La Unidad Fiscal de Derechos Humanos solicitó la pena de prisión perpetua para 18 de los 23 imputados en el juicio que se realiza en Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada durante la última dictadura cívico militar.
El pedido formulado en su alegato final por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani recayó sobre diez represores de la Armada, cinco del Ejército y tres de la Prefectura Naval, por crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.
En el alegato pronunciado ante el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, la Unidad Fiscal pidió que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad, parte del crimen de genocidio y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca.
Además, los fiscales solicitaron penas de 17 años para otro imputado integrante de la Armada,19 años para uno del Ejército y 25 años para otro acusado de la Prefectura.
También requirieron para un ex policía bonaerense una pena de 10 años de prisión y para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense 18 años.
Entre los represores de la Armada, pidieron prisión perpetua para Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raul Artemio Domínguez, y 17 años para Domingo Ramón Negrete.
En el caso del Ejército, el pedido de pena máxima alcanzó a Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero y Víctor Raúl Aguirre, en tanto que para Alejandro Lawless la Unidad Fiscal solicitó 19 años de prisión.
En cuanto a integrantes de la Prefectura, el pedido de prisión perpetua fue solicitado para Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos y Néstor Alberto Nougués , mientras que 25 años para Pedro Alberto Pila.
También solicitaron 10 años de prisión para el ex policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman y 18 años para el ex agente penitenciario Héctor Luis Selaya.
Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina.
Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano; en la Base de Infantería de Marina “Baterías”, ubicada en Punta Alta, ambos de la Armada; en las dependencias de la Prefectura en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.
Luego de solicitar las penas, el fiscal Nebbia además pidió a los jueces que “todos los delitos enumerados sean declarados de lesa humanidad y como parte del crimen del genocidio”, y que la parte resolutiva de la sentencia “sea publicada en un lugar destacado y visible en el diario La Nueva Provincia”.
También propició la protección del predio de la séptima Batería a fin de recolectar prueba que permita establecer “si allí existieron enterramientos clandestinos”.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos solicitó la pena de prisión perpetua para 18 de los 23 imputados en el juicio que se realiza en Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada durante la última dictadura cívico militar.
El pedido formulado en su alegato final por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani recayó sobre diez represores de la Armada, cinco del Ejército y tres de la Prefectura Naval, por crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.
En el alegato pronunciado ante el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, la Unidad Fiscal pidió que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad, parte del crimen de genocidio y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca.
Además, los fiscales solicitaron penas de 17 años para otro imputado integrante de la Armada,19 años para uno del Ejército y 25 años para otro acusado de la Prefectura.
También requirieron para un ex policía bonaerense una pena de 10 años de prisión y para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense 18 años.
Entre los represores de la Armada, pidieron prisión perpetua para Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raul Artemio Domínguez, y 17 años para Domingo Ramón Negrete.
En el caso del Ejército, el pedido de pena máxima alcanzó a Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero y Víctor Raúl Aguirre, en tanto que para Alejandro Lawless la Unidad Fiscal solicitó 19 años de prisión.
En cuanto a integrantes de la Prefectura, el pedido de prisión perpetua fue solicitado para Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos y Néstor Alberto Nougués , mientras que 25 años para Pedro Alberto Pila.
También solicitaron 10 años de prisión para el ex policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman y 18 años para el ex agente penitenciario Héctor Luis Selaya.
Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina.
Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano; en la Base de Infantería de Marina “Baterías”, ubicada en Punta Alta, ambos de la Armada; en las dependencias de la Prefectura en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.
Luego de solicitar las penas, el fiscal Nebbia además pidió a los jueces que “todos los delitos enumerados sean declarados de lesa humanidad y como parte del crimen del genocidio”, y que la parte resolutiva de la sentencia “sea publicada en un lugar destacado y visible en el diario La Nueva Provincia”.
También propició la protección del predio de la séptima Batería a fin de recolectar prueba que permita establecer “si allí existieron enterramientos clandestinos”.
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