opiniones

La estafa histórica de la reforma y la armonización

  • image1
    La caja de los jubilados de la provincia de Santa Fe es el nuevo objetivo del gobierno nacional.

El objetivo formal de la ley era la reparación histórica para poder pagar los juicios de los jubilados. Pero tras ese eslogan legitimador, vino el blanqueo, la licuación de bienes personales y la posibilidad de liquidar el Fondo General de Sustentabilidad (FGS).

La reparación a nivel nacional alcanzó a 800.000 jubilados, implicó en la mayoría de los casos una muy baja mejora (menos de $ 900 promedio), permitiendo que quienes habían evadido impuestos regularicen su situación sin reingresar al país los recursos que habían fugado. Además, estableció la armonización de las cajas provinciales, lo cual implica pérdida de derechos para los trabajadores/as de la mayoría de las provincias.

Con el gobierno de Cambiemos la ley de reparación histórica creó una jubilación de segunda (“pensión universal”) subiendo en cinco años la jubilación a las mujeres sin aportes completos y estableciendo para hombres y mujeres en dicha situación una jubilación 20 por ciento más baja que la mínima, pero además eliminó el derecho de que, en caso de fallecimiento del cónyuge, la jubilación se transforme en pensión.

En este contexto, se plantea, erróneamente, que la jubilación se la paga uno mismo con años de aportar a la caja, poniendo en un plano desigual y un escalón abajo a aquellos trabajadores que no realizaron aportes (fundamentalmente por la alta incidencia del trabajo no registrado).

La verdad es que nosotros financiamos los haberes de los actuales jubilados, así como ellos aportaron a la jubilación de otros trabajadores.

Sin embargo, todos los sistemas previsionales (nacional – cajas provinciales) se financian básicamente con los aportes y contribuciones de trabajadores, aportes patronales y recursos fiscales.

El sistema previsional nacional se financia en un 56,2 por ciento en base a esos aportes y contribuciones, un 34,8 por ciento con recursos fiscales (IVA, ganancias, otros) y un 10 por ciento con otros recursos (aportes del FGS).

El problema que vamos a tener pronto (si este proceso donde las patronales reclaman la baja de aportes so pretexto de favorecer el incremento del trabajo registrado y ayudar a que se generen nuevos empleos) será la reducción drástica del porcentaje correspondiente a aportes patronales y contribuciones con los cuales se sostiene el pago de las jubilaciones.

La reestatización del sistema jubilatorio a fines de octubre de 2008 significó la recuperación del sistema previsional en manos del Estado nacional e implicó que los fondos que administraban las AFJP fueran traspasados hacia las arcas de la Ansés.

Con esos fondos se crea el FGS para garantizar el financiamiento del sistema previsional. El Estado recuperó de las manos de los fondos de inversión y los puso a disposición del actual sistema de seguridad social de reparto, solidario y no individual. Se trata de un volumen de activos que en diciembre 2015 llegaban a los 664.000 mil millones de pesos.

Anteriormente, ese fondo se usó para financiar obras del Estado nacional, programas sociales (AUH, Conectar Igualdad, Procrear), fortaleciendo el mercado interno, siendo superavitario y aumentando su valor.

Desde 2016 estos recursos se usan para financiar gastos corrientes del Estado Nacional, y entidades privadas.

Así, el Ansés tiene déficit y el FGS perdió valor real.

La ley de reparación histórica prevé con el eufemismo de “armonización” la unificación nacional de las condiciones de acceso a los beneficios de la previsión social: las cajas provinciales deben ajustar sus condiciones de jubilación a los parámetros de las leyes nacionales 24.241 y para los docentes a la 24.016.

Esto implica pérdida de derechos previsionales para los trabajadores de muchas provincias, entre ellas, la provincia de Santa Fe, cuyos regímenes establecen mejores condiciones para acceder al beneficio previsional. El gobierno nacional recurre a la extorsión económica (retaceando recursos) para avanzar en este sentido.

Si la provincia de Santa Fe armoniza sus criterios con la Nación, el futuro próximo de los trabajadores estatales será nefasto. Sería un gran retroceso y la pérdida de derechos ganados en la calle, con años de lucha.

Esto cambios que se promueven son muy parecidos a los implementados por la reforma previsional de Carlos Reutemann (1996), los cuales nos costó una década de lucha su derogación.

Esta ley abre una puerta al regreso de las peores políticas públicas de la historia reciente. La armonización de los sistemas previsionales implica modificar las condiciones de jubilación, elevando la edad jubilatoria, achicando la base sobre la cual se calcula el haber y eliminando la movilidad automática de los aumentos que consiguen los activos.

Con la armonización, la jubilación docente está en la mira. La experiencia acumulada en estos años de lucha es un plus que nuestras organizaciones sindicales deben hacer valer en este momento enfrentando en unidad este ataque a los trabajadores.

(*) Secretario Gremial de Amsafe provincial

EDICIÓN IMPRESA

Subir

Diseño y desarrollo Departamento Sistemas Diario EL Ciudadano & La Gente