Un grupo de trabajadores encabezado por los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) local volvió ayer a cortar el tránsito por bulevar Oroño entre Córdoba y Santa Fe en protesta ahora por el despido de 32 obreros que se desempeñaban en la construcción de un edificio que se levanta en el interior de la manzana, cuestionado por los vecinos y paralizado por el municipio.
Una manifestación similar había ocurrido el lunes al suspenderse las tareas y cuando los despidos eran todavía sólo una preocupante posibilidad.
Los dirigentes sindicales presentes en el lugar anunciaron el inicio de un plan de lucha que incluye posibles paros en todas las obras públicas municipales si es que la situación no se soluciona, advertencia a la que respondió poco después la intendenta Mónica Fein.
La protesta de ayer fue disparada por la llegada de los telegramas de despido para los empleados del complejo de viviendas que se levanta en Oroño 737, obra que tras un reciente fallo judicial fue clausurado por la Dirección de Obras Particulares del municipio, y se inició a las siete de la mañana.
A esa hora medio centenar de trabajadores ocupó el carril este de Oroño entre Córdoba y Santa Fe y cortó el tránsito hacia el norte expresando con bombos y redoblantes su bronca por la llegada de los telegramas de despido para 32 empleados.
Dominó de decisiones
El complejo de viviendas Oroño Inn que se levanta a la altura del 737 viene siendo objeto de polémicas y contramarchas en ámbitos judiciales, municipales y en el Concejo local.
La sala I de la Cámara Civil de los Tribunales provinciales declaró inadmisible el pasado 17 de junio el amparo presentado por el responsable del proyecto ante un reclamo de vecinos y suspendió así el permiso precario de edificación que éste tenía.
Ese pronunciamiento llevó al municipio a clausurar la obra y desató el conflicto que ahora afecta a los obreros.
Una obra polémica
La edificación había sido denunciada en mayo por un grupo de vecinos que llevaron el caso a la Justicia y por la concejala María Fernanda Gigliani (PPS), coincidiendo en la presunta existencia de dos tipos de irregularidades en la habilitación.
La primera está vinculada con la seguridad. El complejo, que se planificó con 32 unidades y tres pisos de altura, se levanta en el centro de la manzana y la única vía de entrada y salida para sus futuros ocupantes –estimados en 120– es un pasillo que no llega a un metro y medio de ancho. Gigliani señaló que el lugar, en caso de alguna emergencia, podría llegar a transformarse en una “trampa mortal”, ya que por allí “es imposible el ingreso de bomberos, rescatistas o ambulancias”.
El otro eje de la denuncia se planteó en torno a una supuesta violación del Código Urbano.
Los vecinos denunciantes sostienen que el pasillo “estaba preparado para un lote de 200 metros cuadrados” y en una situación de “total irregularidad” se le anexó otro terreno de 800 metros, lo cual modificó sustancialmente el proyecto.
Con la obra frenada y los telegramas de despido en la mano, la Uocra y los obreros despedidos culparon ayer al municipio y a los vecinos denunciantes por la situación que atraviesan.
Extender el conflicto
“La obra está terminada en un 70 por ciento y anteayer (por el martes) fuimos a la Municipalidad, donde la respuesta que recibimos fue que la situación la debe resolver la Justicia. Por el contrario, nosotros creemos que es la Intendencia la responsable de lo que está sucediendo y de la suerte de los trabajadores”, señaló Sixto Irrazábal, uno de los dirigentes de la seccional Rosario de la Uocra, en contacto con El Ciudadano.
El gremialista insistió en el planteo y sostuvo que “son los funcionarios locales los que, por cuestiones políticas y por las presiones del Concejo, terminan frenando los trabajos.
El juez lo único que hizo fue declarar inadmisible un amparo”, agregó.
Irrazábal cerró el diálogo con una amenaza. Dijo que si en el conflicto no tiene una solución a corto plazo la semana próxima el sindicato impulsará paros en todas las obras públicas que lleva adelante la Municipalidad.
La medida podría quedar definida hoy mismo en una reunión que el sindicato mantendrá con los despedidos.
“No tenemos responsabilidad”
Tras las acusaciones de la Uocra, la intendenta Mónica Fein afirmó ayer a mediodía que la Municipalidad no tiene “ninguna responsabilidad” en la situación que enfrentan los trabajadores del complejo en construcción de Oroño al 700, y agregó que le parecía “extraño” que estos obreros, “teniendo toda la información, realicen una protesta contra el municipio”.
“Nosotros cumplimos con las normativas judiciales. No tenemos ninguna responsabilidad desde el municipio en ese tema. En todo caso deberían dirigirse a quien corresponda”, agregó la intendenta sin abundar en más detalles.
Frente a la amenaza de la Uocra de disponer un paro en las obras públicas de la Municipalidad, Fein confió en que esa medida no se concrete.
“Estoy preocupada por eso, pero no hay motivo para un paro”, agregó.
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