En la provincia funcionan alrededor de 200 agencias de seguridad privada en las que trabajan unas 8.000 personas. La actividad aún no está regulada por ley. Para solucionar ese vacío legal, la Cámara de Diputados de Santa Fe le dio media sanción, en su última sesión, a un proyecto de Alicia Gutiérrez que establece mecanismos de regulación y sanciones para aquellas empresas que no cumplan con los requisitos establecidos.
La iniciativa de la diputada oficialista regula la prestación privada de servicios de investigación, custodia y seguridad en la provincia de Santa Fe. Es la quinta vez que la diputada presenta el proyecto (la primera fue en 2008) y, a diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez se logró un consenso entre los distintos bloques que derivó en la media sanción. Ahora el Senado deberá refrendarlo para que sea ley.
El proyecto tiene por objetivo que el Estado ejerza un control efectivo sobre el accionar de las empresas de seguridad privada y su personal. Determina las condiciones y requerimientos que deben cumplir las agencias para que puedan ser habilitadas y registradas, también el modo en que deben ser fiscalizadas y, además, las sanciones que se aplicarán ante cualquier tipo de incumplimiento.
Entre las reglamentaciones se establece que ninguna agencia de seguridad puede contratar a policías en actividad ni a miembros de las fuerzas armadas. Tampoco a integrantes de las fuerzas de seguridad que hayan sido exonerados. “También dispone una cantidad de requisitos y antecedentes que deben tenerse en cuenta a la hora de la contratación del personal”, explicó la autora del proyecto.
En la ley se estipula, además, que estas actividades de las agencias particulares deberán ser complementarias a las que realiza el Estado provincial y deberán estar sujetas a las políticas que se fijen, desde el Poder Ejecutivo, con el objeto de resguardar la seguridad pública. “Es urgente contar con una herramienta legal permita controlar y, si es necesario, implementar sanciones, sobre todo teniendo en cuenta que estos trabajadores y estas empresas deben controlar a los santafesinos y colaborar en el mantenimiento del orden y de la paz social”, sostuvo Gutiérrez.
En julio de 2015, el gobierno de Santa Fe reglamentó la ley provincial que adhiere a la ley nacional 26.370 por la cual se regula el trabajo del personal de seguridad de locales nocturnos, eventos y espectáculos públicos. Contempla la creación de un registro único público de “patovicas” donde figuren todas las personas habilitadas para llevar adelante la actividad, como así también las que han sido sancionadas. “Es muy importante trabajar en forma coordinada con la Nación y compartir información”, agregó Gutiérrez.
No obstante, la diputada advirtió: “A pesar de esta normativa y de algunas resoluciones ministeriales, es necesario contar con una legislación específica que regule la prestación privada de servicios de vigilancia, investigación, custodia y seguridad de personas y bienes dentro del territorio santafesino. Diariamente miles trabajadores de agencias de seguridad resguardan bancos, clubes, edificios públicos y privados, y cumplen funciones en espectáculos públicos masivos”.
Con la iniciativa se apunta a garantizar la integridad, eficiencia y capacidad de los trabajadores de la seguridad privada a través de la instrucción, las prácticas y los controles necesarios para prevenir que en esas empresas se incorporen “personas inescrupulosas o exoneradas de las fuerzas de seguridad”, según la diputada Gutiérrez.
Fundamentos
Entre los fundamentos del proyecto, se explica que “no sólo ha aumentado la prestación de estos servicios y la cantidad de empresas, tornándose así necesario mejorar el control por parte del Estado sobre los prestadores y su personal”, sino que, además, hoy en día la seguridad en el ámbito privado se encuentra dirigida a prevenir eventuales delitos que pudiesen afectar a particulares. “Se ha transformado en un servicio que otorgan determinadas instituciones o comercios para atraer a sus potenciales clientes”.
En la iniciativa se determina que los servicios de seguridad, vigilancia y custodia son considerados “de interés público”. Por tanto, toda contratación que exista de ese tipo de servicios que incluya cláusulas o condiciones contrarias a la ley, se considerará nula. Los sujetos contratantes de los servicios privados de seguridad no podrán contradecir o disminuir las obligaciones y deberes que les impone la norma.
Además, la ley regula el uso de armas de fuego y la capacitación del personal de vigilancia en las instituciones educativas autorizadas a través de programas establecidos para ese fin. Se crea un régimen de sanciones y se otorga a la Dirección respectiva un amplio poder de Policía con la posibilidad de aplicar una gama de sanciones en proporción a las infracciones cometidas, como apercibimiento, multas, inhabilitaciones temporales y, en último término, la cancelación definitiva de la habilitación.
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