Por: Ezequiel Nieva
“Podemos encontrar al matador, pero el asesino va a quedar libre”, había dicho a la mañana Jorge Castro, de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe. Un rato más tarde, la Policía detuvo a dos jóvenes que –según confesaron ante la propia Policía– serían los autores del asesinato de Silvia Suppo. Anoche, al cierre de esta edición, declaraban ante el juez en lo Penal de Instrucción de la Segunda Nominación, Alejandro Mognaschi, en Rafaela (ver aparte). “Que haya dos detenidos no aclara el hecho”, insistió luego de conocida la noticia Milagros Demiryi, también de la Casa de Derechos Humanos, espacio que aglutina a los distintos organismos de la capital provincial.
En una conferencia convocada ayer dijeron que la hipótesis de la Policía –robo seguido de muerte– es “una cortina de humo”. Y revelaron su propia hipótesis, que le plantearon a Hermes Binner en diciembre de 2007: “A este gobierno le podían plantar un muerto”. “No podemos pensar en otra cosa que en un asesinato político”, definió Celina de Koffmann, de Madres de Plaza de Mayo. ¿Los instigadores? Se habló de “servicios de inteligencia”, de un “aparato represivo” que no se desarticuló en casi tres décadas de democracia y de los represores presos en la cárcel de Las Flores que aún no fueron juzgados, entre ellos Roberto Martínez Door, alojado junto al ex PCI Horacio Barcos, juzgado en estos días en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
En un allanamiento a pedido de los abogados querellantes de distintos procesos en curso, hallaron una notebook y varios celulares en el pabellón que comparten Martínez Door y Barcos. La testigo asesinada, además de haber sido una pieza vital en el proceso que terminó con la condena al ex juez Víctor Brusa y sus compinches, debía declarar en la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, en 1977. La Casa de Derechos Humanos exigió que las autoridades de la provincia –políticas y judiciales– investiguen “a fondo, responsable y seriamente” el hecho y se ofrecieron a colaborar con el gobierno a condición de que los convoquen y escuchen sus aportes.
Jorge Castro dijo sobre aquella advertencia hecha a fines de 2007: “No tuvimos respuesta del gobierno”. Allí reveló su hipótesis de que a Binner le podían “plantar un muerto” y opinó que la respuesta fue “lamentable”. “Los dichos sobre que Silvia Suppo no estaba bajo el Programa de Protección de Testigos no invalida nada; al contrario, responsabiliza aún más al Estado”, acusó Castro.
“Cuando asumió este gobierno se le planteó claramente que lo que no se había hecho en los 24 años anteriores, era una tarea urgente y una deuda de la democracia. A este gobierno se le planteó claramente la hipótesis de que le podían plantar un muerto. Y le fuimos advirtiendo, a raíz de todos los hechos que aparecían como robos comunes o arrebatos, que estaban poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Programa de Protección de Testigos”.
“A este gobierno se le suministraron suficientes pistas sobre los servicios de Inteligencia y la participación policial para que iniciaran investigaciones concretas. En tres años, no hicieron nada. Al contrario, lo único que hicieron es romper el diálogo con la Casa de Derechos Humanos”, hecho que Castro fechó “el 5 de mayo de 2009”. “Entonces, no es que no fueron advertidos. Al contrario. Para este 24 de marzo se ideó, con ellos, un sistema de seguridad, donde les recalcamos que lo principal eran los días posteriores, que no iban a actuar antes del 24 de marzo”.
El dirigente le exigió a Binner que convoque a los organismos de derechos humanos para trabajar en los aspectos vinculados a los juicios y la seguridad de los testigos y querellantes. “Le estamos pidiendo participación al poder político. No queremos intromisión. En el Poder Judicial participamos a través de los abogados y la independencia de la Policía es el control político que tiene que hacer el gobierno. El gobierno debe darnos participación”, reclamó Castro.
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