País

60 días sin saber dónde está Santiago Maldonado

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    Por la aparición con vida. Santiago y su hermano Sergio, que se puso al hombro la lucha por saber qué pasó.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado desnuda la peor cara del gobierno nacional, la Justicia y los grandes medios. Encubrimiento, complicidad y operaciones al orden del día.

La diputada del SI Alicia Gutiérrez convoca a marchar este 1º de octubre.

A dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado seguimos preguntando dónde está, quién se lo llevó, qué pasó el 1º de agosto pasado cuando Gendarmería reprimió una protesta de la comunidad mapuche con inusitada violencia e ingresó sin orden judicial al Lof de Cushamen donde los testigos denuncian que fue detenido el joven por miembros de esta fuerza de seguridad. A pesar de los intentos por desviar la atención pública de este hecho de gravedad indiscutida para el sistema democrático, o de promover hipótesis descabelladas sobre su paradero, hoy todos los indicios confirman lo que la familia, los mapuches y las organizaciones de derechos humanos sostuvieron desde un principio: a Santiago lo desapareció Gendarmería. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que salió a bancar a la institución apenas se conoció el caso, contradiciendo pruebas y testimonios, y minimizó la participación de su propia cartera en el operativo –aunque ya no puede negar que su jefe de Gabinete Pablo Noceti estaba en el lugar–, es la principal responsable.

En todo este tiempo trascurrido, la única preocupación del gobierno nacional parece ser el impacto negativo que puede tener la noticia en el contexto eleccionario, que a todas luces será cero. El presidente Macri, que ha elegido el silencio incómodo, sigue respaldando a Bullrich en su puesto. Mientras tanto, los principales funcionarios nacionales han tratado de instalar, con la ayuda de los grandes medios afines, las más delirantes teorías conspirativas y xenófobas en relación a la lucha que llevan adelante las comunidades indígenas por su territorio. No sólo se busca eludir la responsabilidad del Estado frente a un caso que ha tomado trascendencia nacional e internacional, sino también criminalizar la protesta social, estigmatizar a los mapuches y justificar la persecución y el abuso de las fuerzas de seguridad al presentarlos como el nuevo “enemigo interno”.

Estas operaciones de prensa, sumadas a la violenta represión y consecuente desaparición forzada de Santiago, se explican en un contexto en el que se han agudizado los conflictos por la tierra en el sur del país: las grandes corporaciones empresariales, como la encabezada por el afamado Luciano Benetton, que concentran cientos de miles de hectáreas de campo en la Patagonia argentina, han redoblado su ofensiva contra las comunidades indígenas que resisten y reclaman la potestad de sus tierras ancestrales. La histórica persecución contra los mapuches no cesa; permanentemente son hostigados y expulsados de sus territorios, sus referentes detenidos, golpeados y encarcelados, y todo con el apoyo de las autoridades y el consentimiento de la Justicia. Se habla de su vinculación con grupos terroristas, de cómo se proveen de armamento y de sus planes separatistas, pero no existe una sola prueba que lo acredite.

Además, en estos dos meses, el juez Otranto hizo muy poco para encontrar a Santiago y mucho para garantizar la impunidad de los que lo desaparecieron. Muy atento a la información aportada por el gobierno nacional, se tomó más de 40 días para llamar a declarar a los gendarmes involucrados, no recogió pruebas importantes y adelantó a la prensa cuál era su hipótesis de lo sucedido: se ahogó en el río. Por la falta de avances en la investigación y las irregularidades denunciadas por la familia, fue recusado y apartado del caso. A pesar de todo el tiempo que se perdió, la designación del nuevo magistrado reabre la esperanza de que podamos saber la verdad.

Cuando hablamos de desaparición forzada no decimos que esto es una dictadura ni forma parte de un plan sistemático; de lo que se trata es de un delito cometido por agentes del Estado que, posteriormente, se niegan a reconocer la privación de libertad de una persona y a informar sobre su paradero. Sin embargo, la batalla es la misma, no podemos retroceder en la lucha contra la violencia institucional y la violación a los derechos humanos y, menos, aceptar que las autoridades y la Justicia sean partícipes del encubrimiento. Este 1º de octubre, vamos marchar para que esto no vuelva a suceder y a exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado: “Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos”.

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