El juez Javier Beltramone homologó ayer un juicio abreviado para uno de los cuatro policías implicados en el crimen de Gabriel Riquelme, ocurrido el 3 de marzo pasado en Villa Gobernador Gálvez. Julián Luque González acordó recibir una pena de tres años de cárcel en suspenso e inhabilitación especial por seis años, tras admitir ser condenado por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado de homicidio. El caso había tenido idas y vueltas ya que en primera instancia un magistrado Juan Carlos Curto había rechazado el acuerdo, aunque luego la Cámara Penal revocó esa decisión.
Luego de una noche de amigos, en la madrugada del 3 de marzo Gabriel Riquelme regresaba a Villa Gobernador Gálvez a bordo del auto de un conocido. Iba sentado en el asiento trasero cuando otro vehículo comenzó a seguirlos a los tiros. La persecución se extendió hasta Pueblo Esther, donde según la investigación los autos se detuvieron, uno de los ocupantes del vehículo agresor bajó y disparó contra el rodado donde iba a la víctima, circunstancia en la cual Riquelme recibió dos balazos fatales.
Más de 24 horas después del homicidio, cuatro policías del Comando Radioeléctrico villagalvense se presentaron ante su superior y sostuvieron sobre su participación en el hecho: que habían visto un arma dentro del otro auto y que dispararon “al aire”.
El cuarteto quedó detenido e imputado de homicidio calificado por la participación de dos o más personas y por su calidad de funcionarios públicos. Luego, uno de ellos, Julián Luque González, de 29 años, alegó que no participó en la balacera, y que mientras se producía la persecución llamó en tres oportunidades al 911 pidiendo auxilio, a la vez que describió el accionar de los otros tres policías. Más tarde, el fiscal Miguel Moreno y el defensor Maximiliano Nicosia llegaron a un acuerdo abreviado que fue desechado por el juez Carlos Curto, y al día siguiente el juez otorgó la libertad del policía. La decisión fue cuestionada por la Fiscalía.
En audiencia apelatoria, el camarista Otto Crippa García resolvió revocar la resolución de Curto, al entender que se debe respetar el sistema adversarial (en vigor desde el pasado 10 de febrero) donde el manejo del caso queda en manos de las partes salvaguardando las garantías constitucionales. Dijo que, si bien no puede dejarse de lado el cuestionamiento del juez Curto acerca de la participación y, a la vez, el encubrimiento del imputado, tampoco puede obviarse los principios de la duda ni celeridad. Detalló que el juez tiene una facultad de contralor de la legalidad del acuerdo pero sólo en cuanto a las formas. Así, revocó el fallo y dispuso nueva audiencia con otro magistrado.
Esa audiencia se realizó ayer. El juez Javier Beltramone hizo lugar al juicio abreviado tal como había sido planteado en su inicio por las partes, el fiscal Miguel Moreno y su par Adrián Spelta, con el defensor Maximiliano Nicosia: una condena de tres años en suspenso, más una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo, lo que fue consentido por el acusado.
Los otros tres uniformados siguen en proceso por homicidio agravado: Roberto Antonio P., de 34; Virginia Itatí E., de 39, y Nelson C., de 32.
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