Desde 2015 el grito de “Ni Una Menos” colmó las calles de todo el país con mujeres, lesbianas, travestis y trans manifestando contra la violencia machista. El año pasado las chicas fueron por más. Escracharon y denunciaron cuando fueron víctimas de abusos sexuales y de formas de violencia machista cotidianas y naturalizadas. Bajo los hashtag “#Cuéntalo”, “#NoNosCallamos Más”, “#MiraCómoNosPonemos” difundieron las situaciones que vivieron mientras estudiaban o trabajaban por parte de sus jefes o compañeros. Lo hicieron de manera individual, pero unidas bajo una modalidad colectiva. Algunas fueron a la Justicia y otras sólo lo compartieron en las redes sociales. Cómo canalizar estas denuncias, cómo responder y cómo prevenirlas, cómo contener a las víctimas fueron algunas de las preguntas que durante el año pasado sonaron entre las paredes de las instituciones públicas y a las que la Universidad, el Estado y los partidos políticos debieron responder. La creación de un protocolo consensuado para atender y prevenir los casos apareció como una alternativa.

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue la primera. En junio el Consejo Superior aprobó por unanimidad un protocolo y un plan de acción para atender y visibilizar situaciones de violencia de género en las doce facultades, los tres institutos y todas las dependencias de la casa de estudios. El Área de Género de Coad había presentado la iniciativa en mayo de 2017, pero no había logrado tratamiento. La discusión ganó fuerza después de una serie de escraches de alumnas a docentes de las facultades de Ciencias Médicas y Arquitectura. A través del hashtag #Cuéntalo, que fue viral en mayo de 2018 en Argentina, contaron situaciones de acoso y abuso de poder con carteles en los pasillos de las facultades y a través de las redes sociales. Los escraches sirvieron para acelerar el tratamiento de un protocolo unificado que articuló los implementados en las facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Humanidades, Psicología, Ingeniería, Derecho, Ciencias Médicas y Arquitectura.

 

La iniciativa genera un espacio de atención y acompañamiento centralizado que trabajará en coordinación con las facultades. Atenderá denuncias de cualquier dependencia de la universidad, como los institutos, el gimnasio o la sede de gobierno. Apunta a la prevención y al trabajo de sensibilización sobre las distintas formas de violencia de género. El texto puso a la UNR a la par de más de 30 casas de estudio del país que desde 2015 pusieron en práctica iniciativas similares. “A cien años de la Reforma Universitaria es un paso fundamental para democratizar y construir una universidad más igualitaria. No se trata sólo de tener una herramienta para contener a quienes denuncian sino que sirve para trabajar en la prevención y en la celeridad de las causas para que estas violencias no se sigan produciendo”, explicó Noelia Figueroa, docente y una de las autoras del protocolo.

 

Qué pasa en el Estado

En abril de 2018 una mujer denunció a un psicólogo que trabajaba en la Dirección de Atención de Violencia de Género de la Municipalidad de Rosario por abuso sexual cuando ella fue a pedirle ayuda en su consultorio privado. El acusado fue separado del cargo y la denuncia manifestó la necesidad de pensar en un plan de acción dentro del gobierno local. En septiembre del año pasado la Municipalidad de Rosario presentó el Protocolo de Actuación en Violencia de Género en el trabajo. Fue en el teatro La Comedia, con la filósofa Diana Maffía, quien charló con la intendenta Mónica Fein y la periodista Sonia Tessa. Según señalaron, el texto aporta a la construcción de ámbitos de trabajo seguros y de respeto entre todas y todos, promueve espacios equitativos, libres de violencia y discriminación. También busca fortalecer las medidas preventivas, de difusión y capacitación en todos los ámbitos de trabajo del municipio.

 

En la esfera provincial el debate saltó a la luz ante la renuncia del funcionario socialista Pedro Cantini, secretario de Industrias Culturales después de una serie de denuncias por violencia de género y laboral. “Es importante que ningún cargo público sea ocupado por violentos en cualquiera de los tres poderes del Estado”, dijo la subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa. El anuncio del protocolo de actuación para la prevención y atención llegó en enero de este año, cuando el gobernador Miguel Lifschitz decretó su conformación frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. También envió a la Legislatura provincial un proyecto para que Santa Fe adhiera a la Ley Micaela, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.

 

Qué pasa en los partidos

La discusión también sacudió a los partidos políticos locales. En diciembre del año pasado una militante denunció al concejal y pastor evangélico Eduardo Trasante por acoso. Ciudad Futura aplicó el protocolo de género y Trasante renunció a su banca. En los últimos dos años Patria Grande, Movimiento Evita y el PRO tuvieron que echar militantes en Rosario por denuncias internas. El socialismo, el partido Iniciativa Popular y el PRO no tienen protocolos de actuación, pero admitieron que están trabajando en su armado. El peronismo, el radicalismo y Patria Grande ya los aplican. La mayoría de las guías insisten en responder rápido y trabajar con los involucrados para buscar soluciones preservando la intimidad. En casi todos los partidos los aplican aún si no hay una presentación judicial. Puede ser entre dos integrantes del partido o con una persona ajena a la militancia. Las respuestas de los protocolos van desde organizar charlas, talleres, a suspender a la persona denunciada o expulsarla.