Tras la primera clausura que implementó el gobierno provincial de uno de los tantos loteos que están en marcha en el Gran Rosario, las repercusiones continuaron. Desde la firma que lleva adelante el emprendimiento sancionado en la costa de la localidad de Arroyo Seco salieron ayer a intentar reducir potenciales perjuicios económicos, al señalar que “el proyecto no corre peligro con la clausura” y “sigue avanzando”. En tanto, desde el Ejecutivo santafesino expresaron que la firma debe elaborar y entregar el estudio de impacto ambiental “lo antes posible” y recordaron que tras la clausura se puede ingresar en terreno de “implicancias penales”.
Como lo publicara este medio en su edición de ayer, el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, clausuró el jueves las obras del megaemprendimiento inmobiliario Tierra de Sueños Boating, en Arroyo Seco. La medida se decidió luego de que la propietaria del loteo desconociera la legislación vigente y desoyera una intimación, comunicada a fines del mes pasado, disponiendo el cese total de los trabajos, dijeron desde el Ejecutivo. El motivo de la nueva sanción es la ausencia de los estudios de impacto ambiental que deben ser presentados (y posteriormente aprobados por el Estado) por todo desarrollador, previo al inicio de cualquier obra. Al mismo tiempo, y a pesar de eso, hace algunos meses el privado viene publicitándola y ya vendió varias de sus hipotéticas futuras viviendas, lotes y guarderías náuticas, se encargaron de resaltar desde la provincia.
El emprendimiento lo realiza la firma Corporación de Tierras SA, que pertenece a Alberto Di Carlo. El predio cuenta con 55 hectáreas en la ribera de Arroyo Seco y la empresa pretende construir allí un megaemprendimiento que posee un total de 1.300 lotes, 10 torres de departamentos –que según el proyecto tendrán entre 20 y 30 pisos– y 3 mil camas náuticas.
Ayer, el gerente general del proyecto inmobiliario, Leandro González, salió a intentar mantener el interés de posibles compradores (y calmar la ansiedad de quienes ya adquirieron algún inmueble) y, también, reducir potenciales perjuicios económicos tras la noticia de la sanción provincial. Sostuvo en declaraciones radiales que el emprendimiento “no corre peligro por la clausura y que sigue avanzando”.
En tanto, y al respecto, el único de los cuestionamientos de todos los que se hicieron desde la provincia que respondió el ejecutivo de la firma ayer es el que está vinculado con la presunta extracción en zona de barrancas de árboles autóctonos, hecho que según el gobierno viola la normativa vigente a nivel local y nacional. “Lo único que estamos haciendo es la limpieza de pastos del terreno. No hay ataque, porque las especies importantes están preservadas”, sostuvo González a LT8.
Sin embargo, las dudas siguen flotando en torno de otras cuestiones planteadas por el gobierno santafesino. Por ejemplo, ayer nada se respondió desde la empresa sobre la autorización aún no obtenida de la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación para construir, como está previsto, una caleta sobre el río Paraná y cómo se compatibilizará un proyecto urbano con el uso productivo hortícola que hoy tienen tierras linderas. Tampoco hasta hoy existen estudios realizados por la firma sobre el futuro impacto que tendrá en el tránsito vial la llegada con el tiempo de (como mínimo) 6 mil nuevos habitantes a ese sector de Arroyo Seco, y qué sucederá cuando comiencen a desprenderse los líquidos cloacales en un sector que, en breve, tendrá la toma de agua de la obra del acueducto que prevé el gobierno santafesino para el sur de la provincia.
Las palabras de González llegaron luego de que el titular de Corporación de Tierras, Alberto Di Carlo, cuestionara un día antes la “injerencia provincial en una habilitación” que, entiende, es de competencia municipal y hasta se quejara de que “no se aplica de la misma manera para otras edificaciones”.
En las últimas horas desde el Ejecutivo santafesino explicaron, en contacto con este medio, que lo que entrega en estos casos cada intendencia es el trámite de “libre uso y disponibilidad” de las tierras, y que es con eso en mano que luego debe presentarse (y aprobarse) el estudio de impacto ambiental ya en oficinas del Estado provincial. En tanto, y con relación a la supuesta discriminación hacia el proyecto Boating, desde la Secretaría de Medio Ambiente recordaron que la gran mayoría de los 28 loteos que esa repartición tiene registrados en Funes y Roldán ya fue intimada al cese de sus actividades.
También desde esa repartición afirmaron que, al estar ya el proyecto bajo una clausura, se ingresaría –de no acatar la empresa esa sanción– en un terreno de “implicancias penales” y ya con “intervención judicial”.
Lo cierto es que Alberto Di Carlo es además de quien lleva adelante el proyecto en Arroyo Seco el titular de Aldic y el desarrollador más grande de la región, ya que también está a cargo de los loteos Tierra de Sueños I, II y III en Roldán.
Este último proyecto, el Tierra de Sueños III, que es el loteo más grande de la región con 4.500 espacios a la venta, no sólo no cuenta con el estudio de impacto ambiental sino que, como lo revelara el periódico local Cruz del Sur hace 10 días, quienes ya son propietarios no pueden escriturar sus tierras porque no se encuentran realizados los trámites en la Dirección de Catastro. Un grupo de estas personas creó hace poco una cuenta en la red social Facebook y la denominó irónicamente “Tierra sin Dueños”. Allí denuncian públicamente este y otros contratiempos que vienen padeciendo. Uno de los damnificados sostuvo en contacto con El Ciudadano que en las próximas horas algunos llevarán sus reclamos a la Justicia.
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