“El plan de reestatización de YPF está en marcha a partir de la decisión de los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, acompañados por el gobierno nacional, de revertir áreas de explotación por falta de inversiones”. Federico Bernal es bioquímico, periodista especializado en temas energéticos, y escritor; su último libro se titula “Malvinas y petróleo”. Es bisnieto del descubridor de crudo en Argentina (el ingeniero Enrique Hermitte), nacido en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907. En diálogo con El Ciudadano, Bernal reflexionó sobre la iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de promover la discusión sobre la posibilidad de avanzar hacia la soberanía petrolera y gasífera. Criticó la “ineficiencia” de la firma española Repsol, la mayor accionista de YPF, y también el comportamiento del grupo local Petersen, de la familia Eskenazi, poseedor del 25 por ciento de los papeles de la compañía que cotizan en Bolsa.
Dijo que la importación de combustible afecta la balanza comercial del país y que “hay varios caminos” para concretar la recuperación total de YPF, aunque se inclinó por una empresa “ciento por ciento del Estado nacional con participación de todas las provincias”.
Con la última quita de concesiones petroleras a YPF resuelta por el gobierno de Santa Cruz, y de concretarse la caducidad del contrato en el área Manantiales Behr de la provincia de Chubut, la empresa perdería alrededor del 40 por ciento de su producción en el país.
Para Bernal, “las áreas que están revirtiendo las provincias son para los estados provinciales; en caso de que se vuelva a convocar a una licitación y se invite a las operadoras privadas, las provincias van a contar ya con una participación de por lo menos, en el caso de Chubut, del 40 por ciento. Es una reestatización parcial a lo que era la YPF privatizada en un ciento por ciento”.
A veinte años de la privatización, el analista consideró que en la cuestión YPF “había que tomar cartas en el asunto de manera urgente, porque la Argentina está gastando entre 9 y 10 mil millones de dólares por año en la importación de gas natural, combustibles y lubricantes producto de la ineficiencia, el desinterés y la desidia privada de Repsol y del grupo Eskenazi”.
Bernal agregó: “YPF es la principal petrolera de Argentina; tiene el 35 por ciento de la producción de petróleo y el 25 por ciento de la producción gasífera nacional. Estamos en la antesala de medidas adicionales que van camino a la recuperación de la empresa”.
“Lo fundamental acá es el paso que se está dando –remarcó–. Y si fue un error haber abierto a un sector de la burguesía nacional la posibilidad de hacerse cargo de acciones de YPF, como queda demostrado por la pésima administración que hizo el grupo Eskenazi, ya que nada cambió de la política de YPF hacia el país, bienvenido que se trabaje para subsanar ese error, porque cuando se quitan las concesiones a Repsol-YPF también se le están quitando las concesiones al grupo Eskenazi”.
—¿Cuál sería el camino más adecuado para recuperar la producción hidrocarburífera como recurso estratégico para el desarrollo económico, industrial y social del país?
—Los mecanismos no los conozco a ciencia cierta. Si bien hay muchas opciones, hay una que es clave: pensar antes de decidir, porque si la decisión que toma el gobierno es la de comprar las acciones de Repsol y/o de Eskenazi, entonces hay que pensar cuál es el valor real de la compañía. El valor real no tiene que ver con su cotización bursátil, que depende de especuladores y de la timba de las bolsas de Nueva York y Londres, u otros países donde Repsol tiene fuertes inversiones, como Libia. El valor depende del precio real y este tiene que salir del patrimonio neto de la empresa, que equivale a algo más de 4 mil millones de dólares. Igual a este valor hay que descontarle los incumplimientos contractuales, hay que valorizar los bienes de uso y en el estado en el que están.
—¿Cuál es el principal problema mientras el país no avance en un esquema de recuperación de la producción de petróleo y gas?
—Se está afectando el superávit comercial. Son más de 9 mil millones de dólares (anuales) de importaciones en cuanto a energía y eso puede poner en jaque a nuestra economía. Desde diciembre del año pasado a esta parte hay una política nacional y de los estados provinciales de poner fin a la caída de la producción, a la falta de inversiones, al abandono de los yacimientos, en definitiva, el interés en que la Argentina sea soberana energéticamente y se autoabastezca de su propio subsuelo.
—¿Cómo evalúa el proceso de privatización y la política de Repsol de los últimos años? El gobierno acusa a la empresa de baja inversión, caída de la producción y, en consecuencia, obligar al país a importar combustibles.
—La producción de la petrolera YPF cayó de 1998 a 2011 cerca del 43 por ciento; la de gas natural en los últimos cuatro años descendió casi un 20 por ciento y la capacidad de refinación cayó casi un 19 por ciento. La producción de petróleo bajó el año pasado con relación a 2010 de manera considerable y la producción de gas, en el mismo lapso, cayó un 10 por ciento, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación a partir de información de las mismas empresas. Todo esto en un contexto de ganancias, porque en 2011 YPF registró una ganancia neta de cerca de 5.300 millones y facturó 51.300 millones. Es decir, la empresa no tiene excusa para decir que gana poco o de no reinvertir en el país, si no todo lo contrario. (El presidente de Repsol, Antonio) Brufau estuvo en el país y ratificó que los planes de inversión no van a cambiar. Entonces deberá abstenerse a las consecuencias de un Estado que busca proteger el interés de los 40 millones de argentinos.
—¿Qué figura aparece como la más apropiada desde su punto de vista para que el gobierno dé el paso definitivo en la reestatización de YPF?
—A mí gusta una empresa ciento por ciento del Estado nacional con participación de todas las provincias del país. Un esquema mixto entre el Estado argentino y las provincias productoras, aunque todas las provincias, porque de esta manera se entraría en coincidencia con el esquema aplicado en el Fondo de la Soja, una verdadera distribución de la riqueza argentina entre todos los argentinos. Ese sería el esquema más justo: YPF en manos del Estado nacional junto a las 23 provincias. Con ese esquema incluso las provincias productoras de petróleo ganarían mucho más por regalías de lo que ganan ahora. Si el gobierno toma esta decisión será la más importante de los últimos años y tendrá un fuerte efecto político.
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