La Corte Suprema de Justicia suspendió ayer por 90 días la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, en la provincia de Corrientes, hasta tanto “se determine el impacto ambiental” que provocará el emprendimiento, que pertenece a un grupo que tiene como accionistas, entre otros, a uno de los directivos de Clarín y el empresario George Soros.
La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un amparo presentado por el gobierno nacional y ordenó la suspensión de la construcción de la represa Ayuí en Corrientes. El máximo tribunal ordenó que, previamente, la provincia gobernada por Ricardo Colombi entregue al Ejecutivo nacional un informe de impacto ambiental sobre las obras previstas para determinar si alteran el ecosistema del río Uruguay.
El proyecto de la represa prevé la inundación de ocho mil hectáreas del cultivo de arroz en la ciudad correntina de Mercedes, a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá, y es un emprendimiento encabezado por el empresario George Soros y el gerente del Grupo Clarín José Aranda, entre otros.
La Cancillería ya había solicitado al gobierno provincial informes sobre el estado de las obras pero nunca obtuvo respuesta.
Cabe destacar, que sólo se le informó que habían comenzado las obras, y que había documentación disponible en el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) y que era voluminoso para hacérselo llegar.
“Las excusas invocadas por el señor gobernador (Colombi) para no remitir a las autoridades nacionales la documentación que le fue requerida, no constituyen razones suficientes para justificar esa negativa”, aclaró la Corte.
“Demostración acabada de ello es que, no obstante su voluminosidad, acompañó a este proceso como prueba documental los antecedentes considerados por el Estado provincial en el proceso de evaluación de la represa proyectada”, agregó el máximo tribunal.
El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.
Los ambientalistas celebraron
Referentes de organizaciones ambientalistas que se manifiestan en defensa del arroyo Ayuí y del Iberá, calificaron ayer de “positiva, prudente y justa” la resolución de la Corte Suprema de la Nación de interrumpir las obras de construcción de la represa sobre el arroyo Ayuí Grande que inundaría 8 mil hectáreas en una zona cercana a los Esteros del Iberá.
El proyecto productivo, combatido por organizaciones ambientalistas, pretende dejar bajo agua 8 mil hectáreas, con bosques nativos, bosques costeros en galería y flora y fauna autóctona en una cercana a los Esteros del Iberá.
El biólogo Aníbal Parera, ex presidente de la Fundación Vida Silvestre y colaborador de la Fundación Iberá se mostró satisfecho por la resolución y consideró “altamente positiva” la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, porque por más que la obra se pretenda construir en Corrientes, su incidencia es por fuera del Territorio”, explicó Parera.
En tanto, reiteró: “El proyecto de la represa sobre el arroyo Ayuí Grande es ilegal e improcedente como venimos denunciando hace 6 años”.
“Este es un llamado de atención fuerte, es tiempo que tanto las empresas como el gobierno de Corrientes reconozcan la imposibilidad de avanzar con este emprendimiento ilegal”, dijo el biólogo a Télam.
Afirmó también que “es la primera vez que un emprendimiento de esta naturaleza intenta destruir un curso de agua por fuera de los campos de su propiedad, un arroyo que es de todos”.
Parera lamentó que la provincia “caprichosamente y sospechosamente, pretenda continuar provocando un daño letal a los recursos naturales”.
Reclamo al gobierno correntino
Por su parte, el coordinador de la campaña “Salvemos al Iberá”, Emilio Spataro, dijo que la resolución “va en sintonía” con lo que se reclamaba desde el ambientalismo. “Esto significa que la Corte necesita cerciorarse del impacto ambiental que provocaría la represa y que la información presentada por el Gobierno de Corrientes no es rigurosa y profunda”, sostuvo.
El ambientalista, añadió que “seguramente el gobierno de Ricardo Colombi va a seguir apoyando a estas empresas” y agregó: “Estas empresas –la de Clarín y la Soros– tienen un largo historial de incumplimientos de fallos. Esperemos que no avancen con las obras, no se debe construir nada por 90 días”, afirmó.
Los referentes de organizaciones ambientalistas sostienen que el dique que impulsa el megaemprendimiento arrocero, inundará 8 mil hectáreas de bosques nativos, flora y fauna autóctona y contaminará el Miriñay afluente del río Uruguay, por lo que además del daño ambiental violará un tratado internacional con el país vecino.
La semana pasada “Salvemos el Iberá” realizó una marcha en la Capital de Corrientes, en la que expresaron su defensa del arroyo Ayuí Grande, la interrupción de las obras (ya habían realizado electrificación) y la destrucción del terraplén en Yahaveré que atraviesa una parte de los esteros del Iberá.
“Estaremos atentos para que se cumpla la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y seguiremos con nuestro accionar de defensa de los recursos naturales correntinos”, concluyó Spataro.
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