La que muchos denominan como “la guerra del helado” escribió ayer un nuevo capítulo, con una extensa reunión –se prolongó por casi 3 horas– desarrollada en el salón Manuel Belgrano del Palacio de los Leones, en la que si bien no hubo definición alguna respecto a una posible regulación para el sector de las heladerías, sí se escuchó a un sector que hasta el presente no había expuesto su posición: los que tienen franquicias de la cadena cordobesa Grido, pero que dada la suspensión de la habilitación de nuevos locales aún no han podido abrir sus puertas. Igualmente, y para decir lo suyo, también estuvieron con la comisión especial –que integran funcionarios del Departamento Ejecutivo y concejales– los integrantes de la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal (Cicha), quienes pidieron extender la suspensión que caduca el miércoles 29, si a esa fecha, para la que falta sólo una semana, aún no hay una legislación definitiva.
Si bien fueron bastante herméticos tanto funcionarios como concejales, trascendió que la norma regulatoria fijaría la cifra de heladerías que se permitirían “por marca”: entre 20 y 30 locales.
En ese marco, desde Cicha, su presidente Alberto Osman, precisó a El Ciudadano al salir de la reunión que ellos mantienen la cifra de 15 locales por fábrica y por marca, y mencionó que de no votarse una ordenanza sobre la cuestión en la sesión del Concejo de mañana –algo que ya ayer los ediles descartaban– plantearán que se prorrogue la suspensión para la habilitación de locales del rubro, dado el inminente vencimiento de los 60 días fijados por una ordenanza del Concejo.
En tanto, en un extenso documento la firma Grido denunció que el telón de fondo de la pulseada es su negativa a subir los precios. “Esta guerra fría se originó luego de que nuestra firma, fiel a sus principios, se negara a aceptar el pedido del sector de fijar nuestros precios a los niveles de las heladerías artesanales de la ciudad de Rosario”, sostuvo la cordobesa en un comunicado de fuerte tono.
En ese marco recordaron que están a la espera de que se les autorice la habilitación: “por ahora” –advierten– no piensan en acciones judiciales. “Las terminaríamos pagando entre todos los rosarinos”, reconocen. Aunque no descartan que, si no se modifica la situación, terminen recurriendo a esa vía.
El titular de la entidad que agrupa a los heladeros rosarinos, por su parte, recordó: “Nosotros habíamos pedido que se autorizaran 15 locales por marca y por fábrica”, y acotó que “se hizo un estudio y daba 11 locales”, para que sobrevivan todos.
Y aunque enfatizó que mantienen el número de 15 locales, recordó que hay heladerías locales que tienen 17, 18 o 20, y que podrán seguir con los mismos “por derechos adquiridos”.
En su exposición ante funcionarios y concejales los heladeros locales fueron acompañados por el constitucionalista Iván José María Cullen quien, mencionó Osman, planteó que hay antecedentes de regulación en Rosario, desde fines del año 1800, con el establecimiento del Mercado de Abasto.
“Han venido otras empresas a Rosario, pero nunca de la manera en que vino Grido”, se enojó Osman, y en tal sentido enfatizó que por ello se lanza el reclamo de la Cámara: “No queremos que como en Córdoba sobre 180 heladerías, 150 sean de Grido”, arremetió.
Por su parte en el extenso documento que dio a conocer ayer, Grido defendió su posición. “Nuestra empresa transita hoy por un camino de injusta incertidumbre frente a la resolución que se aprestan a tomar los poderes Ejecutivo y Legislativo de Rosario en torno al pedido efectuado por algunos sectores económicos de esta ciudad, orientado éste a impedir la competencia de Grido en la plaza local”, denunció.
“Apostamos a la libertad de comercio –continúa el texto– y a la eliminación de cualquier solicitud de restricción que sea aplicada «a medida» de las acotadas intenciones comerciales de otros actores del sector que no tienen una vocación concreta de superarse mucho más allá de su cantidad actual de locales en la plaza rosarina, considerando que una medida de este tipo sería inusitada, inaplicable, y difícil de explicar por parte de las autoridades, en una sociedad en la que la libre competencia rige todas nuestras actividades”.
Asimismo precisan que consideran adecuado “fijar un número máximo de aperturas para la plaza, en función de un estudio de marcado serio y desinteresado”, pero recelan por “inaplicable” de toda medida “que fije cuáles son las empresas autorizadas para ocupar las plazas vacantes”.
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