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Prisión preventiva por una amenaza a la sede de Gobernación

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    El fiscal Gustavo Ponce Asahad está a cargo de la investigación por las amenazas de bomba. Archivo / Leonardo Galletto

Quizás tenía mala memoria. O tal vez sólo era organizado. Adolfo G. había anotado de puño y letra las llamadas telefónicas que hizo en los últimos dos meses: dónde llamó, el número que marcó y el nombre del titular de la línea desde la cual lo hizo.

Este viernes, el fiscal Gustavo Ponce Asahad lo imputó por los delitos de intimidación pública y tenencia ilegitima de arma de fuego de uso civil. El juez de primera instancia Héctor Nuñez Cartelle aceptó la imputación presentada y dictó la prisión preventiva por el plazo de 60 días.

Adolfo G. tenía cuatro celulares y 10 chips. Sólo uno estaba a su nombre. Desde alguna de esas líneas hizo más de 10 llamadas por falsas amenazas de bomba. Las anotó a todas, a mano, en una hoja que guardó celosamente. Su obsesión le jugó una mala pasada. La lista cayó en manos de la Policía de Investigaciones cuando el miércoles por la noche irrumpieron en la casa de Pellegrini al 6700 en el marco de un allanamiento. Junto con los celulares, una computadora, varios documentos y un arma de fuego calibre 22, la lista formará parte de las pruebas que el fiscal Gustavo Ponce Asahad usará hoy para imputar a Adolfo G. por intimidación pública y tenencia ilegítima de arma de fuego.

Los delitos prevén penas de entre de 2 a 6 años de prisión, para el primero, y de entre 6 meses a 2 años de prisión, para el segundo. Al hombre de 56 años se lo acusa de ser el autor de la falsa amenaza a la sede rosarina de la Gobernación provincial que hizo el 14 de septiembre, entre otros llamados a universidades y colegios. Para el titular de la Policía de Investigaciones, Darío Chávez, las pruebas muestran indicios de que existe una vinculación política.

“Pertenece a una agrupación política. Tenemos que determinar el grado de participación e interés. No sabemos si era un fanático o es parte de una red”, dijo Chávez, a El Ciudadano.

Adolfo G. es gasista. En el barrio lo conocen como retirado de una fuerza de seguridad nacional, aunque fuentes de la investigación no pudieron corroborarlo aún. El fiscal Ponce Asahad dio con él después de rastrearlo a través de las antenas del servicio de telefonía celular y complejos trabajos de inteligencia. No fue fácil. Los cuatro celulares que Adolfo G. usó eran análogos. Sólo sirven para hacer y recibir llamados y no cuentan con tráfico de datos.

De las 10 líneas telefónicas registradas, sólo una estaba a su nombre. Y desde alguna hizo más de 10 llamados de falsas amenazas. Una de ellas la hizo a la sede local de Gobernación. También hubo otros llamados a facultades como la Universidad Abierta Interamericana, Universidad Tecnológica Nacional y varios colegios. Todas se hicieron entre mediados de agosto y septiembre y todas fueron falsas.

“Fue algo organizado. Los celulares son obsoletos y al no tener tráfico de datos es más difícil el rastreo. Nos queda determinar si trabajaba solo o como parte de una red”, agregó Chávez.

El interior de la casa de barrio Belgrano donde Adolfo vivía parecía quedado en el tiempo. Una máquina de escribir, una computadora de escritorio conectada al cable y una hoja escrita a mano con una lista de las llamadas de alerta que hizo fueron parte de los elementos que el personal policial secuestró en el allanamiento del miércoles por la noche. También se encontró documentación falsa y un arma de fuego calibre 22 de la que no tendría permiso de posesión. Fuentes policiales dijeron que lo primero que hizo el hombre cuando ingresaron a la vivienda fue desconectar la computadora. Estaba enchufada al cable y en la casa no había Wi Fi. Para los especialistas, el sistema le daba una conexión más segura.

“Estamos casi convencidos de que hay otros delitos por los cuales va a ser investigado vinculados a falsificaciones o estafas. También vamos a girar la causa al juzgado federal para que investigue los documentos apócrifos”, dijo Chávez.

El detenido es el primero de los acusados por amenazas que tiene antecedentes. Fuentes de la investigación dijeron que tiene dos o tres causas en trámite por amenazas y usurpaciones y una condena de tres años de prisión condicional por delitos contra la propiedad. También tendría una causa en juzgado federal que aun no pudieron confirmar.

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