La fiscal federal Paloma Ochoa imputó ayer al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el nombramiento del citado subsecretario que regulará la construcción de las represas Jorge Cepernic y Nértor Kirchner en la provincia de Santa Cruz. en una causa por supuesto “conflicto de intereses e impacto ambiental”.
Todo se inició por la denuncia realizada por el senador nacional Fernando “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale, y alcanza también a la titular de la Oficina Anticorrupción Alonso, otra de las imputadas por la Fiscalía por no investigar el supuesto conflicto de intereses en que habría incurrido el funcionario Marcolini.
Según la denuncia fue “ilegal la designación de Marcolini como funcionario”, y “está conectado con la voluntad política de que este continúe a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado y así avanzar con este monumental proyecto hidroeléctrico a cualquier costo”.
Además, la denuncia aseguró que Alonso “tiene cajoneada en la Oficina Anticorrupción desde noviembre del año pasado una denuncia de las ONGs sobre este conflicto de intereses de Marcolini”.
En su presentación ante el juez Sebastián Ramos, la Fiscalía pidió investigar los supuestos delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario público.
Según la denuncia, Marcolini, como subsecretario de Energía, es el encargado de recibir y aprobar un nuevo estudio de impacto ambiental de las represas, realizado por Ebisa, una empresa de capital estatal, de la cual el funcionario en cuestión figura como director, lo cual es incompatible.
“Resulta objeto de esta investigación la incompatibilidad en la que habría incurrido Marcolini al intervenir en función de su cargo en la ejecución del proyecto Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz”, sostuvo la Fiscalía.
Además, recordó que el subsecretario ejerció el cargo de jefe del departamento de Ingeniería Sanitaria en la empresa Iatasa, que produjo un informe ambiental favorable a la construcción de las represas.
El 10 de diciembre de 2015 Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica, y en enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa), empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental.
Para los denunciantes, el conflicto de intereses recae en que “el director de Ebisa, que es Marcolini, hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, él mismo, para ser revisada por éste”.
No se trata de la primera acusación contra Aranguren por conflictos de intereses. En 2016 fue Elisa Carrió quien acusó al ministro por no desprenderse de sus acciones en Shell, empresa de la cual había sido CEO.
