La suspensión del fiscal que ilegalmente intervino el teléfono de su ex novia depende hoy de Jorge Baclini, la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La medida fue solicitada por la auditora que investiga el desempeño de Fernando Rodrigo y, de ser aprobada, dejará de trabajar con goce de sueldo. El funcionario público fue denunciado por pedir escuchas de la línea de su ex, también empleada del MPA, y de dos familiares de ella, que mezcló con otras en el marco de cuatro investigaciones sobre bandas delictivas rosarinas. En paralelo a la investigación administrativa, se abrió una penal, a cargo de Natalia Benvenutto, fiscal de Cañada de Gómez, elegida para garantizar imparcialidad. Es decir, para sacar la pesquisa de la mano de sus colegas cercanos. Sin embargo, tanto ella como Rodrigo son miembros de la comisión directiva de la Asociación de Fiscales: él es presidente y ella secretaria.
La auditora María Cecilia Vranicich pidió ayer la suspensión preventiva del fiscal Fernando Rodrigo de la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional Rosario, en el marco de la investigación administrativa que lleva adelante sobre su desempeño. La medida debe ser aprobada por el fiscal general Jorge Baclini, quien antes deberá escuchar el descargo del funcionario investigado. La definición se conocerá a fines de la semana que viene, dijeron voceros judiciales a El Ciudadano.
Rodrigo intercaló el teléfono de su ex pareja y de dos familiares de ella entre los pedidos de escuchas hechos en al menos cuatro investigaciones sobre bandas delictivas de la ciudad. Una fuente judicial explicó que Rodrigo utilizaba distintas causas para espiar a la muchacha por períodos más largos a los que conceden los jueces. “Cuando se pide una escucha se presenta la justificación en base a la causa. Muchas veces no se sabe quiénes son los titulares porque pueden ser teléfonos liberados. El juez autoriza por una determinada cantidad de días, que casi nunca supera el mes. Cuando ese período terminaba Rodrigo hacía el pedido en otra causa y renovaba la intervención en la línea”, aseguró.
La denuncia contra Rodrigo fue hecha por un empleado de Fiscalía el lunes de la semana pasada y tomó estado público el viernes a la noche. El día anterior allanaron la casa y el estudio de Rodrigo y secuestraron computadoras, teléfonos y otras pruebas relevantes. Ese jueves el fiscal pidió licencia y se la concedieron.
En paralelo a la investigación administrativa de la auditoría externa, se abrió una investigación penal a cargo Natalia Benvenutto, una fiscal de Cañada de Gómez. La mujer fue elegida porque, al no trabajar en Rosario, no tiene contacto con las causas de Rodrigo y puede garantizar imparcialidad.
Sin embargo, tanto ella como Rodrigo son miembros de la comisión directiva de la Asociación de Fiscales. Él es el presidente y ella está tercera en el orden jerárquico, con el cargo de secretaria. Consultado por El Ciudadano, el vice de la entidad, el fiscal Guillermo Apanowich, sostuvo que Rodrigo pedirá licencia de su cargo y que la semana que viene la comisión directiva evaluará qué hacer. “Tenemos previsto llamar a elecciones desde hace meses pero por cuestiones internas se fue postergando”, sostuvo.
“Es la primera vez que pasa algo así. La asociación tiene dos años funcionando, nunca había ocurrido nada de estas características. Hemos hecho manifestaciones públicas por cuestiones externas, como ataques que han tenido compañeros por parte de terceros, pero por esto no hemos hecho comunicación hacia afuera”, dijo el vicepresidente de la Asociación de Fiscales. El último comunicado en la web de la asociación, fue hecho después del escándalo que se desató cuando se supo que la mayoría de los fiscales habían reprobado el concurso para estar en sus cargos. La entidad salió a repudiar este tipo de exámenes con un documento impulsado por Rodrigo.
Hasta ahora los pronunciamientos sobre el desempeño del fiscal parecen no trascender los pasillos del MPA y los Tribunales. A una semana de haber tomado estado público, ningún funcionario judicial hizo declaraciones públicas repudiando o respaldando el accionar de Rodrigo. Un silencio que, depende de dónde se lo mire, puede interpretarse como respeto por la investigación en curso o complicidad.
De acusado a acusador
Rodrigo integra el Ministerio Público de la Acusación desde la puesta en marcha del sistema, el 10 de febrero de 2014. Ahora trabajaba en la Unidad de Investigación y Juicio, aunque antes lo hizo en la oficina de Violencia de Género. En ese rol fue cuestionado en marzo de 2015 por organizaciones de mujeres. Fernanda Serna, víctima en un caso de violencia de género, lo denunció por incumplimiento de deberes y pidió su renuncia. “El fiscal Rodrigo considera que son causas civiles y por eso las desestima”, lo describió tras enumerar las causas que Rodrigo mandó al archivo.
