Los fiscales federales rosarinos Mario Gambacorta y Gonzalo Stara, los mismos que tramitan la causa Díaz Bessone (ex Feced), pidieron la declaración indagatoria del sacerdote de Casilda Eugenio Zitelli, debido al posible vínculo del ex capellán de la Policía local durante la última dictadura con el aparato represivo que se dio en la ciudad de Rosario y la región, según informaron ayer fuentes judiciales.
Esta medida había sido solicitada por los abogados de organismos defensores de los derechos humanos, como el grupo de Casilda Umano, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas. Los fiscales la tomaron y elevaron el pedido al Juzgado Federal Nº4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, que es quien deberá resolver.
Zitelli fue capellán policial en la última dictadura, y actualmente es el cura que tiene a cargo la parroquia de la localidad de Casilda. Desde 1964 y hasta el regreso de la democracia, en 1983, estuvo asignado en la Jefatura de Policía local, en Dorrego y San Lorenzo, un centro clandestino durante los años de plomo por donde se estima que pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos.
La ex detenida en ese centro clandestino María Inés Luchetti de Betanín declaró en 1984 ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que Zitelli le dijo durante su cautiverio que “usar la picana está bien porque estamos en guerra, y es un método para obtener información política”. En 1998, el cura Zitelli fue nombrado monseñor por el Vaticano.
La abogada Gabriela Durruty, representante de Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, aseguró ayer que “los fiscales firmaron el pedido de indagatoria a Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita, todos calificados”.
La letrada explicó que los fiscales dieron curso a la solicitud en base a “las declaraciones testimoniales realizadas en 1984 cuando se empezó a juzgar a los represores” y también “entrevistas periodísticas en las que el ex capellán habló de presos comunes y especiales y admitió haber tenido innumerables entrevistas con familiares de desaparecidos”.
En un tramo de su resolución, los fiscales Gambacorta y Stara sostienen que “las probanzas de autos resultan suficientes para que se indague a Zitelli, con el objetivo de investigar el rol que podría haber cumplido el nombrado, en el marco del plan de represión ilegal sistemático aplicado en nuestra región, específicamente en la Jefatura de Policía, donde funcionara un centro clandestino”.
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