“La tarifa debe ser justa y razonable y para ello debe haber un órgano de control con participación de los usuarios”, señaló ayer el senador Rubén Giustiniani, en la jornada sobre telefonía celular como servicio público que se desarrolló en el Concejo Municipal y de la que participaron, además, el diputado Carlos Comi y el titular del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), Juan Marcos Aviano.
“El titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, es el santo de las telefónicas, es imposible que venga a dar la cara al Congreso, es el hombre que puso el gobierno a cargo del órgano de control y si algo no hay es control”, afirmó Comi en su alocución. En tanto, Aviano agregó que “entre las telefonías móviles y los usuarios lo que hay es una relación conflictiva, con publicidad engañosa donde la queja y los reclamos son una constante”.
Con la presencia de concejales representantes de ONGs que agrupan a consumidores, se realizó la exposición en el recinto de sesiones donde se dio cumplimiento a una resolución votada por el cuerpo en septiembre de 2011, en la que se proponía la actividad “ante la necesidad de establecer un marco regulatorio de la telefonía móvil y que al mismo tiempo se la declare como un servicio público, se establezcan claras y concisas garantías para los usuarios, tarifas justas y razonables y obligaciones a las empresas prestadoras”, dijo el presidente del Concejo, Miguel Zamarini, al abrir la jornada.
Tanto Comi como Giustiniani presentaron en las cámaras diferentes proyectos con el mismo objetivo: que la telefonía celular sea declarada como un servicio público. Para el senador socialista “no tiene explicación lógica que la telefonía fija tenga un marco regulatorio y la telefonía móvil carezca del mismo. En América latina el promedio de la tarifa es de 15 dólares, mientras que en la Argentina oscila en los 37 dólares, es fundamental que la ley progrese”.
Actualmente hay en el país más de 57 millones de líneas móviles y ocho millones de líneas fijas. “La comunicación es un derecho humano, de acceso universal, como el agua, el gas, la luz. No hay ninguna razón para que la telefonía móvil no sea un servicio público. Hay que hacer foco en la rentabilidad empresaria, con ganancias excesivas y que la sostiene el usuario. La tarifa debe ser justa y razonable y para ello debe haber un ente de control con participación del usuario”, apuntó Giustiniani.
Para el titular del Cesyac, el usuario es víctima de publicidad engañosa, ya que no se respeta “el contrato de adhesión con cláusulas abusivas”. Aviano destacó el trabajo de las más de 25 asociaciones de consumidores del país que lograron que se implementara la portabilidad numérica, y la multa que se le aplicó en su momento a la empresa Movistar de 185 millones de pesos. “Valoramos que desde la Secretaría de Planificación de la Nación se nos convocara, pero faltan acuerdos con el Congreso, donde hay varios proyectos que no se tratan”, dijo.
El diputado Comi agregó que no está en agenda el tema de la telefonía móvil “porque toca intereses económicos gigantescos, por ello se ha convocado al titular del organismo de control, como debería ser la CNC, y no viene a dar explicaciones, el señor Namuncurá es el santo de las telefónicas”.
Finalmente, ambos legisladores coincidieron en que los proyectos de ley están tanto en Diputados como en Senadores, “pero no hay una decisión política de tener un marco regulatorio que defienda al usuario. La ausencia de ese marco ha colocado a este servicio como el mejor negocio posible para las empresas en una ecuación donde los más débiles son los que más pagan”, enfatizaron.
Comentarios
