El gobierno provincial anunció ayer un paquete de medidas para reestructurar la Policía y el Ministerio de Seguridad. Entre los ocho ítems de la reforma, el más importante es la subdivisión de la fuerza en unidades territoriales más pequeñas para un mejor control político. También se designarán responsables políticos distritales, en cada regional, y se avanzará en una serie de medidas tendientes a mejorar la situación laboral de los agentes policiales y penitenciarios.
Con el objetivo de “sentar las bases para una seguridad democrática”, según definió el ministro Raúl Lamberto, el gobierno encarará una reforma estructural de la Policía. El anuncio seda pocas horas antes de la interpelación del ministro en la Cámara de Diputados, donde deberá explicar las políticas de su área. “Saldrá fortalecido”, vaticinaron desde el socialismo, confiados de que los anuncios –que serán ampliados en la Legislatura– calmarán los ánimos, caldeados por el caso Tognoli.
El primer aspecto es la reorganización de la Policía en unidades más pequeñas que permitan un mayor control político, tanto del gobierno provincial como de las autoridades locales. Se conformará además un Cuerpo Táctico Único de Operaciones, de apoyo a las fuerzas territoriales en situaciones de emergencia, y se creará la Dirección Provincial de Investigaciones. También se designarán responsables distritales de seguridad, que dependerán del Ministerio, con el objetivo de lograr una mayor integración operativa en el territorio.
El segundo punto es la puesta en marcha de los concursos para el ascenso policial. “Está en trámite y a la firma el decreto reglamentario”, adelantó Lamberto y completó: “El objetivo es jerarquizar al personal policial, valorando la capacitación dentro de la fuerza”. Los jurados que se integrarán con un funcionario de Seguridad, un policía de dirección de jerarquía superior a la del postulante –propuesto por el jefe de Policía–, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Poder Judicial designado por la Corte, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos y un representante del personal policial en actividad, elegido entre sus pares por el sistema de voto, igual, universal, secreto y obligatorio.
El tercer anuncio fue la entrega al Ipec, para su posterior publicación, de las estadísticas policiales sobre hurtos, hurtos calificados, robos, robos calificados, sustracción de motos y autos, secuestro de armas de fuego, heridos de arma blanca y de armas de fuego y homicidios dolosos registrados por cada Unidad Regional, mes por mes, desde 2008 hasta 2011.
El cuarto ítem es la conformación de una comisión ad hoc para la constitución definitiva del Comité de Salud y Seguridad Laboral, tendiente a elaborar programas y acciones de prevención que mejoren las condiciones y el ambiente laboral del personal de las fuerzas de seguridad, tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario. Se hará en forma progresiva por la magnitud de la estructura: más de 18 mil efectivos.
El quinto –para hacer más eficientes los controles– establecerá sanción administrativa a funcionarios policiales que no justifiquen su crecimiento patrimonial y será equivalente a las sanciones para faltas graves que establece la ley del personal policial.
El sexto anuncio está referido al nuevo sistema de gestión de carpetas médicas y licencias de larga duración del personal policial. El ítem 7 es la constitución de un equipo multidisciplinario de contención del personal policial y su familia. El último aspecto de la reforma es la reglamentación, por parte del Ministerio de Justicia, para el otorgamiento de las constancias administrativas que hoy realiza la Policía.
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