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peligra su candidatura

Avanzada contra Lula: lo condenaron a 9 años de prisión

Lula denunció en múltiples oportunidades una persecución judicial para impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de 2018.


El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado hoy a 9 años y 6 meses de prisión por supuesta corrupción y lavado de dinero en el caso de desvíos de la empresa Petrobras, en una sentencia emitida por el juez Sergio Moro, quien está a cargo de la Operación Lava Jato. Se trata de una avanzada contra el político más popular de Brasil y el que cuenta con mayor aprobación de la gente.

Lula podrá ser detenido si la sentencia es confirmada en segunda instancia por el tribunal regional de Porto Alegre, algo que también lo puede sacar de la carrera presidencial de 2018.

El ex presidente había dicho que cualquier condena en su contra “sería parte de una acción política” por parte de Moro.

El caso se refiere a un departamento en el balneario de Guarujá de la empresa OAS que Moro entendió que se trataba de parte del pago de sobornos a cambio de contratos de esa firma con Petrobras.

El juez Moro, a quien Lula denunció por persecución ante el comité de Derechos Humanos de la ONU, escribió que existe una “culpabilidad elevada” del ex presidente.

El magistrado entendió que el apartamento, a nombre de la OAS, era en realidad destinado a Lula, como parte del dinero que el Partido de los Trabajadores (PT) recibió supuestamente de las empresas como parte de aportes ilegales de campaña o sobornos.

“La responsabilidad de un presidente de la República es enorme y por eso también su culpabilidad cuando comete delitos”, sostuvo el magistrado de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná.

La defensa de Lula puede apelar esta sentencia ante la Cámara Federal de la cuarta región. La fiscalía pidió la condena de Lula a prisión en un sistema cerrado, y el pago de una multa de más de 87 millones de reales.

Lula denunció en múltiples oportunidades una persecución judicial para impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de 2018.

Movimientos sociales ya rechazaron la sentencia.

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