“Los casos donde hay violencia estatal no se pueden resolver con juicios abreviados porque terminan generando impunidad”. Así lo expresó Analía Abreu, una de las abogadas que representa a la mamá de Jonatan Herrera, el joven que en enero del año pasado cayó muerto por balas policiales mientras lavaba su auto. Las declaraciones fueron realizadas después de que ayer en los Tribunales provinciales se llevara adelante una audiencia de apelación interpuesta por la querella en rechazo del acuerdo abreviado al que llegaron el fiscal Adrián Spelta y los defensores por el cual uno de los uniformados fue condenado a tres años de prisión por abuso de armas. El reclamo de la familia de Jonatan es que el agente sea sometido a un juicio oral y público como los otros cuatro imputados en la causa. La decisión del tribunal se conocerá en los próximos días.
La audiencia de apelación estuvo presidida por los jueces Daniel Acosta, Carlos Carbone y Carina Lurati, quienes escucharon los argumentos de apelación de Analía Abreu y Cintia Garcilazo, las abogadas que representan a María Elena Herrera, mamá de Jonatan y querellante en la causa. Del otro lado, en defensa del acuerdo abreviado por el cual Alejandro Gálvez fue condenado a tres años de prisión efectiva por abuso de armas, estuvo su defensora, Sara Marco y el fiscal Adrián Spelta.
Gálvez tiene 22 años y fue uno de los agentes de la debutante Policía de Acción Táctica que la tarde del 4 de enero de 2015 disparó contra Jonatan Herrera. Al momento del crimen, contaba con tan sólo 15 días de experiencia en la fuerza. Según la investigación, ese día personal del Comando Radioeléctrico inició una persecución en San Martín y bulevar Seguí tras un ladrón que escapó en moto. A la altura de calle Alem, el presunto asaltante se cayó y siguió corriendo. Cuando llegó a Ayacucho, un grupo de uniformados de la PAT que iban sobre el colectivo 133 vieron la escena, pararon el micro y bajaron. Dos de ellos, Ramiro R., de 23 años, y Alejandro Gálvez, de 20, lo hicieron por la puerta delantera del vehículo mientras que los Luís Alberto S., de 22, y Francisco Javier R., de 19, bajaron por detrás.
Jonatan estaba en la vereda lavando el auto cuando los uniformados dispararon en su contra. Recibió tres disparos, dos de ellos letales: uno en el cráneo, que no quedó en su cuerpo, y otro en el muslo, que le produjo una hemorragia.
En un principio, la investigación determinó que esta última bala salió del arma de Ramiro R. En tanto, durante meses no pudo determinarse de dónde provenía el plomo que impactó en el cráneo, hasta que en junio pasado Spelta reveló un nuevo estudio que apuntaba a una policía del Comando Radioeléctrico. La mujer fue imputada por homicidio y será enjuiciada junto con Ramiro R., Alberto S., y Francisco Javier R.
Sin embargo, antes de conocerse esta prueba, Alejandro Gálvez fue condenado a través de un juicio abreviado acordado por el fiscal Spelta y sus defensores. En este caso, tal vez la mala puntería le jugó una buena pasada ya que el argumento fue que ninguna de las balas de este agente impactó en el cuerpo de Herrera. El acuerdo fue rechazado por la familia de Herrera y generó un amplio debate en relación al uso de esta figura legal en casos de violencia institucional.
El fallo fue apelado por la querella que ayer argumentó que el acuerdo se firmó bajo una calificación distinta a la imputación, pasando de tentativa de homicidio a abuso de arma. “No hay fundamentos para considerar que no hay dolo homicida y sí de abuso de armas”, explicó Abreu en relación a la intención de agente a la hora de disparar.
Por su parte, la defensora Marco sostuvo que la querella “parece desconocer la diferencia entre el dolo homicida y el dolo de abuso de armas” y mandó a estudiar a las abogadas. La actitud de la letrada, que ya es un clásico en las distintas instancias del caso, le valió el llamado de atención del juez Acosta, quien le solicitó que conserve el respeto por sus colegas.
En tanto, Spelta volvió a remarcar que los disparos efectuados por Gálvez no estaban en la línea de fuego que mató a Herrera y defendió el acuerdo.
El tribunal llamó a un cuarto intermedio para debatir los argumentos presentados, por lo que la decisión se conocerá en los próximos días.
Después del debate Abreu concluyó: “Queremos que, como los otros cuatro policías involucrados, este agente vaya a juicio oral y público donde podamos cotejar la prueba y donde María Elena tenga una instancia para averiguar la verdad histórica de los hechos. No hay fundamentos para que algunos tengan el beneficio del abreviado y otros no. Pero, además, creemos que los casos donde hay violencia estatal no se pueden resolver con juicios abreviados porque terminan generando impunidad y esto es desfavorable no sólo para la familia, si no para la sociedad en general”.
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