Un día después de que los padres y familiares de los 43 estudiantes mexicanos desparecidos en Iguala, estado de Guerrero, declararan su decepción por la falta de apoyo de las autoridades ante el propio presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el caso llegó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Se trató de la primera de cinco audiencias sobre la situación en México que tendrán lugar en el principal organismo regional en materia de derechos humanos, con sede en Washington.
El secretario ejecutivo de la Cidh, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, calificó el caso de Iguala, y otros anteriores ocurridos en su país, como “extraordinariamente preocupantes” por las debilidades que exponen, especialmente en materia de “incapacidad de los cuerpos estatales”.
“Lo que pasó con los policías de Iguala disparándoles a los jóvenes es gravísimo. Y lamentablemente no son hechos nuevos, son sucesos recién presentados, pero obedecen a cosas que han sucedido en el pasado y esa es la enorme preocupación”, entre las autoridades de la Cidh, destacó.
Por su lado, el relator para México, James Cavallaro, puso el dedo en la llaga: “¿Está haciendo el Estado lo suficiente?”
Los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de un mes luego de ser atacados a tiros por policías y narcotraficantes en la ciudad de Iguala manifestaron una profunda decepción anteanoche, luego de mantener una reunión de más de seis horas con el presidente Peña Nieto, quien intentó tranquilizarlos con la promesa de que se fortalecerán “los esfuerzos de localización con un plan renovado de búsqueda”.
Del lado de la Cidh, analizan como opción la creación de un equipo integrado con expertos de ese organismo y de Naciones Unidas, pero no hay aún un plan definido.
“Queremos ver si el Estado (mexicano) valida esto”, dijo Álvarez Icaza.
A la reunión con los representantes mexicanos asistieron dos comisionados, por lo que la decisión final no se espera sino hasta que la Comisión realice la próxima semana, a puerta cerrada, su evaluación sobre las sesiones públicas del período de audiencias, que culminan este viernes.
La reunión también apunta a dar seguimiento a las medidas cautelares que la Cidh resolvió tanto en el caso de Iguala, como en el de tres militares acusados de haber ejecutado al menos a ocho presuntos secuestradores en Tlatlaya.
La asistencia técnica de la Cidh, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), sólo tiene dos precedentes en América latina: una en el caso de la dirigente ecologista y de derechos civiles, la indígena Digna Ochoa, asesinada en 2001 en México, y en el atentado en Argentina contra la organización israelita Amia, en 1994.
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