Un hombre detenido en una serie de allanamientos producidos a principios de mes en el barrio Santa Lucia, cuyo foco de conflicto fue una serie de denuncias cruzadas que se propinaban dos grupos antagónicos separados por la Circunvalación, acordó un juicio abreviado. El sospechoso fue acusado de tenencia de arma de fuego y ayer, a través de su defensor, acordó con la Fiscalía una pena de 2 años en suspenso por este ilícito.
Además, deberá cumplir con una serie de reglas de conducta, entre ellas evitar el consumo de alcohol y estupefacientes. El acuerdo al que arribaron el fiscal Rodrigo Fernando y el abogado Marcelo Argenti fue rubricado por el juez Gustavo Pérez de Urrechu.
El 3 de julio unos 70 policías coparon el barrio Santa Lucía con el fin de allanar diversos domicilios y vehículos a los fines de ponerle un punto a un conflicto vecinal de larga data que mantuvo enfrentados a dos grupos de habitantes divididos geográficamente por la avenida Circunvalación. Según los investigadores, tal como publicó <El Ciudadano> en su edición del 4 de julio último, el problema tiene unos 4 años, momento en que un grupo familiar conocido como “los Cachones”, que habita el pasaje 1752 ubicado en el corazón de Santa Lucía, comenzaron a amenazarse con otros grupos familiares que viven en la calle Cerrito o pasaje Aguilar, al noreste de Circunvalación. Si bien los denunciantes en la subcomisaría 22ª eran siempre de un bando, el nuevo sistema procesal penal impulsó al otro grupo a denunciar ante el Ministerio de la Acusación detalló un investigador.
Desde febrero se acumularon gran cantidad de denuncias cruzadas en la Fiscalía Regional, que implicaban amenazas, abuso de armas y robos, entre otros hechos, y la Unidad de Investigación y Juicio decidió trabajar en conjunto el caso por lo que cuatro fiscales se abocaron a la investigación. De allí, y luego de seguir los pasos de una decena de personas del barrio involucradas en estos hechos, se ordenaron los allanamientos que dieron como resultado tres mayores detenidos, además de varios menores demorados y el secuestro de 4 armas de fuego: tres revólveres calibre 38, 32 y 22, y una pistola 22.
El único varón de los tres adultos detenidos, un hombre identificado como Agustín Ch., acordó a través de su defensor Marcelo Argenti un juicio abreviado con el fiscal Rodrigo Fernando. Las partes acordaron calificar la imputación en su contra como tenencia ilegal de arma de guerra, cuya sanción se cerró en 2 años de prisión en suspenso. A su vez el acusado deberá cumplir por tres años reglas de conducta: deberá fijar domicilio, someterse a la Dirección de Asistencia Pospenitenciaria y asumir el compromiso de no ingerir bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes.
El acuerdo fue homologado ayer por el juez Pérez de Urrechu. A su vez la Fiscalía explicó que la investigación principal que abarca el gran caudal de denuncias cruzadas continúa y existen dos mujeres imputadas, una de cada grupo, que siguen vinculadas con el proceso.
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