El Ministerio Público de la Acusación dispuso ayer abrir una investigación penal contra los integrantes de la anterior comisión directiva del hospital Italiano ante la sospecha de que alguna de las irregularidades administrativas y financieras detectadas por la intervención judicial podrían encuadrarse como delitos penales.
La decisión se tomó luego de que la actual comisión interventora que administra el hospital (compuesta por un triunvirato que integran un médico, un contador y un abogado) hace dos meses remitiera al fuero penal un pedido de investigación en paralelo a la convocatoria de acreedores que se desarrolla en el fuero civil y comercial, concretamente en el juzgado Nº 7 a cargo de Marcelo Quiroga.
La solicitud se elevó producto de situaciones detectadas en el manejo de fondos por parte de la gestión anterior, encabezada por Pablo Melvin, lo que según el cuerpo interventor debe ser analizado si no configuran delito.
En un primer momento el pedido fue desestimado por el fiscal Sebastián Narvaja, jefe de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos. Sin embargo, los interventores insistieron e ingresaron una nueva presentación ante el fiscal regional Jorge Baclini para requerir que se revisara esa negativa. Lo hicieron con una ampliación que incluye detalles de una serie de situaciones y hechos que abrieron sospechas.
En ese marco, finalmente la Fiscalía Regional aceptó la solicitud, dispuso la apertura de una investigación en ese fuero y remitió la causa al mismo Narvaja.
Informe lapidario
La resolución de ayer se da luego de que (previo a la intervención judicial, en septiembre del año pasado) la Inspección General de Personas Jurídicas elevara un lapidario informe de situación al juez Marcelo Quiroga, quien lleva adelante el concurso preventivo de la entidad desde 2008.
En el escrito, la IGPJ había pedido desplazar a la comisión directiva que encabezaba Melvin tras constatar “actos graves” en el funcionamiento del hospital, que incluyó la “violación de leyes” vigentes y al “estatuto y reglamento” de la institución.
A modo genérico, la IGPJ señaló en el texto elevado al juez que constató (tras el encargo de una auditoría) que el Italiano no llevaba contabilidad, había cedido hasta junio de 2016 gran parte de la facturación y tenía cheques rechazados por 27.160.978,20 pesos, además de presentar serias dificultades para acceder a más información.
Por entonces también trascendió información en torno a cómo se fue estructurando el pasivo creado tras la apertura del concurso preventivo en 2008.
El acuerdo con los acreedores se homologó en 2010. Se presentaron 500 acreedores y tras la verificación de deudas quedó un monto final de 45 millones, de los cuales se ofreció pagar el 40 por ciento sin intereses a 10 años y con 2 de gracia.
La administración del hospital cumplió casi a la perfección con ese plan, pero a la par fue sumando una enorme deuda postconcursal a la que hoy nadie aún se anima a ponerle número. En ese contexto se llegó a la intervención en septiembre pasado.
La deuda después de la deuda
Esa deuda postconcursal estalló el año pasado. Si bien ni el hospital ni la Fiscalía aceptan dar a conocer el contenido de la denuncia a la que ayer el fiscal regional Baclini dio curso, El Ciudadano pudo conocer algunas de las situaciones más críticas e irregulares del hospital:
En total la pila de cheques rebotados supera los 1.600.
La anterior comisión administradora cedió facturación desde marzo de 2015 hasta mediados de 2016. Sólo hasta septiembre del año pasado alcanzaba 80 millones de pesos que se canjeaban al 70 por ciento de su valor nominal. La mitad se recibía en efectivo y la mitad en documentos. Según fuentes consultadas por este diario, la intervención no encuentra respaldo documental de que el dinero en efectivo haya ingresado a la caja del Garibaldi, es decir el 35 por ciento de los 80 millones.
Más aún: nadie puede certificar si se cobró dinero adelantado por el resto de la facturación cedida hasta julio próximo y en caso de haberlo hecho dónde está. La escasa contabilidad existente no registra esos ingresos ni hay balance del 2015.
El grueso de esa operación de canje se hizo con la Mutual 29 de Noviembre. Quienes conocen el negocio de la salud aseguran que es un habitual operador financiero de las empresas del sector. Además es muy conocida en la city rosarina a pesar de tratarse de una mutual. Sus referentes son la familia Carey y Arturo Trini.
La cesión de facturación fue objetada por la intervención del hospital. Ante las sospechas se le requirió al mismo juez civil y comercial que lleva adelante la convocatoria de acreedores que abriese un trámite aparte para aclarar la validez de esa operación, sobre la que ahora también se abre la investigación penal.
El juez Quiroga hizo lugar al pedido y mandó que todos los pagos de las obras sociales vayan a una cuenta judicial bajo su tutela hasta tanto se resuelva sobre la legitimidad/legalidad de la cesión de la facturación.
La intervención halló semanas atrás en un lugar “medio escondido” de un armario de una oficina de contaduría una pila de chequeras. Muchos cheques estaban firmados en blanco y al portador. Otros tenían arrancada la parte de la firma.
Días atrás se presentó a cobro un cheque por 3 millones de pesos al portador. Según pudo averigüar este diario, el cobrador estaría vinculado a la beneficiaria de la operación de cesión de facturas. La intervención se negó a pagarlo.
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