Funcionarios de la Fiscalía Regional Santa Fe que comanda Carlos Arietti se constituyeron este viernes en la sede del Ministerio de Seguridad para incautarse de documentación vinculada con dos licitaciones que encabezó el entonces ministro Marcelo Sain y que están cuestionadas ante la Justicia, de armamento y motos para la Policía, en medio del enfrentamiento inter e intrapoderes que sacude las instituciones provinciales a propósito de la por ahora postergada suspensión en la Legislatura del controvertido funcionario, director hoy del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA). También fueron secuestrados “todos los expedientes de fondos reservados” de la gestión del radical Maximiliano Pullaro, lo que incluye la causa Casco que también tiene una instancia penal, añadieron las fuentes consultadas por este diario.
No fue un allanamiento, fue la precisión técnica que eligieron desde el Ejecutivo y la Fiscalía para describir el oficio con el que se presentó la fiscal de Delitos Complejos Mariela Jiménez en el edificio de Primera Junta y 9 de Julio.
La funcionaria, del área que comparte con su par Ezequiel Hernández, secuestró el expediente de la licitación de armamento por 1.400 millones de pesos, objetado por diputados opositores, y también el de motocicletas por un valor de 370 millones de pesos, dijeron los voceros, quienes dijeron que el procedimiento se concretó en las oficinas de la Dirección General de Administración y en el área de Coordinación de Administración Financiera.
“Los expedientes de motos y armas tienen el okey del Tribunal de Cuentas. Es más, el de armas estaba por ir a Economía para el respectivo informe”, describió una fuente del Ejecutivo en defensa de las licitaciones objetadas.
En febrero pasado, la Justicia frenó una licitación para la adquisición de un lote de armas de fuego que tenían como destino la Policía de Santa Fe: se licitó la compra de armas como unidad indivisible, de distintas características, sin permitir la cotización ni la competencia por rubros.
La firma Bersa, que produce pistolas, se sintió excluida y consiguió una cautelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 de Tribunales de Santa Fe, en el proceso para la adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotirador y 6 fusiles para francotirador de cerrojo manual.
El diputado de la Unión Cívica Radical Juan Cruz Cándido solicitó informes sobre la suspensión a último momento de la licitación, y además interpuso una denuncia penal en Rosario; en tanto, desde Seguridad alegaron una serie de consideraciones técnicas para justificar la confección del pliego.
Otra polémica licitación, de 2019, que igualmente investigan los fiscales Jiménez y Hernández en Santa Fe es la adquisición de 260 motocicletas para la Policía, una gestión que involucró un presupuesto de 370 millones de pesos y presentó cambios respecto de las modalidades de contratación anteriores, añadieron los portavoces. Eso motivó una queja de la firma Corven Motos Argentina SA asentada en Venado Tuerto.
Pero, además, los fiscales se llevaron este viernes “todos los expedientes de fondos reservados” de la gestión Pullaro, entre 2015 y 2019. Según los voceros, esto incluye la documentación de un caso en el que la gestión Sain se presentó como querellante: el presunto pago con ese dinero de honorarios a abogados defensores de policías acusados en el caso de la desaparición y muerte de Franco Casco. La denuncia, tras un informe del fiscal de Estado Rubén Weder, fue presentada por el propio Sain ante la fiscal Jiménez en agosto de 2020.
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