Una de las más gratas noticias de la semana provino de la Cámara de Casación Penal de la Nación al rechazar un pedido de fiscales federales de Rosario para que dos operativos contra la banda de Los Monos en los que se secuestraron drogas fueran declarados nulos. La decisión implica que las causas llevadas adelante por la Justicia provincial seguirán adelante y los miembros acusados de asociación ilícita continuarán procesados y con prisión preventiva.
Los fiscales federales habían solicitado la nulidad por un error que se le atribuye al juez penal Juan Carlos Vienna al incluir el secuestro de droga, que es un delito de competencia federal, en sus órdenes de allanamiento. Ni el juez federal Marcelo Bailaque, ni la Cámara de Rosario convalidaron el pedido, que hubiera significado lisa y llanamente devolver a la calle a hombres y mujeres acusados de crímenes terribles. La Cámara de Casación Penal cerró el pleito en el mismo sentido al entender que el error de Vienna quedó subsanado de inmediato cuando, al hallarse droga, giró las actuaciones al tribunal federal. No hay motivos para anular nada, dijeron.
A los fiscales de primera instancia Juan Patricio Murray (ya no ocupa el cargo en Rosario) y Federico Reynares Solari se les reconoce capacidad, formación y ser portadores de una mirada renovadora de la Justicia. Sin embargo, llama la atención su falta de sintonía con el contexto de los hechos: mientras la ciudad percibía como un alivio que por primera vez se golpeara a la banda intocable que reinó a sangre y fuego durante 20 años, ellos proponían anular todo y devolver a los detenidos a sus casas bajo el paraguas de un falso garantismo. Por suerte, esta vez primaron el sentido común y su complemento imprescindible, que es el estado de derecho.
Víctimas en las calles
Crímenes como el de Mariano Bertini (20) o Ignacio Acosta (23) que la semana que pasó motivaron sendas marchas en reclamo de Justicia en el Monumento a la Bandera y en Villa Gobernador Gálvez conmueven y movilizan.
Familiares de víctimas clamando justicia en la calle, deambulando de los tribunales a la plaza y de la plaza al Monumento son el síntoma de un entramado social fracturado que no encuentra reparación en las viejas instituciones que deberían garantizarlo. Si la crisis de la seguridad pública fueran sólo Rosario o Santa Fe, que tienen sus particularidades y muy serias, sería un alivio y fácil de abordar. Pero basta encender el televisor para convencerse de que acotar la problemática a una jurisdicción es un engañapichanga.
El país vive una etapa de transición en materia de seguridad en la que cada uno, a su buen entender y saber, ensaya y combina recetas propias o copiadas a ver qué sale, en qué la pega, qué síntomas puede contener. En eso están Justicia y la dirigencia argentina.
Tiempos
El salvaje perfume que impregna muertes como las de Mariano y Nacho hoy, o la de Axel Blumberg hace una década, acotan la paciencia y consumen el crédito de autoridades políticas y judiciales.
En el caso de Santa Fe el gobernador pide un tiempo que él mismo no sabe si la sociedad está dispuesta a concederle. El arte de la política en parte es eso: convencer de que se está haciendo y que se está haciendo bien.
Hay ejemplos que encuadran en esa lógica. A seis meses de su implementación el nuevo sistema penal resolvió su primer juicio (antes llevaba mínimo tres años), sin contar los que antes se concluyeron con juicios abreviados o acuerdos de partes.
En tanto, se consolida la creación de cuerpos especializados de investigación: se trata de la Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, que inició sus tareas a principios de año, acaba de sumar 300 uniformados y se convirtió en el principal cuerpo auxiliar de la Justicia, con buena valoración por parte de los fiscales.
Otro tanto ocurre con el Organismo de Investigaciones, más conocido como Policía Judicial, acordado días atrás por la Legislatura, el Ejecutivo y el jefe de los fiscales Julio de Olazábal, que como cuerpo profesional y dedicado a delitos complejos sólo responderá a órdenes de los fiscales.
Cada una de estas reformas demanda desarmar estructuras y armar nuevas, cambiar hábitos de trabajo y tallar contra cuotas de poder, negocios privados y nichos de corrupción. Operar en la realidad es mucho más complejo que lo que lo hacen aparecer quienes sólo trabajan de responder preguntas en los medios, leer titulares de diarios y redactar un comunicado de prensa, o correr la raya todos los días: que no hay cámaras de seguridad; que si las hay el problema es que se necesitan muchas más; que hay 7 de 102 con desperfectos técnicos; o que con las cámaras no alcanza y la solución es salir corriendo a comprar drones.
Aguas y tarifa
Otra de las noticias de la semana fue la objeción del Ente Regulador de Servicios Sanitarios al pedido de aumento tarifario de Aguas Santafesinas.
Más que un riesgo de desfinanciar la empresa o bloquear el aumento, la postura del directorio del Enress significa una señal para la Casa Gris. El dictamen lo firmaron funcionarios “propios”, que están allí por su filiación a los partidos del gobierno. Aparte no descubrieron nada nuevo al hablar de obras atrasadas, metas no cumplidas y problemas en el servicio. No hay razón para desacreditarlo como hizo el ministro de Aguas Antonio Ciancio.
¿Y el gobierno qué hace? Su plan tiene lógica: que la empresa se autofinancie vía tarifa y, en cambio de inyectar subsidios que se evaporan como el agua, destinar esos recursos millonarios a la infraestructura necesaria.
El problema es que ese esquema esbozado en 2008 consumió seis años y la resolución de la infraestructura faltante todavía no se ve. La colocación de medidores se hace en cuentagota porque se teme que reduzca la facturación. La planta potabilizadora, a un costo de 650 millones de pesos, recién funcionará la primera etapa a mediados de 2015.
Los demás acueductos se iniciaron, pero con recursos propios y por tanto a paso lento.
Aferrado a ese plan, el Ministerio de Aguas se limitó a un cambio de dirección y gerencia de la empresa. Mientras, las dificultades en la calidad del servicio superan en presión a los caños, al punto de que un Enress “propio” no tiene margen para mirar para otro lado.
Después hay cuestiones del orden de lo político que no se entienden. Que el ministro Ciancio siga diciendo que las audiencias públicas no son obligación del gobierno, da cuenta de una preocupante distancia con la realidad. No son obligación, pero sólo a Ciancio se le ocurre que tiene la opción de transitar un aumento de tarifa sin convocarlas.
En cambio de capitalizar la apertura de esa instancia de participación, las vive como una derrota permanente. Lo mismo ocurrió tiempo atrás con la segmentación de la tarifa, medida justa y progresista, pero se hizo realidad recién cuando se la arrancaron entre los partícipes de las audiencias públicas y el ente. Parece hora de que el gobierno transite alguna apertura.
Al mismo tiempo, oposición y organizaciones no gubernamentales deberían ampliar su mirada más allá del show mediático contra la tarifa. Sólo basta recordarles que la autorización de crédito para construir los grandes acueductos, entre ellos el del Gran Rosario, está paralizado en la Legislatura.
