Arlen Buchara
Ya son mil las denuncias contra la empresa constructora Bauen Pilay por aumentos en las cuotas mensuales que pagan los clientes para tener una casa propia. Los reclamos llegan a la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor de Rosario, que desde abril organiza audiencias de mediación para llegar a un acuerdo con la firma. Pero las soluciones parecen estar cada vez más lejos. Después del rechazo a una propuesta hecha a principios de junio no hubo ninguna oferta superadora. “Hasta ahora Bauen Pilay se niega a reconocer que aplicó aumentos abusivos y sólo ofrece descuentos que en dos años dejan a los clientes en la misma situación que ahora”, explicó Ariel D’Orazio, funcionario de la dependencia que recibe las demandas. Los incrementos en las cuotas superaron el 120 por ciento en dos años, con pagos mensuales que van de los 8 mil a los 17 mil pesos. Bauen Pilay argumenta que los costos de construcción fueron más altos de lo previsto.
Este viernes y la semana pasada dos nuevos grupos de clientes se sentaron a negociar con los representantes de la constructora Bauen Pilay. La empresa ofreció que los denunciantes accedan a un crédito hipotecario para refinanciar la deuda o que se acerquen a sus sucursales para negociar individualmente. Es decir, dejar de lado la mediación iniciada en abril a través de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor.
“Los vecinos entendieron que este es un espacio para canalizar los reclamos y la empresa intenta hacerlo por fuera. Ha desestimado la posibilidad de algún acuerdo y está lejos de la vocación de conciliar. Si no hay voluntad de negociación lo único que queda es la audiencia pública en el Concejo Municipal”, explicó D’Orazio a El Ciudadano.
En el contrato que firman los inversores con Bauen Pilay se establece que los incrementos en las cuotas se calculan con base en el índice difundido mes a mes por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Pero el documento tiene una cláusula: en caso de que los costos reales de construcción fueran más altos la cuota se ajustará. Los contratos de este tipo son de adhesión: no hay una negociación entre las partes y el cliente sólo puede aceptar las condiciones redactadas por la empresa.
Desde la firma el presidente Javier Vigo Leguizamón argumentó que en los últimos años hubo un desfasaje entre lo que vale construir y los índices de la CAC. Y bajo ese argumento se cobró un 66 por ciento más de lo indicado por la cámara, lo que equivale a cuotas de 8 mil pesos para los que están en categoría de espera y 17 mil para los que ya tomaron posesión de los departamentos. Los valores están muy lejos del slogan que promete llegar a la casa propia pagando mensualmente el equivalente a un alquiler.
“Los aumentos son imposibles de pagar. Superan los ingresos de un empleado de comercio”, dijo D’Orazio y agregó: “La empresa ha quebrado la confianza con sus clientes y no reconoce los incrementos. Sólo ha ofrecido refinanciaciones. En ningún momento propuso volver al valor que establece la CAC y menos aún devolver lo abonado de más en estos años”.
Para el funcionario la cláusula es abusiva porque la firma “elabora el contrato, lo impone y lo modifica en base a lo que le conviene estableciendo un índice propio”. Por eso, desde la oficina de defensa al consumidor sostienen que “el aumento fue unilateral, arbitrario e impuesto a los clientes sin saber si podían abonarlo o no”.
Respecto a los argumentos que dio Bauen Pilay para subir las cuotas, D’Orazio explicó que en las audiencias el presidente de la firma dijo que tenían un desfasaje del 35 por ciento en los costos de producción. Pero la suba fue superior: un 66 por ciento más de lo indicado por la CAC. “Bauen sostiene que hay ordenanzas en Rosario que encarecen construir. Pero lo cierto es que esas legislaciones son de 2008 y los incrementos empezaron en 2015, con la devaluación. Y también recibimos consultas de Córdoba y Santa Fe, por lo que no sería un problema sólo de nuestra ciudad”, agregó.
Reclamos
Los clientes de Bauen Pilay se organizaron a través de Whatsapp en abril y en tandas llegaron a la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor para hacer el reclamo. Cada grupo que entra a negociar tiene como objetivo conseguir el mejor acuerdo para el resto de los denunciantes. Desde la primera audiencia piden volver al valor de la cuota ajustada por el índice CAC, que en marzo debía ser de 8.900 pesos. También reclaman que sólo se siga este indicador y el reintegro del excedente abonado en los últimos años.
A principios de junio un primer grupo de 23 clientes cerró un acuerdo. Pero no trascendió ninguna información porque fue sellado bajo una cláusula de confidencialidad.
Días después la empresa hizo una propuesta a otros dos grupos de cien personas. Ofreció bajar la cuota a 10.800 pesos y ajustar por la CAC durante 24 meses. Desde el mes 25 hasta finalizar el contrato propuso sumar cada mes 175 pesos regidos por la CAC. La cifra es acumulativa, es decir, todos los meses se suman 175 más el valor de la CAC. Los dos grupos la rechazaron porque consideraron que en dos años estarán en la misma situación que ahora.
Ante la falta de nuevas propuestas, los clientes irán por una audiencia pública en el Concejo Municipal a la que podrá asistir cualquiera de los 11 mil clientes que tiene la compañía en la ciudad.
Para llegar al Palacio Vasallo los denunciantes necesitan 3 mil firmas. Los interesados pueden acercarse a la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor (Córdoba 852) de 8 a 16. O dirigirse a cualquiera de los puntos de la ciudad que se informan a través de las cuentas de Twitter y Facebook bajo el nombre “Operativo Bauen”.
CLÁUSULA ABUSIVA
La semana pasada la Defensoría del Pueblo calificó como abusiva la cláusula del contrato que usó hasta ahora Bauen Pilay para aumentar las cuotas. Desde el organismo público recordaron que los inversores en planes de construcción firman un “contrato de consumo” y que deben aplicarse los principios de derecho a información clara y precisa, la interpretación a favor del consumidor y la prohibición de cláusulas abusivas.
Desde la Defensoría sostuvieron que las cláusulas se transforman en abusivas cuando atentan contra la buena fe contractual y causan un desequilibrio importante e injustificado para el consumidor.
