Los familiares de Jonathan Herrera, el joven de 23 años asesinado de tres disparos policiales cuando lavaba un auto en la puerta de su casa, se presentaron anteayer como querellantes en la causa que investiga a los cuatro uniformados de la Policía de Acción Táctica (PAT) como los autores del hecho. Fue el 4 de enero pasado, en pasaje Villar y Ayacucho, cuando varios policías perseguían a un joven acusado de asaltar una juguetería.
Los abogados de la familia Herrera, Paul Krupnik y Gustavo Feldman, indicaron que esperan que se confirme la presentación en una audiencia que se realizará esta semana para luego participar de la instancia donde la defensa de los policías pedirá revisar las prisiones preventivas sin plazo dictadas el 13 de este mes y, también, la calificación legal del hecho. Los letrados a cargo de la defensa del cuarteto policial apelarán la resolución, porque sostienen que fue un homicidio culposo mientras que desde del Ministerio Público de la Acusación indicaron que se trató de un hecho doloso, lo que comparte la querella.
En la audiencia imputativa que se realizó hace dos semanas en la sala 4 del 1º piso de los Tribunales provinciales, el magistrado Gonzalo López Quintana acusó al policía Ramiro R., de 23 años, de ser el autor de los disparos que mataron a Jonathan Herrera. Por su parte, tres de sus compañeros de la Policía de Acción Táctica (PAT), identificados como Francisco R. de 19 años, Luis S., de 22 y Alejandro G., 20, fueron imputados de la tentativa de homicidio del joven. A su vez, todos recibieron la prisión preventiva sin plazo. La resolución siguió la línea presentada por el representante del MPA, el fiscal Adrián Spelta, que se enmarca en un homicidio doloso.
En tanto, los abogados Alberto Tortajada, Romeo Díaz Duarte y Natalia Giordano, por parte de la defensa, solicitaron una prisión domiciliaria para los acusados. En la instancia del 13 de enero, Díaz Duarte remarcó que hay un acta de procedimiento que describe el accionar del personal de la PAT que se une al enfrentamiento, momento en que la víctima se cruza desafortunadamente y es baleada. Además, el letrado negó la posibilidad de un dolo directo o eventual y sostuvo la teoría de un hecho culposo. “Son chicos de 18 años a los que se les puso un uniforme”, opinó, y detalló que el gobierno los sacó a la calle con 6 meses de instrucción cuando se requiere de una preparación de 2 años. Tras escuchar la imputación, la defensa apeló la resolución.
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