Dos policías y tres patovicas que trabajan en el boliche La Tienda serán sometidos esta mañana a una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales en el marco de la investigación por la muerte de Gerardo Ezequiel Escobar, cuya hipótesis es ahora la de homicidio. Los uniformados cumplían servicio de policía adicional la madrugada en que Gerardo desapareció al salir del boliche, pero uno de ellos no podía trabajar porque contaba con carpeta médica. La casa de uno de los patovicas ahora detenido fue allanada en el comienzo de la investigación, pero en ese momento quedó en libertad, pese a que de esa casa salió la última señal que dio el celular de Gerardo. En diálogo con El Ciudadano, el defensor provincial Gabriel Ganón insistió en que la causa debe ser investigada por la Justicia Federal: “Este es un caso de desaparición forzada de persona por lo que corresponden penas más altas a las de un homicidio. No sabemos por qué se dio este cambio de actitud de la Fiscalía, esperemos que no sea una operación de lavado y bloqueo ni de intentar resolverlo con responsabilidades menores”. En tanto, una multisectorial conformada para reclamar por el esclarecimiento del crimen presentó un habeas corpus para que “cesará el hostigamiento” al abogado Salvador Vera (ver recuadro).
En una audiencia que se celebrará hoy a las 9 en Tribunales, la fiscal Marisol Fabbro imputará a dos policías y tres patovicas que trabajaron en La Tienda la madrugada que Gerardo desapareció.
El chico tenía 23 años, era conocido como Pichón y trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos. El jueves 13 de agosto fue al Casino, ganó dinero, se compró ropa y salió con amigos. Estuvo en Bogart, cantobar de Santa Fe y Presidente Roca, y de ahí partió hacia La Tienda, un after de Tucumán al 1100. Su amigo lo perdió de vista y cuando salió uno de los patovicas, Cristian V. (de 36 años), le dijo que Gerardo ya se había ido. Un video que el boliche acercó a la Justicia muestra que, a las 5.45 de la madrugada del viernes 14, salió y caminó hacia Sarmiento. Otra cámara captó el momento en que al menos un patovica y la encargada miran preocupados hacia el este, como si algo pasara en la esquina.
Rastreo
Un amigo de Pichón rastreó su celular con un software y lo ubicó en un domicilio preciso, en Vera Mujica y Uruguay, dato que coincidió con lo aportado por otro amigo. La Justicia allanó este domicilio, en Uruguay al 3100, y dos contiguos. Fueron secuestrados dos chalecos policiales y seis celulares que se enviaron a peritar. Cristian V. estuvo demorado menos de 24 horas y recuperó la libertad, hasta el sábado, cuando volvió a ser detenido junto con otras cuatro personas.
El sábado, en base al entrecruzamiento de testimonios y a imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, la Fiscalía pidió la detención de cinco personas. Personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) hizo cuatro allanamientos destinados a dar con los patovicas, mientras que la Dirección de Asuntos Internos se encargó del arresto de dos policías de 32 años del Comando Radioeléctrico que hacían adicionales en el after.
Voceros del caso indicaron que la TOE detuvo a los tres patovicas: José Luis C., Cristian V. y César A., mientras que Asuntos Internos apresó a Maximiliano A. y a Luis Alberto N. En los procedimientos se incautaron elementos de interés para la causa y, según trascendió, se secuestraron automóviles para someterlos a diversos peritajes. En tanto, el policía Maximiliano A. contaba con carpeta médica desde hacía un año, lo que le hacía imposible prestar servicio adicional en el boliche como lo hizo el día en que Gerardo fue visto por última vez.
En diálogo con este diario, Ganón insistió con que la muerte de Pichón tiene que ser investigada por la Justicia Federal por tratarse según él de una desaparición forzada de persona, delito que conlleva la pena máxima. “Este es un caso de desaparición forzada de persona por lo que corresponden penas más altas a las de un homicidio. No sabemos por qué se dio este cambio de actitud de la Fiscalía, esperemos que no sea una operación de lavado y bloqueo ni de intentar resolverlo con responsabilidades menores”, dijo.
“Los hechos tienen que ser caratulados como lo que fueron. No queremos que esto termine con una movida mediática y se resuelva con un juicio abreviado”, subrayó.
Además, agregó que debe ser investigada la comisaría 18ª por encubrimiento del crimen: “Creemos que esa seccional está implicada. Allí se radicó la denuncia por la desaparición de Gerardo y se entrevistó como testigo a un patovica que hoy está imputado”.
Habeas corpus por hostigamiento
La multisectorial conformada por familiares de Gerardo Escobar y organizaciones sociales presentará esta mañana un habeas corpus pidiendo el “cese al hostigamiento” al abogado Salvador Vera, perteneciente a la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y que acompaña a la familia de Gerardo Escobar desde su desaparición.
La presentación será hoy a las 8.30 en Tribunales Provinciales y responde a que el jueves pasado Vera recibió la citación a prestar declaración como testigo en la causa en la que se investiga la muerte de Gerardo. Además, según el comunicado que emitieron desde la multisectorial “al día siguiente de la movilización del jueves, personal del Ministerio de la Acusación se constituyó en el domicilio de la familia Escobar para citarlos a declarar, impidiendo el ingreso del abogado del Servicio Público de la Defensa Penal a la audiencia”.
“Entendemos que se trata de una respuesta a lo manifestado públicamente por el abogado en relación a la investigación”, sostuvieron y agregaron que esas citaciones configuran “un intento de acallar la voz disonante de la familia Escobar”.
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