Ciudad

Investiga la justicia penal

Caso Luis Herrera: el camino que condujo a la hipótesis de que el dinero de los acreedores no está

Tras el rechazo a su intento por abrir el concurso de acreedores, quedaron en evidencia las inconsistencias de sus balances contables. El fiscal Miguel Moreno investiga qué sucedió con el dinero que los ahorristas le confiaron para invertir, pero ahora no está


Oficinas Fernández Soljan, la agencia dirigida por Herrera

El financista Luis Herrera, titular de la agencia Fernández Soljan, protagoniza por estos días el escándalo financiero y judicial más resonante de la ciudad. Su falta de solvencia lo llevó a declararse en default durante octubre, situación que mantiene en vilo hasta hoy a dos mil acreedores. Un grupo de ellos optó por la vía judicial para recuperar una suma en dólares que le habían entregado para colocaciones en el mercado. A partir de investigaciones que no lograron dar con el rastro de las supuestas operaciones, surge la hipótesis de que el dinero no está.

Quienes investigan la causa estiman que la deuda de Herrera con este grupo de ahorristas se acerca a los 30 millones de dólares. Se trata de un cálculo sin suficientes certezas ya que no existen registros sobre la contabilidad de esas operaciones y no se sabe con exactitud el dinero que le fue entregado.

Entre esta semana y la anterior, la causa atravesó por distintas instancias y cada una de ellas condujo a la hipótesis que manejan los investigadores. En primer lugar, el financista apeló al fuero Civil y Comercial para presentarse en convocatoria de acreedores y de esa manera intentar reacomodar su situación económica con la finalidad de cumplir con sus deudas.

El encargado de revisar la presentación fue el juez Marcelo Quiroga, quien rechazó de plano la posibilidad de abrir el concurso. Entre sus argumentos, expuso una serie de inconsistencias relacionadas al plan a futuro que proponía Herrera para hacer frente a sus deudas, pero también remarcó la inexistencia de los registros contables correspondientes a las operaciones que produjeron el conflicto.

Remate en suspenso   

Tras la negativa por parte del Juez Civil y Comercial, la situación para el titular de Fernández Soljan se complicó un poco más. Es que el martes pasado fueron subastadas las acciones del mercado de futuros Matba Rofex que tenía prendadas con Transatlántica por un crédito impago. Es decir, esta importante empresa llevó adelante el remate para cobrarle una deuda Herrera, por un préstamos efectuado durante los últimos meses.

En la subasta se ejecutaron 2.193.000 de acciones. 340 millones de pesos serían destinados a que Transatlántica cobre su parte, mientras que quedaría un resto (60 millones de pesos), que continuaría embargado, ya que pesa sobre Herrera una inhibición de bienes. Aunque esa diferencia está vista de reojo por los acreedores, quienes lo consideran como un monto que posiblemente pueda ir a cubrir las acreencias.

Pero menos de 24 horas después, el remate de acciones quedó congelado tras el pedido de los abogados que representan a un grupo de acreedores, quienes solicitaron una audiencia para efectuar el pedido. El planteo llegó a través del fiscal Miguel Moreno, quien a partir de las investigaciones, maneja la hipótesis de que la subasta de las acciones fue una estrategia de Herrera para declararse insolvente y de ese modo excusarse a la hora de cumplir con sus acreedores.

De esta manera el proceso quedó en suspenso y la entrega del dinero congelada durante los próximos diez días hábiles judiciales (contando a partir del miércoles). El remate podría suspenderse en caso de que el fiscal Moreno encuentre pruebas suficientes que respalden la teoría de que no existió inversión alguna con el dinero de los ahorristas y se trató de una estafa.

La presentación del concurso como pista

Uno de los rastros que condujo al fiscal Moreno a barajar la posibilidad de que Herrera quiera declararse insolvente con el remate de acciones de Matba Rofex, se encuentra en el rechazo que sufrió tras su intento por abrir el concurso de acreedores.

Luego de que el reconocido financista planteara la apertura del concurso de acreedores, el juez Marcelo Quiroga, a cargo del juzgado civil y comercial número 7 de los tribunales provinciales, le bajó el pulgar al considerar que la propuesta tenía defectos en su elaboración. En el texto no encontró justificaciones sobre la cesación de pagos ni tampoco advirtió claridad sobre el plan de Herrera para salir de esa situación.

Además de hacer referencias a inconsistencias en la propuesta, Quiroga expuso la falta de solvencia por parte de Herrera a la hora de querer justificar la falta de datos y registros indispensables sobre la contabilidad de su actividad.

En ese sentido, el juez ratificó que por su condición de comerciante matriculado, tiene la obligación de llevar la contabilidad de todos sus negocios con los registros y balances correspondientes.

A partir de este dato, el fiscal Miguel Moreno intentó rastrear las operaciones en el exterior, pero no encontró registro alguno. Esto lo condujo a evaluar que la inexistencia de material respaldatorio, puede significar que las colocaciones que Herrera convino con sus clientes, no existieron, y que por ende se trate de una estafa.

El camino de Herrera

La operatoria que empujó a Luis Herrera a esta situación, consistía en tomar dólares a inversores y colocarlos en el mercado de futuros. Las tasas de interés que ofrecía eran un atractivo suficiente para sus clientes, aunque no el único motivo. El financista tiene un extenso recorrido en asuntos bursátiles y hasta la renovación de autoridades de este año, formó parte de la mesa chica en la Bolsa de Comercio Rosario.

Pero el problema financiero que atraviesa no tiene que ver con la actividad bursátil, sino con las dificultades que presenta desde hace un año para la devolución de dólares a sus inversores, según indicaron allegados a los ahorristas.

Las dificultades económicas llevaron primero, durante fines de octubre, a una inhibición de bienes, dictada por la justicia civil. Pocas semanas después, el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, allanó las oficinas de su empresa Fernández Soljan, ubicada en Rioja 1474.

Ante esta situación, el reconocido financista decidió presentarse en la Justicia para que le permitan la apertura del concurso de acreedores. El rechazo no hizo más que poner en duda su posibilidad de cumplir con los pagos a acreedores y la situación seguirá en suspenso durante la próxima semana, mientras el fiscal Miguel Moreno intenta encontrar pruebas que demuestren el intento de estafa.

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