Desde la puesta en marcha de la ley de mediación prejudicial obligatoria en noviembre del 2011, unas 120 solicitudes llegan por semana a los Tribunales provinciales para evitar un juicio civil o comercial. La herramienta busca descomprimir la judicialización de los conflictos y desde su puesta en marcha se presentaron alrededor de 1.300 pedidos de mediación de los cuales más del 20 por ciento de estos requerimientos finalizaron satisfactoriamente. Esto significó un 60 por ciento menos de demandas que llegaron a los juzgados de distrito. La directora provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eleonora Aviles Tulián, dialogó con El Ciudadano y explicó cómo transitan esta primera etapa de aplicación.
Según fuentes judiciales, en los primeros 70 días hábiles desde la puesta en marcha de la mediación obligatoria –desde el 29 de noviembre de 2011 hasta el 18 de abril de 2012– se presentaron 1.300 pedidos de mediaciones en el fuero Civil y Comercial. Del total, un 20 por ciento ha concluido en forma satisfactoria. “Este porcentaje nos alienta porque comparados con datos estadísticos de otras provincias, Santa Fe está por encima de la media en lo que significan los acuerdos” explicó la jueza. Esto derivó, como estaba proyectado, en una sensible disminución de las causas que ingresaron a los Juzgados de Distrito. De acuerdo con la información suministrada por la Mesa de Entradas Únicas en lo Civil y Comercial de los Tribunales provinciales, entre el 1º de diciembre de 2011 y el 3 de mayo de 2012 se registraron 390 causas, cuando durante el mismo período el número alcanzó las 1.064 entre el 1º de diciembre de 2010 al 3 de mayo de 2011.
Para la directora, el nuevo sistema cuenta con dos características que lo destacan a nivel país: Santa Fe es la única provincia donde el sistema se encuentra dentro del Poder Ejecutivo y se maneja a través de un soporte informático elaborado por profesionales que dependen del Ministerio de Justicia. En referencia a la informatización del mismo, la funcionaria explicó que en otras provincias “ha causado impacto porque es un sistema seguro e innovador que colabora con el principio de celeridad y economía.“Nos ponemos a la altura de lo que los países más avanzados consideran la forma de manejar este tipo de proceso. Por ejemplo, la experiencia chilena, donde tienen expediente y firma digital”, refirió Aviles Tulián.
Los más “mediados”
La mayor parte de los pedidos para mediación están ligados a conflictos con la propiedad horizontal, medianería, incumplimiento de contratos, mala praxis, planteos relacionados con contratos de trasporte y de viajes. También se registran muchos casos sobre pago de cuotas de colegios, de expensas de countries, pedidos de mediación de bancos y algún caso de fideicomiso, disolución de sociedad y rendición de cuentas. Aviles Tulián explicó que la mediación prejudicial no obliga al profesional a no asegurar su prueba. Puede hacerlo a través de un aseguramiento de prueba en la Justicia y después pedir la mediación. “Esto no es un impedimento”, refirió.
Mediación gratuita
La ley contempla los casos en que una de las partes no puede solventar los gastos del proceso. En estas situaciones se pueden solicitar mediaciones y patrocinios letrados gratuitos tanto del que requiere la mediación como del que es citado a ella. Cuando el solicitado no puede afrontar los gastos de una mediación debe acercarse a la agencia previo a la fecha de audiencia. “Allí, la Dirección está facultada para realizar convenios con centros, instituciones o colegios de abogados que colaboran en esta asistencia letrada gratuita”, detalló.
Los beneficios
Sobre los aspectos positivos del sistema, la funcionaria destacó que llegar a un acuerdo en una mediación implica menos costos. Primero porque la boleta que se acompaña al momento de iniciar una mediación es mucho menor que la de un juicio. Segundo, porque los honorarios del mediador están pautados por la ley y el decreto. Según las normativas, estos van desde 1 a 5 unidades jus. “Los acuerdos consensuados generan convenios que se puedan sostener en el tiempo. También es cierto que en una sentencia judicial un juez decide y cuando tiene que decidir algunos ganan y otros pierden. A veces eso genera resentimiento de alguna de las partes, ir a otras instancias, apelar o incluso llegar hasta la Corte. En la mediación el principio es «gana-gana». Significa que yo no voy a ganar todo lo que estoy pidiendo pero voy a ganar algo y la otra parte también”, explicó.
Aviles Tulián destacó que cuando se llega a un acuerdo y ese convenio se cumplió parcialmente o no se cumplió se transforma en un título ejecutivo donde el abogado del requirente tiene abierta la vía judicial. De esta manera, se evita un juicio ordinario, que incluye la parte probatoria. “El trámite es mucho más rápido y ágil”, opinó. “Queremos brindar un servicio de calidad, que pueda ayudarnos a mejorar esta sociedad,con alternativas para reducir los grados de violencia porque a veces no nos podemos comunicar. El sistema apunta a la humanización del conflicto. Cuando las partes encuentran la forma de llegar a un convenio, el acuerdo es sustentable y resulta del compromiso de las partes”, concluyó.
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