La Legislatura volvió a postergar el tratamiento del proyecto que modifica la actual ley de agroquímicos. Sin acuerdo en la comisión de Asuntos Constitucionales, ninguna de las iniciativas presentadas sobre el tema –una del diputado de Nuevo Encuentro José María Tessa y la otra de su colega socialista Inés Bertero– obtuvo dictamen. Tessa pidió una sesión de preferencia, por lo que el tema está habilitado para ser discutido, si se logra un acuerdo previo, dentro de dos semanas.
Centenares de militantes de organizaciones sociales y ambientalistas marcharon ayer hacia la Legislatura para exigir el tratamiento del proyecto de Tessa y repudiar el “contraproyecto” de Bertero, que establece límites menores para las fumigaciones con agroquímicos. La movilización no tuvo efectos concretos en los diputados, que decidieron darse más tiempo para discutir el tema y tratar de conciliar posiciones.
Reunidas en la multisectorial “Paren de fumigarnos”, las organizaciones que militan por la reforma de la ley vigente pretenden que se apruebe el proyecto del diputado de Nuevo Encuentro que establece la prohibición de las fumigaciones aéreas y restringe las terrestres a 800 metros de pueblos y ciudades y a mil metros de las escuelas rurales. En cambio, la iniciativa de Bertero –que cuenta con el aval de productores agropecuarios y del Colegio de Ingenieros Agrónomos– habilita la fumigación aérea y restringe las terrestres a sólo 50 metros de las poblaciones, aunque la diputada socialista admitió que ese límite podría ampliarse a 100 o 200 metros.
El acuerdo entre ambas partes es aún lejano; no obstante, tanto Bertero como Tessa reconocieron que ayer a la mañana, en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, lograron acercar posiciones. El proyecto de reforma, que los diputados pretenden sacar por consenso para que el Senado no tenga excusas al momento de su análisis y posterior tratamiento, tiene preferencia para la próxima sesión, dentro de 15 o 30 días según la agenda de actividades de los diputados que integran Asuntos Constitucionales.
Las diferencias centrales son sobre dos artículos: el que prohíbe las fumigaciones aéreas (incluido en el proyecto de Tessa pero no en el de Bertero) y el que establece la franja libre de agroquímicos respecto de los centros urbanos y las escuelas rurales. “Hay que acercar posiciones y tratar de llegar a un acuerdo con los apoyos suficientes para que tenga efectos en el Senado”, sostuvo ayer el diputado Tessa.
—¿Ustedes están dispuestos a rever la prohibición de las fumigaciones aéreas?
—Lo vamos a discutir entre nosotros hasta llegar a un acuerdo, luego lo vamos a discutir con la diputada Bertero. Pero tampoco hay acuerdo en los otros sectores; no todos piensan del mismo modo. Hay una discusión muy fuerte alrededor del tema. Acá hay muchos intereses en juego, de distinto tipo, desde Monsanto hasta los intereses de los productores que están alrededor de los pueblos.
Por su parte, la diputada Bertero se mostró optimista de alcanzar un acuerdo para reformar la legislación vigente, sin prohibiciones y con límites moderados a las fumigaciones. “Compartimos que hay que cambiar el modo de producción, pero hay que hacerlo progresivamente. Son muchos miles de hectáreas que pasarían de un sistema a otro y si aplicamos los 800 metros, hay un 10 por ciento de la tierra cultivable que quedaría sin poder ser trabajadas”, explicó la diputada socialista.
De Olazábal volvió a reclamar más cargos en el Ministerio Público
El fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, presentó ayer su informe anual de gestión en Diputados y aprovechó la ocasión para reiterar su reclamo por más cargos para el Ministerio Público de la Acusación. “Tenemos el 70 por ciento de los cargos de fiscales cubiertos. Le estamos pidiendo a los diputados que se creen 18 cargos más para toda la provincia. Por ejemplo, para investigar delitos económicos necesitamos contadores”.
Según el informe del fiscal, hasta junio de 2015 se iniciaron en la provincia, bajo el nuevo sistema penal, 270.716 legajos, se realizaron 19.727 audiencias, los fiscales solicitaron 5.770 órdenes de allanamiento y se dictaron 7.781 resoluciones judiciales aplicando alguna medida cautelar.
“El porcentaje de esclarecimiento de casos ronda el 47 por ciento”, indicó De Olazábal.
“Este número podría ser mejor pero yo pienso que no es un mal porcentaje. Para mejorarlo, necesitamos investigación especializada. Por estos motivos, estamos realizando los concursos para contar con estos investigadores”. El funcionario judicial remarcó “la carga considerable de trabajo” de fiscales del nuevo sistema penal: “En la actualidad existen 101 fiscales en la provincia, entre los titulares y los adjuntos, y se crearon 2.680 legajos por cada fiscal”.
Para De Olazábal, es clave que el Ministerio Público pueda ampliar su planta para, de ese modo, poder abordar con más eficacia la persecución de los delitos complejos y “no solamente esclareciendo los hechos de delincuencia común”. Y agregó: “Queremos modificar esto para atacar otros hechos que antes no eran juzgados habitualmente como los cometidos por policías o los de guante blanco, que es la criminalidad económica”.
“Muchas veces la gente dice «hubo sólo 26 juicios realizados en 18 meses, el sistema es un fracaso» y no es así, lo están midiendo equivocadamente”, concluyó.
Comentarios