Tras las críticas de la oposición por los “perjuicios millonarios” que le ocasionó a la provincia la rescisión del contrato de la autopista Rosario-Santa Fe a la empresa Arssa, este jueves el gobierno de Miguel Lifschitz respondió que se tratan de “imprecisiones y acusaciones infundadas” por parte de los diputados del FJPV Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella, Germán Bacarella y Silvia Simoncini.
El Ejecutivo emitió un comunicado en el que responde las críticas que habían hecho el miércoles los legisladores opositores. En primer lugar, aclara que la rescisión de la concesión de la autopista se hizo luego de un proceso de revisión del contrato por parte de la Subsecretaría de Auditoría y Control del Ministerio de Infraestructura y Transporte “en el que se hizo un exhaustivo análisis y una completa revisión de lo acontecido en el marco de la concesión”.
Luego, niegan que haya habido “falta de firma de personal de carrera” (Dirección Provincial de Vialidad, Sindicatura General y Tribunal de Cuentas). “La afirmación es falsa y denota un grave desconocimiento de los procesos administrativos por parte de los diputados opinantes”, sostienen desde el gobierno.
“Los diputados –sigue el comunicado afirman que existe una fuga de empresas del consorcio Arssa y aseguran que de las seis que la constituyeron originalmente solo quedan dos. Esta afirmación es, cuanto menos, incorrecta: durante el transcurso de la concesión, algunos de los socios integrantes del consorcio solicitaron al Ministerio la desvinculación de la concesión. Y en ninguna instancia el Ministerio autorizó la desvinculación de ninguno de los socios, por lo cual resulta materialmente imposible que exista ocultamiento oficial sobre un hecho que nunca ocurrió”.
Los diputados opositores habían señalado que “dos de las empresas se presentaron para la licitación del primer tramo de repavimentación de la autopista”. El gobierno contestó: “La mención de tal circunstancia resulta maliciosa. La repavimentación del primer tramo del corredor se tramita a través de una licitación pública. Y aunque efectivamente algunas de las empresas integrantes de Arssa se postularon para realizarla, ninguna de ellas fue adjudicataria de la obra”.
El escrito difundido por la provincia también rechaza la supuesta “ilegalidad” del contrato de rescisión y del decreto del Poder Ejecutivo que refrenda ese acuerdo: “Se respetaron procedimientos internos, la intervención obligatoria del órgano de control de la autopista y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos”.
Por último, sobre el supuesto perjuicio económico para la provincia de más de 1.500 millones de pesos, el gobierno señala que “es incorrecto e infundado” y que “el acuerdo de extinción del contrato de concesión permitió retomar de forma inmediata la posesión sobre el corredor y dar comienzo a tareas de emergencia que garanticen la seguridad vial, así como también a los procesos licitatorios que permitan contar con la repavimentación de la autopista”.
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