Agustín Aranda
El agricultor Diego Fernández fue al médico porque le dolía la espalda. El médico, sentado en el escritorio, no levantó la mirada del recetario. Tampoco tocó al paciente durante la consulta. En cambio, le entregó una prescripción con medicamentos. “Al ingeniero agrónomo le pasó lo mismo. Perdió tacto con la tierra”, relató Fernández la anécdota vivida en primera persona. Enfrente tenía al auditorio repleto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Este productor de cereales y miel, que usa métodos alternativos a los de la mayoría de los campos de Santa Fe, cerró con este comentario semanas atrás la primera jornada de Agroecología con apoyo de la Facultad, donde hace varios años la temática divide aguas. Unos 100 estudiantes escucharon ejemplos de producción alternativa, asociativismo y hasta el desarrollo y resultado del modelo que aplica el gobierno rosarino con el plan de agricultura urbana.
Profesionales del campo jurídico y médico fueron convocados por el Movimiento Universitario por la Agroecología, integrado por un grupo de jóvenes estudiantes, y despejaron dudas sobre la legislación ambiental.
La excusa para convocarlos al auditorio fue hablar de la modificación del límite de fumigación provincial aprobada por diputados en 2015. Todos los disertantes apoyaron un cambio rotundo en las formas de producir basadas en la siembra directa, el uso de agroquímicos y semillas transgénicas. Con esa fórmula, según contaron, salen perdiendo no sólo el medio ambiente sino los santafesinos.
“Hay evidencia científica. La atrazina (un herbicida para la soja) está asociada al aumento en casos de cáncer de próstata”, soltó el doctor Damián Verzeñassi, uno de los disertantes. Entre otras estadísticas, volvió a lo relevado en los campamentos sanitarios en pueblos de la cuenca sojera y el dato consolidado de 2013. Ese año, la cantidad de diagnósticos de cáncer superó la media nacional.
El resto va y viene
Desde 2010 Verzeñassi desembarcó con un grupo de profesionales en 25 localidades de cuatro provincias con quienes realizó una muestra que superó las 80 mil entrevistas médicas. Conoció los padecimientos de quienes viven rodeados de la producción agroindustrial. Entre las patologías crónicas, los médicos notaron algo extraño. A diferencia de otros puntos del país, 23 de las 25 localidades tenían como segunda enfermedad presente el hipotiroidismo detrás de las hipertensiones.
Verzeñassi no quiso cargar toda la responsabilidad a un químico, por caso, el glifosato, que según informes internacionales produce daños neurológicos, autismo y Parkinson en jóvenes. O por mencionar otro menos conocido y antiguo, el herbicida dicamba. De ambos se conocen efectos: la utilización pone en riesgo la salud. Es más complejo que demonizar a cómo se cultiva la soja. Porque un químico, como un plaguicida, puede ser inocuo en una prueba de laboratorio pero suelto en el ecosistema puede asociarse con otros elementos. Los resultados, según Verzeñassi, pueden ser negativos para el ambiente, incluido el hombre.
“Las neoplasias (tumores) son la segunda causa de muertes en Argentina detrás de las cardiovasculares. Los químicos, como el glifosato, pueden ayudar a generarlas. Son sustancias liberadas en volúmenes enormes durante 20 años y tienen un impacto en la población”, agregó el médico.
En 2012 la tasa de cáncer fue de 217 casos por cada 100 mil habitantes, cuando la media esperada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) era de 172. En 2013 el registro en los campamentos sanitarios superó la media nacional: 397 cada 100 mil habitantes.
Otro ejemplo de impacto es, siempre según lo relevado en campamentos que contaron con apoyo de la UNR, un aumento de la cantidad de niños con sobrepeso que años anteriores. “En esas localidades no hay Mc Donalds, sino atrazina (un herbicida) que está probado que aumenta la masa corporal”, sumó Verzeñassi.
“No venimos en contra de los productores o los ingenieros agrónomos. Venimos a advertir lo que está pasando y juntarnos para ver cómo salimos. Al igual que un médico que no trabaja para una industria farmacéutica sino para curar, les pedimos que hagan lo mismo en su campo”, pidió el médico, quien instó a los interesados a consultar biografía e involucrarse.
En principio
En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la polémica modificación del límite para fumigar. El proyecto de la legisladora Inés Bertero pasó al Senado, donde todavía no llegó al recinto, marcando límites de aplicación según el método: por tierra (entre 100 y 200 metros del centro urbano) y por avioneta (3 mil con excepciones de 800 metros).
Enrique Zárate compartió casos y habló sobre el marco legal. Encabezó durante 20 años el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario. “Existen legislaciones superiores a la provincial, por mencionar la Constitución y los tratados internacionales, que exigen garantizar un ambiente saludable como un derecho”, repasó. Y agregó: “En todas se demanda que rija el principio de precaución: sin certeza científica de que los productos químicos son inocuos, deben estar prohibidos”.
En todo caso, insistió Zárate, son los estados los que deben informar y generar las pruebas que avalen los cambios en la legislación. “Si no es así, debe primar la precaución”, explicó, al tiempo que apuntó al Senasa, organismo encargado de habilitar las ventas de agroquímicos, entre otros productos.
Luego recordó que la Auditoría General de la Nación (AGN) informó que la comisión encargada de prevenir daños en la salud de poblaciones afectadas por agroquímicos no trabaja desde 2010. Y no es poco el espacio a cuidar. Según el informe de la AGN, los cultivos que demandan fumigación están desparramados en 22 millones de hectáreas. Alrededor, viven 12 millones de personas. Tampoco, siempre según la AGN, la comisión evaluaba la peligrosidad de los productos autorizados.
Después de la crisis
Entre 2002 y 2005 más de 20 hectáreas de Rosario fueron recuperadas por el Estado local. Se trabajó la tierra, se montaron huertas y empezaron las capacitaciones para 10 mil familias sin dinero en la salida de la convertibilidad.
Antonio Lattuca, coordinador del programa Agricultura Urbana, repasó la experiencia en Rosario, donde se trabaja hasta la actualidad con el paradigma de la agroecología cuando mermó la actividad del cordón huertero que estaba en los límites de Rosario.
“Cambiar las formas de producir no se puede pensar sin el acompañamiento del Estado. La demanda de alimentos sanos ha trascendido el público naturista y la población está más sensibilizada sobre el medio ambiente”, opinó el funcionario.
Entre los desafíos, Lattuca apuntó a la formación de técnicos y agricultores. “Se debe estudiar en las carreras cómo hacer más y mejores alimentos y no commodities. Debemos volver al oficio del agricultor. En las ciudades, lo primero es contar con una planta de tratamiento para hacer abono”, concluyó.
Esfuerzo universitario
“Es un logro muy importante institucionalizar el debate”, contó Daniel Campaña, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias, que en 2013 empezó el camino de pensar en cómo trabajar la tierra desde la agroecología.
Luego de un relevamiento de información, profesionales de la casa de estudio crearon cursos para las comunas en control de plagas, por ejemplo. El predio de la facultad tiene, además, producción agrícola ganadera con fines pedagógicos y experimentales.
“Somos una institución pública que produce y estamos inscriptos en la localidad de Zavalla. Tenemos que pensar cómo poder mejorar la gestión ambiental”, señaló Campaña cuando los alumnos discutían si el norte a seguir es armar una cátedra de contenidos agroecológicos o reformular los planes de las carreras para incluirlos en las materias.
Productos y experiencias
Durante la jornada los feriantes de organizaciones como la Red de Mercado Justo del Litoral, un grupo de cooperativas agroecológicas, ofrecieron productos y experiencias en el hall de la facultad. También estuvo Lucho Lemos, a cargo del banco de semillas Ñanderoga, de Rosario. Ubicado en Vera Mujica y San Lorenzo almacena variedades que, por el monocultivo, desmonte y pérdida de biodiversidad en la provincia y en todo el país, están en serio riesgo de ser borradas del mapa.
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