estaba vacío pero tenía un baúl con doble fondo. La medida fue comandada por una reducida comisión a cargo del jefe de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y su par de Unidades Especiales por orden de la jueza Alejandra Rodenas. Un día antes, tres suboficiales de la División Judicial de la UR II fueron demorados en esa localidad bonaerense en otro confuso episodio en el marco de la pesquisa, que desde un inicio se caracterizó por controvertidas polémicas. En esta oportunidad, los efectivos demorados realizaban tareas investigativas “ordenadas por sus superiores” al parecer sin conocimiento de la jueza que instruye la causa (ver aparte).
Con todo, alrededor de 15 móviles policiales y unos 30 efectivos de la fuerza cercaron desde las primeras horas de ayer el country Haras del Pilar La Pradera, ubicado en Camaño al 5000 de esa localidad bonaerense. Según confió un vocero del caso, en medio de un fuerte hermetismo oficial, una de las lujosas propiedades era habitada desde agosto de 2012 por la pareja asesinada y la otra, por personas de su entorno.
Entre los objetos secuestrados había una variedad importante de objetos tecnológicos —como computadoras, celulares, tarjetas de memoria y chip—, además de documentación personal de las víctimas, entre ellos pasaportes, boletas y contratos de alquiler. La fastuosa propiedad donde vivía Medina y Justina compuesta por dos plantas, cinco baños, cuatro habitaciones, gimnasio, solarium y jardín estaba deshabitada y no fueron halladas armas, drogas, vehículos ni dinero en efectivo, dijeron voceros policiales.
En tanto, en la otra propiedad, donde los objetos secuestrados fueron de las mismas características que en el caso anterior, se encontraba un muchacho, quien sostuvo que vivía con sus padres que estaban de vacaciones en la ciudad estadounidense de Miami.
Lo que más llamó la atención a los pesquisas fue un automóvil Volkswagen Passat que, al parecer, se encontraba hacía varios días en la playa de estacionamiento de ingreso al country, un lugar dispuesto para que una vez anunciadas las visitas, esperen a ser buscadas por los habitantes del exclusivo barrio cerrado.
Al parecer, la persona que llegó a bordo de ese vehículo visitó a Medina pero se habría ido en otro automóvil. Además del tiempo que transcurrió el auto allí, a los investigadores les llamó la atención que el rodado “tenía levantada la trompa y atrás estaba hundido”. Al requisarlo no hallaron nada en su interior pero sí descubrieron un baúl con doble fondo.
Luis Medina, de 42 años, fue asesinado de tres disparos y luego rematado con otros 13 impactos por la espalda cerca de las 5.30 del 29 de diciembre cuando conducía un Citroën DS3, el cual era propiedad de su novia, ultimada ese mismo día de dos balazos.
Los asesinos emboscaron a la pareja a altura de Ayolas y avenida Circunvalación cuando las víctimas regresaban desde un boliche de La Fluvial, al hotel Pullman ubicado en el complejo City Center donde se alojaban hacía dos días.
Tras su muerte, el empresario, quien era propietario de una concesionaria de autos en Rosario, donde también se lo involucró en una franquicia del local nocturno Esperanto, fue mencionado por los investigadores como un narcotraficante de alto rango en la provincia de Santa Fe.
En tanto, su abogado defensor, Carlos Varela, argumentó al respecto que “es muy probable que fracase la investigación judicial” en relación a los autores del crimen y por lo tanto “no hay nada mejor que, para justificar el fracaso investigativo, decir que un muerto no gozaba de legitimidad social”.
Hubo versiones encontradas sobre la labor de suboficiales de la División Judiciales
En medio de un fuerte hermetismo tanto por parte de funcionarios del gobierno provincial como de la jueza Alejandra Rodenas a cargo de la instrucción, ayer trascendió por distintos medios periodísticos que tres policías pertenecientes a la División Judicial fueron demorados en la localidad bonaerense de Pilar por intentar ingresar a la propiedad de la víctima sin autorización de la magistrada a cargo de la investigación. Sin embargo, esa información no fue confirmada por ningún vocero oficial y solo se conocieron dos versiones opuestas sobre el confuso episodio.
Una de ellas indica que la Brigada Operativa de la División Judicial, conocida por su accionar en la megacausa que lleva adelante el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna en relación a la banda de Los Monos, recibió órdenes expresas del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, y del jefe de Policía de Santa Fe, Omar Odriozola, de investigar el crimen de Medina.
Al respecto, tres suboficiales de esa dependencia habrían viajado con la correspondiente autorización al country de Pilar, para seguir una línea investigativa brindada por el padre de la joven de 23 años, Justina Pérez Castelli, quien los acompañó.
Según esa versión, de la cual ningún funcionario dio cuenta, no hubo intento de realizar allanamientos sin orden judicial, sino que fueron a realizar tareas investigativas para luego requerirlas, pero la presencia de los efectivos en el lugar haciendo preguntas derivó en que la custodia del lugar diera aviso a la Policía de Pilar, donde fueron demorados.
La situación se puso más espesa cuando la jueza de la localidad bonaerense consultó a su par, Rodenas, quien dijo no haber ordenado nada, al igual que el jefe de la Unidad Regional II de Rosario.
La situación revivió las controversias que se denunciaron apenas emprendida la investigación a raíz de una pericia informática a la ultrabook Mac secuestrada en el hotel donde se alojaba la pareja asesinada, que habría quedado en poder de un alto funcionario del gobierno provincial sin autorización judicial. Las contradicciones opacaron la investigación ya que por un lado, ningún juez se hizo cargo de dar esa orden, mientras el gobierno dice lo contrario. Ahora, la computadora está en manos del personal de Gendarmería Nacional, quien deberá informar si hubo o no presunta manipulación de la prueba.
