Antonio Bonfatti le trazó al núcleo duro de su gabinete una hoja de ruta. Primero, en lo inmediato, emisión de letras del Tesoro; en segundo lugar la reforma tributaria; en tercer orden la obtención de los préstamos a largo plazo para impulsar proyectos de infraestructura.
La emisión de letras será por unos 800 millones, a un plazo de entre 45 y 60 días. El objetivo es tener liquidez para afrontar los compromisos por lo menos hasta mayo, mes en que los ingresos dan un respiro, sobre todo porque la liquidación del Impuesto a las Ganancias engrosa los giros de coparticipación nacional. La tasa la definirá el mercado, pero las colocaciones que en las últimas semanas hicieron Chaco, Salta y Buenos Aires oscilaron entre 9 y 13 por ciento. Senadores del PJ, que en su mayoría expresaron en reuniones reservadas su disposición a acompañar la toma de financiamiento a muy corto plazo, que sí o sí debe ser cancelado dentro del mismo ejercicio, estudian si fuerzan un artículo que ponga un tope máximo a la tasa a pagar.
El grueso de la reforma tributaria está consensuada con casi todos los senadores de la oposición y, por supuesto, del oficialismo. El paso siguiente es la negociación con la constelación de bloques de diputados justicialistas.
En tercer lugar, la provincia está dispuesta a tomar préstamos a varios años recurriendo a un abanico de posibilidades que viene estudiando en los últimos tiempos: fideicomisos financieros, emisión de bonos de deuda y/o créditos externos, como los que se negocian con el Fondo de Kuwait, el Banco Mundial y el BID, aunque estos siempre son los más complicados en cuanto a tiempos y requisitos jurídicos.
“Ahora hay que esperar 60 días”, sentencia un alto funcionario provincial después del desfile que inició el gobernador Antonio Bonfatti y la semana pasada continuaron el vicegobernador, Jorge Henn, y los ministros de Economía y Salud, Ángel Sciara y Miguel Ángel Cappiello por la Casa Rosada. En ese plazo, se supone se podrá constatar si la recomposición del nivel diálogo alcanzado entre las administraciones santafesina y nacional se traduce en cuestiones concretas en materia de gestión.
De ser así, podría entenderse que queda superada una etapa iniciada hace un año y medio atrás, en la que el gobierno nacional le bajó la persiana a la administración Binner, que coincidió, apuntan en la Casa Gris, con la decisión del entonces gobernador de demandar a la Nación ante la Corte Suprema por los fondos previsionales que dejaron de llegar en 2006.
Las expectativas en Santa Fe son que la Nación desembarque con obras de infraestructura, que retome planes de vivienda, atienda requerimientos de vieja data y avale avances con algunos proyectos a financiarse con préstamos externos de largo plazo y condiciones muy favorables, para una Santa Fe que desde hace años mantiene un ínfimo nivel de deuda.
El nombramiento del intendente de Granadero Baigorria Alejandro Ramos en la Secretaría de Transporte de la Nación suma un ingrediente novedoso a este escenario. Por un lado se trata de un funcionario conocido para provincia e intendentes a la hora de buscar soluciones a los problemas; por el otro alcanza un lugar que así como puede proporcionarle una inesperada proyección en la provincia también puede noquear su carrera política. Recién reelecto con más del 70 por ciento de los votos, no sólo no eligió el imprevisto destino sino que nadie, menos que menos Julio de Vido, le ofreció tiempo para detenerse en esas especulaciones.
Las negociaciones del gobierno provincial y la oposición avanzaron hacia una reforma tributaria. En términos políticos, se repite el esquema que Antonio Bonfatti usó para lograr la aprobación del presupuesto 2012, sacando la negociación del ámbito parlamentario y habilitando una vía de diálogo directo desde el Ejecutivo.
Si algo hay reconocerle al ministro de Economía, Ángel Sciara, es que acertó un pleno cuando a fines de 2007, antes de asumir, advirtió que había una tendencia sostenida de las cuentas públicas, no circunstancial sino estructural, en la que los gastos crecían a un ritmo mayor que los recursos. En ese momento auguró que en pocos años ambas líneas se cruzarían y revertirían la etapa de superávit fiscal que se inició en 2002-2003. Hubo quienes pensaron que sólo se trataba de un argumento para justificar la intención de avanzar en una completa reforma tributaria; para otros se trató de la profecía autocumplida a fuerza de tirar manteca al techo.
Al margen de las polémicas sobre cómo y en qué gastan los gobiernos, no es difícil visualizar que aquél diagnóstico fue acertado y coincide con el deterioro que muestra la salud financiera del sector público, ya sean municipios, comunas, provincias y Estado nacional, que en su caso lo evidencia con iniciativas políticas que meten ruido: tirarle por la cabeza a Mauricio Macri los servicios públicos de transporte; recorte de subsidios, y posible eliminación de beneficios al sector industrial. La de mayor envergadura es la modificación de la carta orgánica del Banco Central (con la eliminación de la noción de reservas de libre disponibilidad que el propio Kirchner plasmó en 2005 cuando inauguró la etapa de desendeudamiento con pago de reservas) para poder seguir pagando deuda soberana con esa fuente de financiamiento, medida que resulta lógica si se tiene en cuenta que el otro camino posible de pago era vía un ajuste de magnitud. Más delicado parece el abrupto cambio en la normativa que permite al BCRA adelantar utilidades al Ejecutivo.
En tren de analizar por qué los senadores justicialistas ahora sí se allanan a negociar una reforma impositiva, que es más acotada pero no demasiado diferente de las dos anteriores que le rechazaron a Hermes Binner, una primera razón concreta es el mencionado deterioro de las cuentas públicas y la consecuente presión de intendentes y presidentes comunales para obtener más recursos.
La otra razón tiene que ver con que el justicialismo es mayoría en el Senado. Y el poder de negociación que de ella se deriva les permite a sus senadores garantizarse una serie de obras públicas que el Ejecutivo deberá consensuar con cada uno de ellos. Alberto Crosetti, senador por Belgrano, lo explicó de esta manera: “Si voy a permitir que le metan la mano en el bolsillo a la gente, para volver a mi departamento tengo que garantizar que parte se recupere en beneficios concretos para la comunidad. Por ejemplo, en mi departamento no hay una terapia intensiva…”, argumentó.
Crosetti adelantó que con la reforma “los municipios y comunas se van a ver muy beneficiados. No hay que olvidar que el impuesto Inmobiliario se coparticipa en un 50 por ciento y que se está pensando en una actualización muy importante de ese gravamen, que está muy atrasado, en particular el inmobiliario rural”.
Distintas fuentes oficiales y de la oposición consultadas para este artículo estimaron que la reforma no debería reunir menos de 1.500 millones. Los recursos extra que sumarán los gobiernos locales ascenderían a 450 millones.
El rechazo de la oferta salarial por parte de Amsafé abre todo un interrogante sobre cómo se va a desarrollar este nuevo conflicto. Con mucho menos consenso social que en otras oportunidades y con el resto de los gremios estatales habiendo acordado, el sindicato docente transitará paros de 48 y 72 horas.
Para el gobierno también es un desafío, ya que si le diera a los docentes más de lo que acordó con el resto de los gremios estaría poniendo en juego su credibilidad para futuras negociaciones.
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